El Capitalismo que viene «PARTE III»

Capítulo 7 : La empresa

No encuentro mejor introducción al tema que nos ocupará en este capítulo y a las principales cuestiones que en él se van a tratar que las siguientes palabras de Simon1 bajo la rúbrica de la ubicuidad de las organizaciones; dice:

«Un mítico visitante de Marte que no haya sido puesto al día sobre la centralidad de mercados y contratos, puede encontrar la nueva economía institucional realmente sorprendente. Supongamos que el visitante […] se acerca a la Tierra desde el espacio equipado con un telescopio potente que transparenta las estructuras sociales. Las empresas se manifiestan, digamos, como sólidas áreas verdes con evanescentes contornos interiores representando divisiones y departamentos. Las transacciones de mercado se muestran como líneas rojas que conectan empresas y forman una red en el espacio entre ellas. Dentro de las empresas (e incluso quizá entre ellas) el visitante que se acerca también ve pálidas líneas azules, las líneas de autoridad que conectan a jefes con diversos niveles de trabajadores. A medida que el visitante observa con mayor detenimiento la escena de abajo, puede llegar a ver una de las masas verdes escindirse en el momento en que una empresa se desembaraza de una de sus divisiones, o puede ver que un objeto verde se zampa otro […].

«Con independencia de que nuestro visitante se aproximara a Estados Unidos o a la Unión Soviética, a la China urbana o a la Comunidad Europea, la mayor parte del espacio a sus pies se encontrará dentro de las áreas verdes, puesto que casi todos los habitantes serán empleados y por lo tanto incluidos dentro de las fronteras de la empresa. Las organizaciones serían las características dominantes del paisaje. Un mensaje de vuelta que intentara describir la escena hablaría de “grandes áreas verdes interconectadas por líneas rojas”. No sería probable que hablara de una “red de líneas rojas conectando lugares verdes”.» (La traducción es mía.)

Ante esta visión, Simon se pregunta si la estructura observada no debería dejar de llamarse una Economía de Mercado y pasar a ser conocida como una economía organizacional. Y añade algo que creo importante y que puede orientar nuestra investigación: «La elección del nombre puede importar y mucho. El nombre puede afectar al orden en que se describen sus [de la estructura] instituciones y el orden de la descripción puede afectar a la teoría. En particular puede afectar de manera nueva a nuestra elección de las variables que creemos suficientemente importantes como para ser incluidas en la teoría inicial de los fenómenos». (La traducción es mía.)

De acuerdo con la impresión del visitante del espacio exterior, parece claro que el orden de la exposición debería ser el indicado en la Introducción a esta tercera parte de El capitalismo que viene; y así será, pues empezamos por considerar las grandes manchas verdes, es decir la empresa. Y de esta manera se prefiguran también las principales preguntas. Simplificando ligeramente2 a Simon, me atrevería a decir que dos son las preguntas pertinentes. La primera es entender cómo, en qué medida y bajo qué condiciones o principios se organiza la producción de un sistema económico bien en una empresa, bien a través del intercambio en el mercado. Es el problema del contorno de la empresa, o de su ámbito, y debe contestar la pregunta de por qué algunas actividades productivas se realizan dentro de la organización y por qué otras, en cambio, son realizadas por otra empresa y contratadas en el mercado. La segunda pregunta pertinente es cómo se consigue alinear los incentivos de los distintos componentes de la organización interna de lo que llamamos empresa para la consecución, o al menos persecución, de un objetivo común, así como dilucidar cuál puede ser este objetivo. Sin embargo, me gustaría elevar un poco el tiro para enmarcar estas dos preguntas pertinentes en lo que llamaríamos la empresa como unidad productiva y para añadir otra cuestión más relacionada con el capitalismo propiamente dicho: la empresa como activo en el que materializar el ahorro, asunto éste al que dedicaremos algunas páginas en el segundo apartado y en el que estudiaremos temas actuales como la Responsabilidad Social Corporativa o el buen gobierno de la empresa, asuntos que pueden influir en ese comportamiento bursátil de una empresa que no depende únicamente de su capacidad de producir bien.

El hecho de que hayamos ido acumulando herramientas analíticas en las dos partes anteriores hará la tarea de entender lo que Simon llamaría economía organizacional mucho más asequible y su exposición más precisa. Disponemos ya de visiones alternativas de la producción, somos conscientes de que la población de empresas no es estática y de que su distribución por tamaños puede variar, sabemos de la Revolución de los Incentivos y de la Información -lo que puede incidir en las respuestas que ofrezcamos a las preguntas pertinentes mencionadas-, así como de los costes de transacción asociados a la (falta de) confianza mutua, y no nos es ajena la problemática de la emergencia de pautas de conducta y de la dependencia de éstas del ámbito de que se trate. De esta forma estamos ya pertrechados para atacar nuestro objetivo principal, que es llegar a aventurar una opinión informada sobre el futuro de la empresa en el capitalismo que se va a desarrollar a partir de la globalización, del conocimiento como input que deviene fundamental y de la presencia masiva de las nuevas tecnologías. Iremos viendo como la unidad productiva cambia de aspecto y de organización interna al rebufo de un cambio significativo en la autoridad, la lealtad, la identidad y otros conceptos similares y cómo el capitalismo popular irá acomodándose poco a poco, en base a nuevas pautas conductuales, y encajando sin aspavientos lo que hoy no son sino reacciones precipitadas a acontecimientos recientes -y no otra cosa es hoy la Responsabilidad Social Corporativa y el intento de sugerir, e incluso legislar, códigos de buen gobierno- que acabarán propiciando modificaciones más profundas y menos extemporáneas.

Aunque la finalidad de este capítulo no es revisar las teorías de la empresa disponibles, sino otear sus posibles formas y pautas de conducta futuras, es muy conveniente tener una idea genérica de las distintas teorías existentes, pues de casi todas ellas vamos a hacer uso en nuestra labor prospectiva. Al precio de no ser preciso, pienso que podríamos dividir estas teorías en dos grandes clases: las teorías neoclásicas y las neoinstitucionalistas. Las primeras no quieren mirar en profundidad las vísceras de esta organización; prefieren pensarla como una caja negra en la que entran inputs y salen outputs de una manera tecnológicamente precisada. Si hay progreso tecnológico es porque nos han cambiado la caja negra, pero no se sabe ni cómo ni quién ha hecho el cambio y la descripción tecnológica se resume en unos pocos conceptos reflejados en la forma de los costes: rendimientos decrecientes, constantes o crecientes. Como esta noción de empresa pretende únicamente formar parte de la formalización de una Economía de Mercado, su descripción como organización es prácticamente inexistente. No sólo no sabemos quién la crea y por qué, sino que tampoco tenemos ideas claras sobre las características de su población, la determinación de su número y tamaño o las razones para su rotación.

Para comenzar a contestar a algunas de estas preguntas tenemos que cambiar el punto de mira y preocuparnos de la empresa como tal organización, cosa que se puede hacer desde una tradición que podríamos seguir llamando neoclásica, aunque renovada, o dando el salto a la tradición neoinstitucionalista. La respuesta neoclásica renovada a la pregunta de qué es la empresa en sí se centra en la teoría de contratos, pues la empresa no sería sino un haz de contratos que regulan las obligaciones de cada uno de sus componentes y especifican la estructura de la propiedad, es decir a quién corresponde la autoridad cuando surgen contingencias no previstas en los contratos, necesariamente incompletos3. Esta noción contractual de la empresa tampoco da respuesta a todas las preguntas que surgen cuando uno se pregunta por la empresa como organización.

Para acercarse a las respuestas que se buscan hay que pasar a la tradición neoinstitucionalista, que trata de entender las características de información y de incentivos que hacen que surjan estas organizaciones especiales, que se comporten internamente de una manera que puede ir variando en el tiempo y que eventualmente se liquiden4. La presentación realizada de la fraternidad en el último capítulo de la parte anterior da una idea cabal de la forma que reviste esta manera neoinstitucional de mirar a la empresa. Esta forma sería el corazón de lo que Simon llamaría economía organizacional y apelaría a la noción coasiana de costes de transacción y, perdóneseme la imprecisión, abarcaría muchas de las nociones austriacas que, como la schumpeteriana del empresario, ponen énfasis en la información y los incentivos.

En lo que sigue no hay ningún intento de afinar estas nociones o de compararlas. Pretendo usar lo que me vaya bien de cada una de ellas para alcanzar mi objetivo prospectivo.

LA EMPRESA COMO UNIDAD PRODUCTIVA

En el famoso círculo económico de cualquier texto introductorio, las empresas usan mano de obra ofrecida por las economías familiares, compran otros inputs fabricados por otras empresas en el mercado y producen outputs que venden a su vez en los mercados correspondientes. Las empresas son, pues, las unidades productivas: nada se produciría fuera de ellas. Ya vimos en su momento que las TIC permiten unificar hasta cierto punto y en un cierto sentido la actividad productiva y la consumidora, pero ahora no es ésta la preocupación, sino más bien observar algunas tendencias en la actividad productiva de las empresas. En el primer apartado trataré de imaginar cómo van a ser el ámbito de la empresa productiva, su delimitación, su tamaño, etc., y en el segundo que la alineación de incentivos dentro de esa unidad se hace muy difícil. Ambas cosas juntas sugieren que una enorme efervescencia en el sector empresarial va a caracterizar al capitalismo del futuro inmediato.

El contorno de la empresa

¿De qué depende el tamaño relativo de la Economía organizacional y de la Economía de Mercado? Dicho en términos de la metáfora de Simon que reproducíamos en la introducción de este capítulo, nos preguntaríamos por el tamaño relativo de las zonas verdes y de las zonas rojas. Simon afirmaba que, en términos de empleo, eran mucho mayores las zonas verdes, y de ahí su demanda de que nos refiriéramos a la Economía organizacional. Pero este tamaño relativo podría ser diferente si nos fijáramos no en el empleo, sino, por ejemplo, en el valor añadido; y, por otro lado, el tamaño relativo puede no ser constante. Ambos interrogantes pueden ser contestados simultáneamente de acuerdo con las ideas contenidas en el famoso artículo de Coase sobre la empresa5. Simplificando un poco su exposición, diríamos que el tamaño relativo entre empresa y mercado, así como su evolución, dependen de manera simple de los costes de transacción, entendiendo por tales los recursos reales que hay que dedicar para poner en pie todas las instituciones necesarias para paliar la falta de confianza y permitir el intercambio en el mercado. La conclusión de este apartado va a ser que los tres fenómenos novedosos del capitalismo que viene van a interaccionar de tal manera, que el contorno de lo que es una empresa se va a difuminar, el tamaño relativo del mercado va a aumentar y la distribución del tamaño de las empresas va a polarizarse en un puñado de grandes corporaciones multinacionales relativamente estables y una miríada de pequeñas empresas de vida corta.

Aunque puede parecer extraordinario, lo cierto es que la idea de producción no es homogénea en el pensamiento económico. Un poco de genealogía nos ayudará a fijar lo que queremos decir cuando hablamos de la empresa como unidad productiva. La concepción clásica de la actividad productiva (sin restringirla a la unidad llamada empresa) podría describirse hoy como un modelo multisectorial, tal como ya hicimos en el capítulo 2. Se trata de una matriz input/output que especifica lo que cada actividad productiva necesita de las demás mercancías y de trabajo para producir una unidad de lo que ella produce. Se trata de un modelo de coeficientes fijos (que por lo tanto impone rendimientos constantes a escala) que puede ser complementado con la inclusión de producción conjunta -cuando cada actividad produce más de un bien- y de tecnologías alternativas -cuando cada bien puede ser producido por varias actividades distintas. Lo interesante no es que este modelo sostenga una teoría del valor-trabajo, lo que es cierto, sino que tecnológicamente hay poca sustituibilidad y que los rendimientos a escala son constantes. Si fijamos los precios relativos de los bienes distintos del trabajo, podemos reducir el modelo a uno de una sola mercancía (que puede ser entendida como output y también como el input capital que junto con el input trabajo la producen) que funciona de acuerdo con una tecnología que admite progreso tecnológico y cuyos rendimientos a escala pueden ser crecientes, constantes o decrecientes. Si ahora queremos introducir la producción en un modelo de equilibrio general, el modelo anterior se desagrega, se permite sustituibilidad entre los factores de producción así como producción conjunta y los rendimientos a escala han de ser decrecientes (o constantes) para permitir las pruebas estándar de existencia.

Me centraré en esta última forma de entender la empresa como unidad productiva y trataré ahora de sugerir cómo se difumina el contorno de la empresa. Esta idea estaba ya implícita en lo que en el capítulo 2 llamaba concepción postmoderna de la producción. Recordando brevemente lo que allí decía, teníamos primero la manera tradicional de imaginar la producción como una cuenca fluvial que tiene forma de árbol tumbado.

Los inputs entran en una especie de caja cerrada por un extremo de la cadena de montaje y el output sale por el otro extremo después de haber sido ensamblado por unos operarios que ocupan un sitio fijo y siempre realizan la misma tarea. Así sería la producción de bienes como aviones, tubos o automóviles, y en ella hay una distinción nítida entre el productor (dueño de la caja) y el consumidor/trabajador. Pero si ahora pensamos en la actividad productiva de una universidad o un periódico, la imagen es muy distinta. Los trabajadores no ocupan un puesto de trabajo fijo, sino que se reúnen de distintas maneras en grupos de trabajo más o menos permanentes para realizar tareas específicas. La caja no está herméticamente cerrada, sino que caben colaboraciones externas muy variadas por medio de contratos a veces informales entre esta empresa y quizá los propios consumidores. En una universidad los propios estudiantes enseñan sin saberlo a sus compañeros, y en un periódico los lectores son cada vez más a menudo redactores externos.

Vemos cómo el contorno de la empresa se difumina en la producción de bienes como periódicos o licenciados universitarios por parte de empresas editoras o de universidades. Como la producción en el mundo propio de la sociedad del conocimiento, en términos de valor añadido, se va pareciendo más a un periódico que a una cadena de montaje, podemos concluir que el contorno de la empresa se difumina.

La comparación de la descripción de uno y otro de los tipos de empresas también sugiere que el mercado crece a expensas de la organización. En un periódico o en una universidad muchas actividades pueden ser externalizadas, como de hecho ocurre, y por tanto lo que antes se hacía dentro de la caja cerrada, se hace ahora a través del mercado. Esto que observamos en la realidad ocurre porque los costes de transacción necesarios para eliminar la confianza mutua han disminuido, y esta disminución se debe a que las tecnologías de la información y la comunicación consiguen tejer muchas redes solapadas, cada una de ellas basadas en una comunidad identitaria que sostiene la confianza mutua, y producen multipertenencia, que generaliza la confianza mutua.

Sin embargo, frente a este efecto derivado de la reducción en los costes de transacción, nos encontramos con el posible efecto contrario -hacia el aumento del tamaño de la empresa– que se deriva de los rendimientos crecientes que, al mostrar unos costes medios decrecientes, generan una tendencia a la monopolización del mercado o, equivalentemente, a conformar una empresa mayor. La globalizacion permite sin duda un despliegue mayor de los rendimientos crecientes, pero quizá lo interesante es entender, de acuerdo con muchas ideas ya avanzadas en los dos primeras partes de este trabajo, que los rendimientos crecientes se hacen brutales en cuanto hablamos de Economía Digital como una versión específica de la Nueva Economía. El efecto-red propio de la Nueva Economía, y que ya por sí mismo genera rendimientos crecientes por parte de la demanda (pues cuantos más usuarios haya de cierto bien –teléfono- más me interesa usarlo a mí), no es nada en comparación con los rendimientos crecientes que pueden generarse en la producción de bienes digitales6. Producir software o música exige un fuerte desembolso inicial, pero una vez elaborado un prototipo, las copias exactas son esencialmente gratis.

Vemos pues que por un lado hay una tendencia a expandir el mercado a expensas de las empresas, pero que por otro lado hay una tendencia contrapuesta que lleva al crecimiento de la empresa. No es difícil ni aventurado imaginar un futuro en el que la segunda tendencia lleve al desarrollo de empresas gigantes multinacionales productoras de bienes digitales o digitalizables y que experimentarán una rotación pequeña, mientras que la primera tendencia originará una multitud de pequeñas empresas satélites alrededor de cada una de las grandes. Esta población de pequeñas empresas experimentará una rotación muy grande y, cosa que será explicada en el siguiente capítulo, será esencial para el mantenimiento de un comportamiento competitivo por parte de las grandes.

Alineación de incentivos

A efectos de entender el tamaño relativo del sector empresarial y del mercado, acabo de identificar los costes de transacción como los costes de adquirir la confianza mutua para hacer transacciones. Pero como el coste de transacción es un coste relativo, cabe también fijarse en el coste interno de mantener entera y unida esa organización que llamamos empresa. Aunque hayamos visto lo que ocurre con el contorno y el tamaño de las empresas, todavía tenemos que entender qué es lo que mantiene a la empresa unida y cómo funciona esa unidad de personas que, en principio, responden a intereses distintos. Terminaré este apartado refiriéndome a esa separación entre propiedad y control propia del capitalismo popular y a las consecuencias de la misma, entre ellas la relativa al problema del buen gobierno. Pero antes trataré de asuntos menos formales como son la cultura de empresa y la estrategia y el control, tratando de transmitir que, en el capitalismo que viene, la cultura de empresa es un valor transitorio y que la estrategia y el control tradicionales se hacen imposibles.

Hagamos abstracción pues, y para empezar, del problema de la separación entre propiedad y control y preguntémonos cómo un conjunto de individuos conforman una tecnología productiva y consiguen ponerse de acuerdo para proceder de una manera eficiente sin dejarse llevar por sus intereses desparejos. Aun suponiendo la poca afición al trabajo de todos ellos, unos querrán ganar un buen salario y poco beneficio, y otros lo contrario. El problema es cómo resolver la multitud de conflictos como éste que se plantean en toda organización. Simon, en el artículo que he citado profusamente en la introducción, menciona, en tono neoinstitucional, cuatro mecanismos que sirven a este respecto: la autoridad, las compensaciones, la identificación y la coordinación. Respecto a la autoridad, basta con recordar el argumento que ya empleamos al insinuar la eventual conveniencia de la privatización de la ciencia en el capítulo 2, para entender que es una característica institucional eficiente. En efecto, como el haz de contratos en el que consiste la empresa es siempre incompleto, es bueno decidir quién manda en situaciones no contempladas. Si se otorga la autoridad al inversor, tendremos una mayor inversión, y una ventaja análoga se deriva de otorgar el mando al que más invierte cuando todos lo hacen. En cuanto a la compensación económica como mecanismo institucional, parece obvio que un mecanismo así no puede estar ausente de una organización, pero debería también ser evidente que no puede bastar y que incluso puede ser una fuente adicional de problemas, porque no es fácil atribuir a cada miembro del equipo productivo el producto de su esfuerzo individual. El buen funcionamiento de la empresa exige, pues, lo que podríamos llamar una cultura, un algo que en términos de Simon facilitaría la identificación y la coordinación. En este punto podemos hacer uso de las herramientas elaboradas y ser rápidos en nuestra explicación y nuestra diagnosis. Por cultura podemos entender el conjunto de pautas conductuales que configuran un equilibrio evolutivo de acuerdo con la explicación ofrecida en el capítulo anterior. Como se recordará, estas pautas de equilibrio surgían precisamente de la respuesta a pautas ajenas en un juego dinámico de coordinación: la coordinación está en la cultura de una empresa y podríamos considerar a ésta como el «lenguaje» propio de esa organización. Estas pautas de conducta identifican a esa organización específica como diferente de otras, de manera que sus miembros pueden sentirse identificados con la cultura que representan. Estas nociones son propias de una racionalidad, diferente a la instrumental, que en el primer capítulo de este trabajo identificábamos como racionalidad exprevisa o como racionalidad comunicativa. En la medida en que identifiquemos la racionalidad sólo con la expresiva y la identidad como cultura propia, podemos afirmar que cierta irracionalidad es necesaria para mantener unida una empresa y que la identidad de la que esa empresa hace gala es, tal como también vimos en su momento, algo muy variable que cambia tanto más rápidamente cuanto más contribuyen las TIC a reducir los costes de traicionar las pautas de conducta de una organización. A la luz de todo esto no es difícil concluir que, tal como ya se ha visto antes, no nos queda más remedio que vislumbrar un futuro donde las pequeñas empresas se hacen y se deshacen sin parar y muy rápidamente simplemente porque las pautas que sirven para alinear los diversos incentivos de diversos agentes son muy volátiles7.

Tomemos ahora una empresa así galvanizada y preguntémonos de momento cómo influirán las nuevas tecnologías en su estrategia y en su gestión. Como ya he escrito en otro lugar8, las estrategias típicas en sectores con rendimientos crecientes, como son tomar la posición o establecer un estándar (es decir competir por el mercado, no en el mercado), no son posibles en un mundo en el que se da el efecto-red y/o se trata de bienes digitales. En estos sectores toda posición es impugnable y todo estándar reversible, precisamente por la posibilidad de establecer redes enormes y la facilidad para reproducir bienes digitales. El ejemplo de la pugna entre Microsoft y Linux es paradigmático a este respecto. Por otro lado, parece también claro que en un mundo digital y reticular la fidelidad de la clientela es una vana esperanza por muchos esfuerzos de gestión que se hagan al respecto. Aunque estos son problemas serios, topamos necesariamente con uno más profundo y más claramente relacionado con la alineación de incentivos. En efecto, en un mundo como el que se nos avecina es perfectamente posible que el objetivo de una empresa no sea necesariamente la maximización del beneficio o del valor de la empresa. Pensemos en dos casos en los que parecería que o bien no se maximiza el beneficio o bien no está claro que ese sea el buen criterio.

En sectores que evolucionan con rapidez, la maximización del beneficio parecería implicar el secretismo de las innovaciones a fin de conquistar completamente el monopolio temporal que configuran. Sin embargo, se observa, por ejemplo en el movimiento del software libre, una cooperación aparentemente incompatible con esa maximización. En otro lugar9, así como en un capítulo anterior, he tratado de explicar que esto es típico del pionerismo propio de la «frontera»: mientras haya espacio para la colonización, colaboramos maximizando conjuntamente las oportunidades futuras. Cuando la colonización se haya acabado, dejaremos de cooperar para pasar a competir en la explotación de lo que hay10.

Planteemos ahora con detalle un segundo caso, especialmente relevante para el capitalismo popular, en el que no está claro cuál ha de ser el objetivo de la empresa. Para ello hay que pensar en que, a pesar de la proliferación de mercados que se avecina, no poseemos una estructura completa de mercados, tal como decía en el capítulo 5. Trataré de hacer ver que, en estas condiciones, la función objetivo de la empresa no es obvia ni su optimación inmediata. Este caso requiere una explicación premiosa que procuraré hacer transparente a pesar de que no es fácil hacer esto sin introducir tecnicismos. Si volvemos momentáneamente nuestra atención al cuadro impresionista que dibujaba Simon en las citas de la introducción, nos percataremos de que, mal que bien, hemos avanzado nuestro conocimiento sobre el futuro previsible de las manchas verdes y de los suaves contornos azules que discurren en su interior. En el análisis en el que ahora entro deberé, sin embargo, prestar atención a un aspecto de la asignación de recursos que no está recogido en el modelo impresionista de Simon. Los agentes individuales de la primera parte de este trabajo, esa mezcla novedosa de consumidores, productores e intermediarios, no consumen todo su ingreso en los mercados de productos sugeridos por las líneas rojas, sino que ahorran parte, una parte que ha de materializarse sea en bienes de consumo duradero (que transitan también por las líneas rojas), sea en activos financieros, los más elementales de los cuales representan participaciones en la propiedad de las empresas o en préstamos a las mismas, que se contratan e intercambian en mercados especializados a los que tiene acceso todo el mundo: una empresa puede ser dueña de otra y un agente individual puede participar en la propiedad de ambas. La generalización del uso de los mercados financieros, especialmente propiciada por la aparición de otros activos derivados que permiten mitigar los riesgos asumidos y por la emergencia de intermediarios especializados, ha puesto en marcha lo que se denomina el capitalismo popular que, en pocas palabras, quiere decir que la propiedad de los medios de producción que define el capitalismo se ha generalizado. Este capitalismo popular acarrea unas implicaciones de interés para otear el horizonte11. La más inmediata es, sin duda, la necesidad de replantearnos los efectos de la separación entre propiedad y control, puesto que al estar atomizado el capital no hay propietario relevante y el poder de hecho pasa a los ejecutivos. De esto se deriva el problema de determinar cuál ha de ser el verdadero objetivo de la empresa, viéndonos obligados a distinguir entre el valor en Bolsa y el beneficio. Estamos tan acostumbrados a tomar como dado que el objetivo de la empresa sea la maximización del beneficio, que parece chocante preguntarnos por ello y hacerlo no por razones de Responsabilidad Social Corporativa o por alguna otra razón sociopolítica, sino simplemente porque no es obvio que cuando la empresa es una corporación que cotiza en Bolsa el criterio adecuado sea el beneficio, ni que maximizar éste sea equivalente a maximizar el valor de la empresa, ni que haya algún criterio que concite la unanimidad de los accionistas.

Para entender correctamente estas sutilezas me veo obligado a ir más allá de lo ya comentado en el capítulo 5. Tendré que describir una Economía que se diferencia de la Economía sin producción estándar en el equilibrio general en que la estructura de mercados es incompleta en un sentido específico que ya comentaré y que permite entender el papel que juegan los activos financieros. A continuación introduciré la producción, a fin de poder interpretar los activos financieros como acciones o bonos emitidos por las empresas. Y finalmente exploraré, en ese contexto, el problema de la función objetivo de la empresa, institución que aquí está tomada en su acepción estrictamente neoclásica, que hace abstracción de cualquier problema de organización interna o de las dificultad de alineación de incentivos que ya hemos examinado, pero que incluye el hecho crucial de la existencia de discrepancias entre los accionistas. Es precisamente la emergencia de esas posibles discrepancias lo que va a abrir el portillo al problema del buen gobierno.

Siguiendo un trabajo anterior12, expondré para empezar una Economía de juguete que servirá como ejemplo conductor, y que ya he dibujado en el capítulo 5. Supongamos, pues, una Economía en la que hay un solo bien de consumo (que llamaremos trigo), dos consumidores indexados por i, i = 1,2, dos fechas indexadas por t, t = 0,1 (hoy y mañana) y dos estados de la naturaleza (sol y lluvia) que puedan prevalecer mañana indexados por s = 1,2. Podemos renombrar los bienes como 1) trigo hoy, 2) trigo mañana si hace sol y 3) trigo mañana si llueve. Como el trigo es «perfectamente» divisible podemos decir que el espacio de consumo está dado por todo el ortante positivo del espacio euclidiano de tres dimensiones, R3+.13 En este espacio podemos definir el vector de dotaciones iniciales y el vector de consumo de un agente individual, es decir, la cantidad de cada bien con la que parte y la cantidad de cada bien que consume.

Pasemos ahora a examinar las preferencias de los agentes individuales que aquí actúan sólo como consumidores. Supondremos que estas preferencias pueden estar representadas por una función de utilidad aditiva. Como además supondremos que se cumplen los axiomas de Von Newman y Morgenstern, esa función de utilidad tiene la propiedad ya mencionada en el capítulo 1 de que ordena las alternativas de consumo de acuerdo con su valor esperado.

Ahora trataremos de introducir dos ideas concomitantes, que la estructura de mercados es incompleta y que, para paliar los efectos de esa carencia, existen activos financieros que todavía no podemos identificar con acciones u obligaciones. Pensemos que hoy, t = 0, no hay mercados contingentes para los bienes que hemos denominado como bien 2 o bien 3; es decir, que sólo hay mercados spot. Como el trigo suponemos que no es almacenable, esta carencia hace que no haya forma de trasladar poder de compra en el tiempo ni entre estados de la naturaleza a través de los mercados contingentes de trigo. Supongamos, sin embargo, que existen dos activos financieros, indexados por f = 1,2, que pueden ser intercambiados hoy y que generan dividendos mañana en términos de trigo si llueve y trigo si hace sol. Cada individuo i puede utilizar su renta de hoy para hacerse con una cartera de activos. Este individuo dispone, pues, de una renta contingente que recibirá mañana en el estado y que podrá añadir a su dotación inicial. Como se ve, la presencia de unos activos financieros permite el traslado de poder de compra en el tiempo (de hoy a mañana, prestando hoy, y de mañana a hoy, tomando prestado hoy) y entre estados de la naturaleza, cubriendo así los riesgos de que llueva (o de que haga sol). Lo interesante de esta construcción es notar que la carencia de mercados contingentes sólo será paliada totalmente cuando haya tantos activos financieros independientes como estados de la naturaleza. Si los dividendos de uno de los activos no son sino una combinación lineal de los del otro activo (por ejemplo, si siempre paga el doble), nos encontramos con que éste no es el caso y con que, en consecuencia, la carencia de mercados sólo ha sido paliada en parte.

El funcionamiento de esta Economía de juguete es muy fácil de describir. Hoy, los agentes individuales, en base a sus preferencias, dotaciones iniciales y expectativas de precios, deciden su consumo de trigo hoy y su cartera de activos, generando un precio del trigo hoy y un vector de precios de los activos. Mañana, una vez observado s, los consumidores en base a sus preferencias, dotaciones iniciales y renta adicional deciden su consumo de trigo generando unos precios que exigimos que coincidan con los esperados de acuerdo con la versión más simple de la hipótesis de las expectativas racionales. Este funcionamiento sugiere una noción de equilibrio natural en que las expectativas se cumplen, los mercados de trigo existentes y los de activos financieros se vacían y cada individuo maximiza su función de utilidad con sujeción a las restricciones presupuestarias que vienen impuestas por las posibilidades existentes de traslado de poder de compra14. Ahora es el momento adecuado para introducir la producción en nuestro ejemplo, de forma que los activos financieros modelados puedan tener un correlato real y para plantear el problema, que es necesario destacar, de cuál ha de ser el criterio maximizador de una empresa cuando la estructura de mercado es incompleta y cuando, en consecuencia, nos encontramos con un sistema financiero y con un mercado de valores que asigna un valor a cada empresa. Éste es el principio del camino que nos llevará a pensar en el accionariado y en los problemas del gobierno de la empresa.

Introduzcamos dos empresas indexadas por j = 1,2. La tecnología de la empresa j está dada por su función de producción que especifica los outputs posibles a partir de los inputs utilizados. Estas empresas son propiedad de los agentes individuales. Pensemos que el capital de la empresa está representado por una acción cuyo valor en Bolsa es de Vj y que en t = 0 cada individuo mantiene una participación en cada empresa. Hasta aquí la introducción de la producción en la Economía de juguete que estamos describiendo.

Veamos ahora el funcionamiento de esta economía de forma que vayamos orientando la noción de equilibrio a utilizar. En t = 0 cada empresa decide cuánto input comprar y para financiarlo emite obligaciones. Como el trigo funciona como numerario, podemos decir que cada obligación promete pagar mañana (1 + r) unidades de trigo, r > 0, cualquiera que sea el estado de la naturaleza. El agente individual i acude en t = 0 a la Bolsa, donde se posiciona adquiriendo la cartera de participaciones o de obligaciones, que mañana le proporcionará unos dividendos que serán de una determinada magnitud en cada uno de los bienes. De esta manera se genera Vj como el valor de una acción que refleja los beneficios esperados. Por lo tanto hoy, t = 0, cada agente individual, basándose en sus creencias, su dotaciones iniciales y sus expectativas de precios, decide su plan de consumo y su cartera de participaciones, y cada productor decide su plan de producción de acuerdo con las mismas expectativas de precios y de su función de producción fj. Mañana, t = 1, una vez conocido s, las empresas ponen en práctica su plan de producción y los consumidores, una vez cobrados los dividendos y una vez obtenida la devolución del préstamo a las empresas, realizan su plan de consumo conformando unos precios que, por racionalidad de las expectativas, exigimos que coincidan con los esperados pes. El equilibrio es ahora más difícil de definir que en una economía sin producción. En un primer paso explicaré la parte correspondiente al consumidor, resaltando que su comportamiento concreto depende del de las empresas, por lo que en un segundo paso más complicado trataré de hacer ver cómo podemos imaginar una función objetivo para una empresa que encaje con la naturaleza de la economía que estamos describiendo y que incorpore acciones y obligaciones.

Comenzando, pues, por el comportamiento del consumidor i, es fácil aceptar que, bajo la hipótesis de las expectativas racionales, el problema de este consumidor i consiste en elegir un vector de consumo y una cartera de participaciones a partir de sus dotaciones iniciales, de forma que maximice su utilidad con sujeción a las restricciones presupuestarias que ahora habrán de incluir los ingresos que surjan de sus participaciones.

Este problema puede solucionarse para cada plan de producción, pero hay que saber cómo decide cada empresa j ese plan de producción. La dificultad del problema es que, como las empresas pertenecen a los agentes individuales que consumen y tienen dotaciones iniciales de trigo y como la estructura de mercados no tiene por qué ser completa, ya que puede haber más estados de la naturaleza que activos independientes, la maximización de los beneficios netos no tiene por qué coincidir con la maximización del valor en Bolsa de la empresa, ni tiene por qué ser un criterio unánimemente aceptado por todos los accionistas. Pensemos, por ejemplo, que la maximización del beneficio puede exigir la producción masiva de trigo a un precio bajo si hace sol y que hay un accionista minoritario que posee una enorme dotación de trigo en ese estado de la naturaleza. A este accionista le puede interesar que se adopte un plan de producción con poco trigo cuando hace sol, ya que en ese caso es posible que el mayor precio resultante le proporcione mayor renta. Si un accionista así vende su participación, nos hace ver que no es lo mismo maximizar el beneficio que maximizar el valor en Bolsa. Tendríamos, pues, que obtener una función objetivo que fuera unánimemente admitida por los accionistas. En el próximo capítulo trataré de explicar que la función objeto adecuada es una media ponderada por la participación de la valoración personalizada que cada accionista hace hoy de los beneficios netos futuros.

Acabamos así con la exposición de las dificultades para alinear incentivos en la empresa y abrimos el cajón de los problemas que eso plantea al buen gobierno corporativo.

El gobierno de la empresa

Una manera analógica de interpretar el resultado que acabamos de reproducir en el apartado anterior es que los administradores de una corporación deberían representar a los distintos accionistas y hacerlo de forma proporcional al peso que cada uno de ellos representa. Esto viene planteado por dos problemas sin solución o de muy difícil solución: la imposibilidad física de recabar el voto de cada accionista y la imposibilidad, no tanto física como de incentivos, de otorgar una ponderación específica a cada uno de esos votos según sea su valoración subjetiva del cambio tecnológico propuesto. Pero además, no sólo hay que pensar en métodos de repartir el poder de administración entre distintos tipos de accionistas, sino que también hay que dilucidar el método adecuado para que los accionistas-propietarios no caigan en manos de los ejecutivos que ejercen el control efectivo y, en general, la gestión de la actividad empresarial y, quizá, preguntarnos en qué sentido y en qué medida los administradores de la empresa son responsables ante la sociedad en general más allá de su accionariado. Sobre estos asuntos versan los siguientes comentarios. El gobierno de las empresas es algo que ha preocupado a los economistas desde que, hace ya más de setenta años,15 detectaron los problemas que surgen de la separación entre la propiedad de la empresa y el control que, en las grandes corporaciones, está en manos de ejecutivos que tienen así la oportunidad y la tentación de ejercerlo a su favor de mil maneras distintas. Se trata de un problema típico de relación de agencia entre un principal (el accionista inversor) y un agente (el ejecutivo) cuyas características relevantes y cuya actividad concreta son a menudo desconocidas, o difíciles de descubrir, por el principal. ¿Cómo conseguir que los incentivos del ejecutivo se alineen con los del inversor? Éste es un problema que nos lleva hacia una concepción de la empresa distinta a la neoclásica, a la que hemos vuelto en el apartado anterior, y más relacionada con el planteamiento también mencionado más arriba que concibe la empresa como un haz de contratos, todos ellos problemáticos y frágiles, que pueden romperse en un momento determinado.

Uno de estos momentos se produjo con la entrada del nuevo siglo, no por razones milenaristas, sino porque coincidió con el final del periodo de «exuberancia irracional»16 que se incubó precisamente a partir de esperanzas que muchos creyeron infundadas en la llamada Nueva Economía. En efecto, ocurrió que una larga lista de empresas norteamericanas, generalmente pertenecientes al entorno de esa Nueva Economía y que iban desde Enron a Xerox, pasando por Tycho, Worldcome y otras cuantas, cayeron en una gama variada de tentaciones contables (estafas, pequeños maquillajes, dudosas activaciones de gastos asociados a las stock options, etc.) que llevaron a la defenestración inmediata de sus responsables, la sospecha generalizada sobre la ética de los consejos de administración, el mayor de los escepticismos sobre la habilidad técnica de los analistas, la acusación de connivencia contra los auditores y la definitiva constatación del peligro de los conflictos de intereses en los bancos de inversiones. Y todo esto en la cuna del capitalismo, los Estados Unidos de América, desde donde la subsiguiente caída de la Bolsa se contagió a todas las plazas financieras del mundo.

Estos escándalos trajeron consigo un clamor por la transparencia sobre la que ya he dicho algo que relativiza su importancia en el capítulo 5. Prescindo, pues, de su estudio ahora y me concentro en la relativización de la relevancia del valor de la empresa como criterio de referencia.

Transparencia

Uno de los principales problemas que la crisis corporativa de principios de siglo ha puesto de manifiesto es la dudosa ética de los consejos de administración, que no cumplen con lo que parecería su responsabilidad mínima ante sus accionistas representados, es decir, con su obligación de proporcionarles información veraz de los distintos aspectos del funcionamiento de la empresa. La exigencia de transparencia se ha convertido en un clamor, en buena parte porque parece que con las TIC no hay dificultad real para propagar la información adecuada, y desde luego, el clamor llega más allá del ámbito empresarial. Es, pues, obligado que nos planteemos el tema de la transparencia con todo cuidado, desde sus aspectos más generales hasta el examen de los ejemplos que podrían poner en duda su pertinencia.

Comenzaré por lo más general, tratando de relativizar de manera no muy específica la importancia de la transparencia. En efecto, cuando mencionamos a un individuo transparente nos referimosa alguien simple, sin retranca, alguien en quien no se distinguelo interior (su poco compleja estructura psicológica) de lo exterior (sus actos fáciles de predecir). No nos gustaría ser tachados de transparentes porque nos sentiríamos inútiles para la vida, pero curiosamente cuando nos referimos a un grupo humano (nación o empresa, por ejemplo), la transparencia en la toma de decisiones o en cualquier asunto relevante para ese grupo no es sinónimo de simpleza ni nos parece inútil para la convivencia. Muy al contrario, parece que últimamente, a diferencia del caso de un individuo, para el que su estructura interna, por muy simple que sea, forma parte de su privacidad, en el caso de los grupos humanos desearíamos que no hubiera separación alguna entre lo privado y lo público, entre lo interno y externo. Espero que la exploración de este deslizamiento semántico de la «transparencia» nos permita iluminar perspectivas interesantes para la comprensión del capitalismo popular.

El énfasis de la transparencia en la vida colectiva forma parte, para empezar, de la sensibilidad postmoderna, a la que hay diversas referencias en este trabajo.17 En la modernidad, la actividad interrelacionada de los individuos en sociedad está contenida por el Estado (remedo de superego) como caparazón externo que evita el desorden, y la estructura psicológica individual está, a su vez, ordenada por su superego (remedo del Estado) que suaviza el choque entre pulsiones contradictorias y que también puede ser visto como un caparazón que evita el caos. En la postmodernidad, sin embargo, ni el Estado ni el superego son aceptables controladores de la vida; donde había caparazones queremos desarrollar estructuras óseas que cumplan la función de contener el desparrame evitando al mismo tiempo el autoritarismo exterior. Interiormente llegamos a compromisos entre nuestros deseos contradictorios y los plasmamos en sencillas reglas de conducta, y exteriormente elaboramos instituciones que condicionan nuestras elecciones y actividades y que todos admitimos mientras no surjan, y acaben imponiéndose, otras más útiles para todos. Esta sustitución del caparazón por el esqueleto no es sino una metáfora que quiere indicar la superación de la separación entre lo interior y lo exterior, perfectamente entendible cuando hay un caparazón que separa ambos ámbitos, pero difícilmente aceptable cuando la vida en su complejidad empieza a dejar de estar encarcelada en su caparazón y a generar un proceso de formación de esqueleto, es decir, un proceso de formación de reglas de conducta e instituciones que pueden mantener cierto orden en la vida social sin necesidad de autoridad superior.18

He querido anclar la demanda de transparencia en el fondo cultural postmoderno para poder entender con mayor propiedad algunas de las manifestaciones de esa demanda que más interesan a efectos de relacionar la transparencia con el capitalismo popular. Pensemos en tres ámbitos importantísimos en los que la transparencia ha brillado por su ausencia y sobre alguno de los cuales volveré enseguida. En el mundo de la política, las relaciones reales entre los tres poderes no son conocidas en sus detalles. En el mundo del manejo de la Política Económica piensan algunos que la autonomía legal de un Banco Central no hace sino encubrir las dependencias de siempre, por lo que sería conveniente publicar las actas de cada reunión con las opiniones individuales de los miembros del consejo de gobierno de ese Banco Central. En el mundo de la empresa ya no hay casi nadie que piense que las memorias anuales o las juntas generales sirvan para entender cómo se toman las decisiones o quiénes son los accionistas de control real, por lo que se empieza a premiar la transparencia de la información más desmenuzada que algunas empresas ofrecen al mercado a través de los analistas de los bancos de inversiones. El impulso que mueve estas tres manifestaciones de la demanda de transparencia es, sin duda, encomiable, pero caben las dudas: ¿es la transparencia posible? ¿Será realmente útil? ¿Lo es para todo el mundo?

Aun manteniéndonos a este nivel de abstracción y falta de detalle, podemos comenzar a responder a estos interrogantes si examinamos con cuidado unos arreglos institucionales muy cercanos a la transparencia y que permiten la aplicación de un análisis económico mínimamente sofisticado. Pensemos en primer lugar en las dos vertientes de lo que se ha dado en denominar «desempaquetamiento» (unbundling). En su vertiente política se trata de «desempaquetar» los programas de los partidos políticos y poner sobre la mesa de decisión temas concretos para, de esta manera, no tener que votar todo un conjunto de temas, algunos de los cuales favorezco y otros aborrezco. Es como si me obligaran a comprar un paquete de bie­ nes sin darme la oportunidad de adquirir por separado cada uno de los bienes que componen el paquete. Efectivamente, la vertiente económica del «desempaquetamiento» plantea este problema y aconseja que cada bien se venda por separado, no sólo por libertad de elección, sino sobre todo porque puede ser más eficiente, es decir, mejor para todos. ¿Por qué tengo que comprar acciones de una autopista en lugar de comprar por separado acciones de una constructora, de una empresa de mantenimiento, de una gestionadora del pago del peaje, de una financiadora y de una gestora de zonas de recreo anejas? Es verdad que yo debería poder organizar el riesgo de mi cartera, pero también es verdad que, por un lado, el «desempaquetamiento» no tiene límite (la constructora, por ejemplo, es en realidad un equipo humano, un parque de maquinaria pesada y una oficina de influencias, y esta última a su vez…), y que, por otro lado, tener paquetes de riesgos ready-made puede ser deseable, tal como muestra el éxito de los fondos de inversión. Análogamente es perfectamente concebible que los programas de los partidos exhiban esta característica particular de equilibrar bien los riesgos en que incurriríamos en caso de aprobar por separado temas que luego pueden acabar siendo contradictorios entre sí.

En segundo lugar, pensemos en ese asamblearismo propio de movimientos políticos que pretenden ser algo más que partidos burocráticos y que parece imprescindible para alevines políticos. Aquí también hay que dudar del correcto impulso inicial y sujetarlo a límites. Lo que el análisis económico nos dice en este caso es que el asamblearismo es uno de los mecanismos de toma de decisiones más fácilmente manipulables por un dictador en potencia: caudillismo y populismo van demasiadas veces juntos como para dudar de las virtudes del asamblearismo. Me atrevo a insinuar que este extraño impulso propio de algunas asambleas, que acaban elevando a los generales a emperadores y a éstos a dioses, es lo que está en el origen de la elevación de los bancos centrales a arcanos de la sabiduría. Más tarde nos damos cuenta de que quizá los miembros de sus consejos de gobierno tengan intereses espurios personales, regionales o estatales y pretendemos hacer esos consejos transparentes mediante la publicación de las actas. Pero una vez más el análisis económico nos inclina a la reflexión pausada, ya que si los miembros del consejo de gobierno supieran que sus opiniones van a ser públicas, quizá éstas no serían lo suficientemente francas y acabarían generando una opinión general que avalaría una política monetaria desacertada.

La transparencia, el «desempaquetamiento» y el asamblearismo comparten un impulso inicial que parece estar en el origen de una renovación doble y simultánea, la del capitalismo y la de la democracia. Para que el capitalismo conserve la enorme creatividad del mercado hay que proceder, con la prudencia que haga falta, a ir desempaquetando bienes, mejorando la información que las empresas ofrecen y perfilando la competencia técnica de los reguladores. Sólo así florecerá un capitalismo popular que impulse un crecimiento renovado al permitir la canalización masiva del ahorro popular hacia proyectos más esperanzadores que la simple financiación del déficit público. Para que este capitalismo no se desvíe ni se vicie es conveniente que, sin exagerar, haya temas, aparte de los ideológicos o puramente partidistas, sobre los que los ciudadanos podamos decidir sin intermediarios y que prudentemente evitemos poner a los reguladores por encima de toda sospecha. Pero todo esto hay que llevarlo a la práctica poco a poco, en orden y estudiando cada caso. No cabe duda de que aquí la prudencia es necesaria, pues ya hemos visto en los dos primeros capítulos de la segunda parte que las revoluciones de los incentivos y de la información proporcionan grandes sorpresas. Es cierto que las TIC pueden ayudar mucho al aspecto informacional de la transparencia, pero hoy hay todavía limites y paradojas que ahora paso a examinar antes de abandonar este primer aspecto del gobierno corporativo.

Los límites de la contabilidad ilustran bien los límites infranqueables de la transparencia.19 La contabilidad es como la cartografía; ni la una ni la otra pueden representar simultáneamente todos los detalles en los que podríamos estar interesados. El caso de la cartografía es obvio. Según sea el tipo de proyección que utilicemos para representar una esfera en dos dimensiones, se preservarán algunas propiedades de la esfera y no otras. Podemos optar por representar bien las distancias o falsearlas en aras de una representación fiel del tamaño relativo de los países. Sospecho que al final se acaban imponiendo las proyecciones y los mapas que eligen usar los países poderosos, de suerte que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en un mapa que los Estados Unidos de América es un país mucho más grande que Brasil. El caso de la contabilidad es análogo. En muchos casos podemos elegir la forma de dejar constancia de operaciones determinadas y cuál adoptemos finalmente dependerá de lo que pretendamos hacer con la información que constatamos. Mucho me temo que el uso que se haga de las alternativas disponibles, todas ellas posiblemente legales, dependerá de quién manda: si lo hacen los ejecutivos, las stock options no aparecerán como gastos; si mandan los accionistas, entonces sí serán consideradas como gasto.

Pero dejando a un lado la cartografía y concentrándonos en la contabilidad, veamos la posible incidencia que puedan tener las prácticas contables en la actividad real a través del examen del tratamiento del fondo de comercio. En Europa, y desde luego en España, se contabiliza como un activo, a precio de adquisición, y se va amortizando poco a poco aunque cabe hacerlo de golpe. En los Estados Unidos de América no lo amortizan, sino que cada año hay que contabilizarlo según el precio de mercado del activo correspondiente apuntando como pérdida o ganancia la disminución o el aumento de ese precio del mercado. Hubo un momento en que a las empresas españolas les venía bien el US GAAP, pero en otros momentos podrían estar encantadas con la convención europea. De acuerdo con ésta, Telefónica, por ejemplo, ganó en el 2001; de acuerdo con la norma americana, incurrió en pérdidas. Los salvadores del capitalismo que acuden en masa a enderezarlo cuando les va mal, parecen ignorar la imposibilidad de lograr la objetividad contable y pretenden, además de elaborar estándares universales, aprobar legislación que penalice a los que se alejen de esa objetividad.

Veamos un ejemplo inquietante relativo al tratamiento del fondo de comercio según las prácticas contables generalmente aceptadas por Estados Unidos. Según éstas, la contabilidad de la empresa A debe reflejar el valor de mercado de su participación en la empresa B, de forma que el valor en Bolsa de ésta debería influir en el valor en Bolsa de aquélla. Supongamos ahora que tienen participaciones cruzadas. Es fácil ver que ambas podrían precipitarse al abismo abrazadas en un movimiento recesivo no convergente: A vale menos porque su participación en B ha descendido en valor por una causa cualquiera, pero esta baja en el valor de A refuerza la caída inicial en el valor de B, lo que a su vez rebaja el valor de A. Esto no tiene nada que ver con el valor objetivo de ninguna de las dos empresas, y justamente por eso, porque quizá no es sino el efecto inducido por una práctica contable, los inversores detectarán en algún momento la ganga a la que tienen acceso y frenarán el proceso de recesión a la baja. En efecto, en un sistema capitalista de mercado, las corporaciones valen lo que valen en Bolsa y no hay sistema contable alguno capaz de objetivar ese valor. Si un CEO encuentra una forma de maquillaje contable atractiva, compatible con los criterios de auditoría y transparente para los analistas (lo que hay que suponer), es posible que el valor de la corporación aumente y nadie podrá decir que ese no es el verdadero valor. ¿Qué diferencia hay entre el marketing y el maquillaje contable? La persecución de la objetividad en uno u otro caso es tan alocada como la persecución de lo absoluto. Pueden (y deben) establecerse estándares a través de la autorregulación, pero siempre aparecerán nuevos montajes contables o nuevas ideas de marketing. Penalizar la creatividad en uno u otro campo es poner puertas al campo. Es por lo tanto curioso que los autonombrados salvadores del sistema deseen, tal como parecen mostrar no pocos dirigentes políticos, un capitalismo con reglas claras, definitivas y sin trampas. Los que creemos en el mercado, sin embargo, sabemos que el capitalismo es el mejor sistema disponible porque somos creativos y tramposos. Si no lo fuéramos y no nos dejásemos llevar por la avaricia, casi cualquier sistema económico sería igual de eficiente que el capitalismo y algunos mucho más equitativos. El problema que se plantea a cualquiera que de verdad crea en el capitalismo y pretenda contribuir a implantarlo es cómo lidiar con los incentivos a engañar para hacerse rico sin, al mismo tiempo, cegar el pozo de la creatividad. Estos problemas genuinos nos enfrentan una vez más con el carácter abierto del sistema capitalista, un sistema incompatible con el deseo de decidir y organizar todo de una vez por todas.

Nada ilustra mejor el carácter abierto del capitalismo que las paradojas que pueden surgir en materia de transparencia y que no debieran parecernos extrañas a estas alturas.20 Comencemos por la política monetaria de un Banco Central. Sabemos que la inconsistencia dinámica de una política monetaria discrecional en manos de un Gobierno que quisiera realmente inflar la Economía para reducir el desempleo genera un sesgo inflacionario que sólo puede reducirse poniendo la política monetaria en manos de un Banco Central independiente para el cual la política antiinflacionaria sea estrategia dominante. Como sin embargo el público no está seguro de las preferencias del Banco Central, éste tiene que ganarse la reputación de antiinflacionista decidido, puesto que cuanto más firme sea esa reputación, menor será el sesgo inflacionario, pero la firmeza de la reputación puede estar influida por la transparencia, tal como nos ha hecho ver recientemente Petra Geraats. Si el Banco Central publica sus proyecciones condicionadas a la variable de Política Económica observable, es decir, el tipo de interés, esta señal se hace más precisa respecto a las preferencias del Banco Central, que puede así mejorar su reputación y por lo tanto disminuir el sesgo inflacionario. Si el Banco Central publicara sólo proyecciones sin condicionarlas a los valores del tipo de interés, esta variable sería una señal menos precisa y sufrirían la reputación del banco y su capacidad para reducir el sesgo inflacionario. Por estas razones podemos concluir que si bien la transparencia (identificada aquí como la publicación de las proyecciones efectuadas por el Banco Central) es buena, hay que tener cuidado, pues si las proyecciones de la tasa de inflación y del output no explicitan los valores del tipo de interés que se persiguen, y con los que se cuenta, esta variable pierde la capacidad de influir en la reputación y, consecuentemente, en la capacidad del banco para reducir el sesgo inflacionario. La moraleja, informalmente expresada, es que si un Banco Central va a ser transparente, debe serlo de manera que realmente comunique sin ambigüedad su naturaleza, preferencias e intenciones.

Consideremos a continuación la relación de agencia que Andrea Pratt ha examinado con cuidado, a estos efectos de transparencia, en un trabajo sumamente rico en implicaciones pero que aquí sólo podemos examinar a efectos de insistir en que la transparencia es una cuestión delicada que no permite afirmar categóricamente que «cuanta más transparencia, mejor», tal como parecería dictar el sentido común. Pensemos que en una relación de agencia, el principal puede conocer tanto la acción tomada por el agente como el resultado conseguido a través de esa acción. Lo interesante es que el principal preferiría saber sólo el resultado, desconociendo la acción tomada para conseguir ese resultado. Intuitivamente la razón es que si conoce también la acción y el agente lo sabe, este agente se comportará de una manera conformista para no ser penalizado por nadar contra corriente. Ello le llevará a no procesar algunas señales y, finalmente, a hacer imposible el conocimiento por parte del principal de quien es el agente, lo que a su vez no permite la redacción de un contrato óptimo y, en consecuencia, acaba reduciendo el nivel de esfuerzo realmente ejercido por el agente.

Para terminar examinemos un resultado sorprendente debido a M. A. de Frutos y C. Manzano en su trabajo sobre la transparencia en un mercado de valores que puede estar centralizado (transparente) o fragmentado (opaco). En el primer caso, que sería el de un mercado de renta variable como el de la Bolsa de Madrid, digamos, las ofertas de precios, de compra y de venta son públicas, de forma que los intermediarios conocen los precios ofrecidos por sus competidores. En el segundo caso, que podría estar representado por el mercado americano de bonos del tesoro, los acuerdos son a menudo bilaterales, de manera que los intermediarios no saben si están en línea o no con sus competidores. Ahora es fácil de intuir que, desde el punto de vista del inversor, es más ventajosa la fragmentación, es decir la falta de transparencia. La razón es que los market makers tienen interés en no confundirse en el cálculo de las transacciones que prevén efectuar, pues este acierto disminuye sus costes operativos. Este interés es fácilmente satisfecho cuando el mercado está centralizado y por lo tanto es transparente, porque entonces es fácil mejorar las condiciones de manera sólo marginal cuando se desean más operaciones para cuadrar las cuentas. En cambio, si se necesitan más órdenes y el mercado está fragmentado, y por lo tanto es menos transparente, el interés del market maker sólo se puede satisfacer ofreciendo condiciones agresivamente mejores al inversor.

Los tres ejemplos son una muestra de las muchas paradojas que surgen cuando se abre la caja de Pandora de los problemas informacionales. A veces más información puede ser nocivo, algo que ya no debería resultarnos extraño, pues sabemos desde hace mucho tiempo que añadir un mercado a una estructura de mercados incompleta no constituye necesariamente una mejora paretiana, a pesar de que esa apertura de un nuevo mercado aumente la información existente. Si esa apertura no llega a completar la estructura de mercados, permitiendo el traslado de poder de compra de cualquier fecha a cualquier fecha y desde cualquier contingencia a cualquier contingencia, la información adicional puede hacer imposibles ciertos contratos que eran posibles y convenientes sin esa información.

Este último recordatorio junto con los tres ejemplos ofrecidos nos convence, o debería convencernos, de que el asunto de la información, y por ende el de la transparencia, es delicado y no admite soluciones definitivas ni fáciles de poner en práctica. El desconocimiento de estos problemas es lo que explica el entusiasmo mostrado por la adopción de códigos de conducta por cualquier empresa, la elaboración diligente de recomendaciones para el buen gobierno de la empresa cotizada por parte de comisiones ad hoc o los escasos cambios legislativos que se han amagado. En todos estos casos, lo que se pretendía era salir al paso de los presuntos engaños o de las distorsiones de información o de su simple ocultación a los accionistas por parte de los administradores en connivencia con algunos ejecutivos, quienes, de esta forma, distorsionaban el mercado en perjuicio de su funcionamiento correcto. Pero en lugar de reconocer humildemente los límites de la contabilidad o las razonables dudas sobre algunas de sus prácticas, en vez de llevar a cabo una labor pedagógica sobre los méritos relativos de la información, se optó paradójicamente por cantar la transparencia de una forma que la contradecía ostensiblemente y que sólo pretendía manipular una opinión pública poco informada.

Valor de la empresa y la stakeholder society

El buen gobierno de las empresas no se agota en la transparencia ni en la contabilidad. El problema de la inevitable separación entre propiedad y control y su manifestación reciente en la crisis corporativa que empezó con el escándalo de Enron se ha acabado traduciendo, además de en la elaboración de normas internacionales de contabilidad exigidas por la presencia trasnacional de las empresas, en la plasmación en códigos específicos del comportamiento deseable de los consejos de administración y de sus miembros, a fin de que no primen los intereses de los ejecutivos sobre los accionistas y de los accionistas de control sobre los minoritarios.21 Estos códigos se centran, sin embargo, en la creación de valor para el accionista (shareholder value) y no consideran los intereses de aquellos a quienes se han dado en llamar stakeholders o grupos de personas o personas que, como los accionistas, están concernidos por la marcha de la empresa, bien sea como trabajadores, como proveedores, como clientes o como habitantes de la zona. Y sin embargo difícilmente se puede decir algo definitivo sobre el buen gobierno de la empresa mientras no sepamos si quienes tienen derechos legítimos sobre el producto creado, además de los ejecutivos que ejercen el control, son sólo los inversores financieros propietarios de las acciones o también los otros concernidos por las actividades y que conforman la stakeholder society. Hasta hace unos quince años en Europa se tenía una concepción de la empresa cercana a la stakeholder society, pero desde entonces se ha impuesto en la práctica (y a pesar de la desmoralización de América con relación a su sector corporativo de finales de los años ochenta) la concepción americana de la empresa, para la cual el único objetivo de ésta ha de ser la creación de valor para el accionista, algo que hoy asociamos al capitalismo popular. Y sin embargo, en la Presidential Adress de los encuentros de la Econometric Society de 1998, Jean Tirole se dedicó, con un esfuerzo considerable, a reenfocar el problema y, en cierto modo, a abrir una línea de investigación que, a caballo de las ideas de la economía de incentivos y del control, atacara de manera frontal el problema de cómo llevar a la práctica el óptimo social propio de la stakeholder society.

Esta llamada al orden de Jean Tirole es naturalmente bien recibida por un economista para el que lo primero es siempre identificar el first best y sólo luego, admitidas las restricciones, informacionales o de cualquier índole que concurran en el problema, tratar de identificar y poner en práctica un second best. Para caracterizar el reparto óptimo, un economista trataría de identificar las condiciones de maximización de una función determinada como, por ejemplo, la suma de las funciones de bienestar (o de utilidad) de todos los stakeholders.22 Además de los inversores, que han colocado su capital en acciones, están los proveedores, que quizá han hecho inversiones específicas para atender los pedidos que les pasa nuestra empresa, los clientes que pueden quedarse sin un producto que formaba parte de su paquete de consumo o era imprescindible para su propia producción, los trabajadores que seguramente han invertido en capital humano específico para esta empresa y otros como los tenderos locales, los ayuntamientos circundantes o los que sufren la polución ambiental. Muchos de los efectos que estos stakeholders generan o sufren en relación con la empresa no pasan por el mercado. No sólo la empresa no paga por la polución que genera (típica externalidad), sino que los tenderos locales o los ayuntamientos circundantes no pagan ni cobran nada por los posibles efectos, negativos o positivos, que se generan (mas allá del precio pagado o del impuesto ingresado) en su relación con la empresa que opera en su ámbito (como descuentos por pedidos grandes o inversión en ordenadores, por ejemplo) y los proveedores, clientes o trabajadores, que aunque cobran y pagan según contrato, no suelen pagar o cobrar nada por la posible garantía implícita de pedido, de suministro o de trabajo. Todos éstos son ejemplos de externalidades que deben ser internalizadas para que se obtenga el óptimo social. Para ello los contratos existentes tendrían que hacerse mucho más complejos y habría que inventar otros nuevos. Y para que todo este tinglado se sostuviera debería haber miembros del consejo de administración que defendieran el interés de cada clase de stakeholders.

Todo el esfuerzo de Tirole consiste en entender por qué esta solución first best no es fácil de poner en práctica. No cabe aquí un resumen de toda su argumentación, pero sí es posible comunicar el sabor del esfuerzo teórico que, en términos de economía de los incentivos y del control, despliega Tirole en el trabajo citado. Es muy difícil diseñar incentivos explícitos para que los ejecutivos colaboren a internalizar las externalidades detectadas entre empresa y stakeholders; y lo es porque no hay una medida precisa del bienestar agregado de éstos que aquéllos deberían de maximizar.23 Podría pensarse que, a pesar de esto, los ejecutivos quizá hicieran su tarea tal como queremos que la hagan si les incentivamos de acuerdo con un criterio discernible y practicable, por ejemplo el valor de la acción, pero esta esperanza es vana porque sabemos que si esto fuera así, desatenderían a los otros stakeholders. Si pensamos en incentivos implícitos como pudieran ser los horizontes de progreso y el correspondiente diseño de carrera que se puede esperar seguir en la empresa, nos encontraríamos con un problema similar, pues si, por ejemplo, el ejecutivo quiere quedar bien con los inversores, quizá ponga en peligro su promoción por parte de su jefe inmediato. Y si ahora pensamos en el control, es muy fácil admitir que éste no se puede ejercer bien cuando está dividido entre diferentes clases de stakeholders. En estas circunstancias es fácil de intuir que la maximización del valor de la acción (shareholder value) es second best. Mediante el seguimiento explícito del comportamiento de los ejecutivos o a través de una vigilancia implícita por parte de la banca o agencia de rating se pueden poner en práctica los incentivos adecuados para sostener el criterio de aportación de valor al accionista. Para esto bastaría que el ejercicio del gobierno corporativo delegara en un consejo de administración, a cuyos miembros independientes se encarga la tarea de velar por los intereses de los pequeños accionistas frente a los llamados dominicales o ejecutivos (o internos) para tener en cuenta la función objetivo adecuada. Sin embargo, sería ingenuo concluir que el impulso que subyace a la stakeholder society ha quedado sepultado bajo una argumentación meramente técnica basada en ideas de incentivos y de control para la implementación de un second best. Por un lado, los esfuerzos teóricos de los economistas seguirán previsiblemente la senda marcada por el deseo de diseñar mecanismos incentivadores que permitan llevar a la práctica el first best. Por otro lado, últimamente reaparece en el escenario político–empresarial lo que nuestros mayores llamaban la responsabilidad social de la empresa, no pocas veces unida a la doctrina social de la Iglesia y que hoy recibe nombres parecidos como, por ejemplo, acción social o ética corporativa, y últimamente Responsabilidad Social Corporativa. Empieza a haber fondos que sólo invierten en compañías con una actividad corporativa socialmente responsable, se establecen rankings a estos efectos, las grandes corporaciones cuidan sus fundaciones y se empieza a pensar que la acción social tiene impacto en la reputación, en la gestión y, finalmente, en la cotización.

Nada de esto es de extrañar, y un economista entiende inmediatamente todas estas iniciativas como alternativas para internalizar algunas externalidades y que por su mera existencia justifican el hablar de la stakeholder society como el conjunto de personas y grupos que tienen un interés legítimo en la marcha de la empresa más allá de relaciones contractuales. Pero el pensamiento económico puede profundizar un poco más en estas cuestiones a partir del reconocimiento del hecho de que el gobierno de la empresa es sólo una pequeña parte del gobierno de la sociedad, entendido este último de una manera amplia y no meramente política. Es a este gobierno social así entendido al que corresponde internalizar las externalidades, y para ello puede promover por ejemplo la ampliación del abanico de contratos: a largo plazo para los proveedores o clientes, compensatorios de inversiones en capital humano específico o incluyentes de la educación de los hijos para los trabajadores, etc. Si esto lo tiene que hacer la empresa u otras instituciones es un tema interesante que no puedo abordar aquí. Lo importante, sin embargo, es que hoy experimentamos una presión hacia el first best que no cabe ignorar y que hay que tratar de aportar ideas para administrar esa presión. Al hablar de la transparencia sugería que, si bien es cierto que el «desempaquetamiento» es bueno en principio, pues el consumidor no se ve obligado a adquirir paquetes de bienes algunos de los cuales aborrece (pensemos en algunas revistas semanales con sus suplementos o en compañías diversificadas), hay que proceder con cuidado pues, si se procede muy rápido, es posible que sufran demasiado de golpe algunos de los bienes del paquete con efectos desestabilizadores para todo el mundo. De la misma forma podemos decir que, si bien es cierto que hoy sólo tenemos un mercado para la relaciónaccionista/empresa (mercado de valores), mañana podríamosquizá tener mercados para la relación de algunos stakeholders con la empresa, pero aquí también habría que proceder con cuidado, pues dando prioridad por ejemplo a los polucionados podríamos estar ignorando a otros afectados por los resultados de la empresa.

Termino estos comentarios sobre el buen gobierno de la empresa diciendo que, en mi opinión, las recomendaciones que proliferan sobre ese buen gobierno no van del todo bien encaminadas porque no han entendido el entorno propio de la Nueva Economía que propicia los excesos y porque no prestan atención inteligente a la stakeholder society.

Creo, en primer lugar, que si Corporate America entró en crisis no fue porque auditores y analistas fracasaran ni porque la moral individual de los CEO se hubiera degradado significativamente. Ninguno de estos agentes estaba preparado para la revolución tecnológica de finales del siglo pasado, una revolución caracterizada por unos rendimientos crecientes a escala desconocida hasta entonces, tanto en su dimensión como en su naturaleza asociada a la naturaleza no rival de muchos de los bienes digitales y a los efectos-red de algunos de los sectores más dinámicos. Tal como ya he comentado más arriba, la competencia aquí ya no es una competencia en el mercado (a través del precio), sino una competencia por el mercado, por tomar la posición y quedarse con él mediante el expediente de establecer un estándar. En una situación de esta naturaleza las posibilidades de ganancias son tan brutales que es difícil arrojar la primera piedra contra los responsables del enorme endeudamiento en que incurrieron las empresas o incluso contra quienes permitieron los dudosísimos arreglos posteriores para evitar que los efectos de esa deuda, letales ante el retraso de las promesas, lucieran en las cuentas oficiales.

Ante esa diagnosis lo primero que habría que hacer es afirmar que las oportunidades siguen abiertas y que hay que procurar que la próxima vez que tratemos de aprovecharlas sepamos quién decide y quién paga los platos rotos. Esto implica que las reformas de los bancos de inversión, la regulación de las casas de auditoría y el establecimiento de normas contables universales son cosas de importancia secundaria. Yo creo que lo que importa en sectores dinámicos es realmente el gobierno de la empresa, es decir, el conjunto de reglas que dicen quién toma las decisiones y quién responde por los fracasos y ante quién se responde. Para que esto quede claro no importa demasiado la independencia de los consejeros, los sueldos de los ejecutivos o la transparencia general. Lo que importa es que los consejos funcionen bajo un sistema de incentivos contundente y en una dirección adecuada que ya es posible.

Comencemos por esto último. Como la problemática de la stakeholder society va más allá de tecnicismos y abarca no sólo el gobierno de la empresa, sino la administración general de las cosas, quizá pudiéramos aprender algo del estudio de cómo distintas sociedades se las arreglan para ponerla en práctica a través de uno u otro de los diversos canales existentes. A estos efectos, por ejemplo, no hemos de concluir que porque la empresa americana está centrada en el shareholder value y la alemana pretenda acercarse a la satisfacción de los stakeholders, América está más alejada del first best que Alemania. Es muy posible que en América haya instrumentos o instituciones que permitan acercarse más que en Alemania a la internalización de las externalidades necesariamente generadas por las empresas. Así, podríamos concluir con Tirole que «una de las razones por las que el valor para el accionista (el shareholder value) es menos controvertido en los países anglosajones que en Europa continental es que las externalidades ejercidas por el control del accionista sobre los empleados son menores en los primeros» debido, por ejemplo, a una mayor movilidad del trabajador en América, añado yo.

Como las TIC, la importancia del conocimiento y la globalización van a aumentar la importancia de la movilidad (y disminuir la del Estado según veremos más adelante), la implementación del first best propio de la stakeholder society va a depender cada vez más del gobierno de las corporaciones, de forma que es ahora cuando puedo justificar mi afirmación de que lo que importa es que el consejo funcione bajo un sistema de incentivos contundente. No sólo no cabe la salvación de empresa alguna con dinero público, sino que, cuando se cometen errores de gestión, el CEO debe dejar la empresa quizá junto con los ejecutivos que han actuado bajo sus órdenes. Si esto se hace rápido no da tiempo a trampear con la contabilidad, pero ¿quién es el encargado de despedir al CEO? Quizá los independientes, si realmente esta figura pudiera llegar a existir, pero como se le exigen tantas condiciones yo creo que hoy no existe. Es posible que a largo plazo surjan evolutivamente asociaciones de accionistas minoritarios –más fáciles de organizar cuanto más evolucionadas estén las TIC– que se dediquen a velar directamente por sus intereses proponiendo a sus propios consejeros, con lo que se podría poner en práctica la optimización de la función objetivo que hemos introducido más arriba y podríamos confiar en que el consejo podría despedir al CEO. Pero mientras esto no llegue, creo que esa decisión debe tomarla el presidente de un consejo de vigilancia propio más bien del capitalismo renano y cuya última finalidad es poner en práctica la conciliación de los intereses de los stakeholders. No me cabe la menor duda de que quien representa a los accionistas está más dispuesto a tratar de fingir un sin-novedad-en-el-frente que el que representa los intereses de los trabajadores, proveedores, clientes o autoridades locales, quienes tienen unos intereses a largo plazo en la empresa y no pueden negociar esos intereses genuinos en ningún mercado.

La conclusión de este apartado es pues muy poco a la moda. Todos los rasgos propios del capitalismo que viene trabajan para que, por un lado, se puedan conformar consejos de administración que representen bien los deseos de distintos tipos de accionistas: son los propios accionistas quienes los elegirán. Por otro lado, esos mismos rasgos hacen posible el acercamiento a una ­ sociedad de stakeholders cuyas externalidades han sido internalizadas por las corporaciones mediante la representación en un consejo de vigilancia. Se impone pues concluir que, a pesar del inevitable influjo de los modos americanos, el capitalismo del futuro tendrá unas empresas con administración dual. Un consejo de administración de ejecutivos y un consejo de vigilancia que fija la función objetivo a maximizar teniendo en cuenta a los stakeholders. Parecería pues que lo que a principios de los años noventa hizo temblar al capitalismo americano, es decir la forma de funcionar de Japón y Alemania, se impondría, aunque es perfectamente posible que se imponga precisamente en América, dada su mayor agilidad para adaptarse y dado que algunas de sus señas de identidad diferenciales van a dejar de ser relevantes.

RESUMEN

Con este capítulo alcanzamos el centro de El capitalismo que viene. En las dos primeras partes hemos perfilado diferentes herramientas analíticas que, de paso, nos han permitido explorar el papel crucial, aunque discutido, de la propiedad privada en presencia de la globalización, de la importancia creciente del conocimiento como factor de producción y de la emergencia imparable de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Nos encontramos en este momento en el corazón de este trabajo. Empezando por la empresa, a la que he prestado atención en este capítulo, examinaré, en los capítulos posteriores, el mercado y el Estado, las otras dos instituciones básicas del capitalismo. Trataré de dilucidar cómo los fenómenos recientes que acabo de mencionar influyen en los cambios que se apuntan en cada una de estas instituciones.

La empresa es tanto una unidad productiva como un activo en el que materializar el ahorro de las economías familiares, y ambos aspectos han sido examinados en este capítulo. Hemos comenzado por centrar nuestra atención en el primer aspecto con la intención de poder contestar a preguntas relativas al contorno y al tamaño de la empresa, así como a la distribución, por tamaños, de su población. Un argumento intuitivo ya utilizado más arriba nos ha hecho comprender cómo el contorno de la empresa se difumina al tiempo que la distinción entre lo que está dentro y lo que está fuera deviene incierta: los clientes, en un periódico o en una universidad, pueden colaborar en la producción propia de esas empresas. Por otro lado hemos confrontado una tensión crucial. La consideración de los costes de transacción en el mercado, asociados a la ausencia de confianza mutua, hace plausible la observación de que el mercado va ganando terreno a la empresa. Pero si consideramos que en la llamada Nueva Economía o Economía Digital existen evidentes rendimientos crecientes asociados al efecto-red (potenciado por las TIC) o a la naturaleza digital de los bienes intensivos en conocimiento, detectamos la tendencia contraria, es decir, la tendencia a la conformación de unidades productivas de gran tamaño. Como resultado de estas dos tendencias contrapuestas cabe esperar una población de empresas muy polarizada. Junto a un grupo pequeño y bastante estable de grandes corporaciones transnacionales empujadas por el viento de la globalización encontraremos un grupo muy numeroso de pequeñas empresas, nacionales o regionales, que experimentan una gran rotación, pero que, con su gran masa, constituyen un freno al posible abuso de poder de las grandes corporaciones.

Aunque el contorno de cada una de las empresas se esté difuminando, no cabe ignorar que cada una de ellas sigue siendo un ente propio que se mantiene unido por la autoridad, los incentivos monetarios y por unas pautas de conducta que podríamos llamar culturales y que conforman la identidad de la empresa más allá de su forma organizacional precisa. Ahora bien, esa identidad no es fija, sino que varía con el juego de las TIC y lo hace tanto más rápidamente cuanto menos cueste variar las pautas de conducta. De ahí que la rotación sea mayor entre las empresas pequeñas.

De todas formas, a pesar de que el mercado crezca a expensas de la empresa, es difícil imaginar la existencia de un correlato real de lo que se llama estructura completa de mercados. En consecuencia, no hay más remedio que preguntarse por el objetivo de una empresa, incluso con independencia de las novedades que pueda introducir la concepción «cultural» de la misma. En efecto, cuando la estructura de mercados no es completa, el objetivo de una empresa cualquiera puede no ser maximizar su valor en Bolsa, noción esta última que, en esas condiciones, puede no coincidir con la maximización del beneficio. A este respecto, hemos recordado cómo puede definirse una función objetivo que alinearía los incentivos de los diferentes accionistas pero que no sería fácil de optimizar en la práctica, aunque la generalización del uso de las TIC abre un portillo a este respecto al facilitar el conocimiento de las valoraciones subjetivas incluidas en esa función objetivo. Este problema, más o menos técnico, nos ha llevado directamente al que se denomina gobierno de la empresa y que, a su vez, puede dividirse en dos. Por un lado la problemática asociada a la transparencia, de la que hablé en el capítulo 5, y por otro lado la asociada a la distinción entre el valor de la empresa (shareholder value) como criterio último de la gestión de la empresa y la posibilidad de que este criterio de gestión contribuya a la implantación de lo que se denomina stakeholder society.

El capítulo debería haber dejado claro que, en lo que respecta a la elección de lo que significan el shareholder value y la stakeholder society, la tendencia parece inclinarse hacia la segunda, tal como revela la insistencia en la Responsabilidad Social Corporativa, especialmente cuando la empresa subcontrata, tal como ocurre en un mundo globalizado, con empresas del tercer mundo. La maximización del valor de la empresa, dejando aparte el problema técnico apuntado, puede ser un óptimo subsidiario en términos sociales en el contexto del capitalismo popular, pero la stakeholder society es una noción abstracta que figura en el primer plano del imaginario del economista porque soluciona muchos problemas de ineficacia. La conclusión más a contrapelo y novedosa de este capítulo, pero que no cabe soslayar, es que los efectos beneficiosos de tener en cuenta a los stakeholders pueden quizá lograrse a través de un gobierno empresarial dual donde haya un consejo de vigilancia que vela por sus intereses tratando de equilibrarlos, pero sobre todo con el desarrollo de nuevos mercados en donde puedan contratarse derechos de uno u otro stakeholder. Pero esto acabará haciéndose posible justamente cuando las TIC se desarrollen y posibiliten la creación de nuevos mercados.

Referencias

Berle, A. A. y Means, G. C.: 1932, The Modern Corporation y Private Property. Macmillan, Nueva York.

Carrillo, J. D. y Gromb, D.: 1999, «On the Strength of Corporate Cultures». European Economic Review 43, 1021-1037.

Coase, R. H.: 1937, «The Nature of the Firm». Economica 4, 386-405.

Frutos, M. A. y Manzano, C.: 2002, «Risk Aversion, Transparency, and Market Performance». The Journal of Finance 57, 959-984.

Geraats, P.: 2001, «Why adopt transparency? The publication of central bank forecasts». CEPR Discussion Paper 2582.

Grossman, S. J. y Hart, O.: 1979, «A Theory of Competitive Equilibrium in Stock Market Economies». Econometrica 47, 293-330.

Hart, O.: 1995, Firms, Contracts and Financial Structure. Oxford University Press, Londres.

Prat, A.: 2003. «The Wrong Kind of Transparency», C.E.P.R. Discussion Papers.

Quah, D.: 2003, «Digital Goods and the New Economy». CEPR Discussion Papers 3846.

Saint-Paul, G.: 2003. «Cumulative Innovation and Information Sharing in Business Networks», Institut d’Économie Industrielle (IDEI), Toulouse.

Shiller, R. J.: 2000, Irrational Exuberance. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Simon, H. A.: 1991, «Organizations and Markets». Journal of Economic Perspectives 5, 25-44.

Tirole, J.: 2001, «Corporate Governance». Econometrica 69, 1-35.

Urrutia, J.: 1988, «Mercados y contratos financieros y el funcionamiento de la economía». Boletín de Estudios Económicos 43, 173-207.

—, 2001, «Redes de personas, internet y la lógica de la abundancia. Un paseo por la Nueva Economía». Ekonomiaz 46, 182-201.

—, 2003, Economía en porciones. Prentice Hall, Madrid.

—, 2004a, «¿Transparencia? Los límites de la contabilidad (I)». Expansión, 3 de agosto de 2004.

—, 2004b, «¿Transparencia? Ventajas de la opacidad (II)». Expansión 9 de septiembre de 2004.

Notas

1 . Ver Simon (1991) pp. 27-28.

2 . La simplificación consiste en que Simon no se limita a las empresas cuando se refiere a las organizaciones como alternativas al mercado.

3 . Esta teoría de la empresa estaría asociada al nombre de Hart y recopilada en algunos artículos de su libro ya citado en otro capítulo. Ver Hart (1995).

4 . Las ideas de Coase (1937) están en el origen de este planteamiento neoinstitucional.

5 . Nos referimos al artículo citado en la nota anterior.

6 . Para Quah (2003) un bien digital reúne las siguientes características: (i) no rivalidad (mi utilización del bien no impide la tuya); (ii) expansibilidad (la cantidad es arbitrariamente ampliable sin coste); (iii) indivisibilidad (la cantidad se mide de acuerdo con los números naturales: 1, 2, 3…); (iv) especialidad (bienes no sujetos a costes de transporte); y (v) carácter recombinatorio que hace que estos bienes sean acumulativos y emergentes.

7 . Este tipo de razonamiento encaja bien con el empleado por Carrillo y Gromb, según el cual cuanto más se invierte, por parte de los individuos que conforman el equipo de trabajo, en acceder a lo que aquí llamo una determinada cultura empresarial, más probable es que se mantenga esa cultura por un simple argumento de coste de oportunidad de la organización. Similarmente, la cultura es fácil de romper si se invierte poco en ella. Como sabemos, este tipo de razonamiento lleva siempre a multiplicidad de equilibrios, unos con culturas muy estables y otros con culturas más endebles. Ver Carrillo y Gromb (1999). Por otro lado, aunque sea en una nota, quiero mencionar que una nueva forma de competir, más allá de hacerlo a través de precios, será precisamente a través de culturas empresariales.

8 .Ver Urrutia (2001).

9 . Ver 1.2.2 en Urrutia (2003).

10 . Ver a este respecto el trabajo de Saint-Paul (2003).

11 . Naturalmente no es necesaria la generalización de los mercados financieros para que surjan temas de interés en el entorno empresarial tal como sería un ejemplo entre mil, el de la elección de financiarse con deuda o con capital. Sabemos desde el teorema de Modigliani-Miller que, sin imperfecciones fiscales o de otro tipo, ambas formas de financiación son equivalentes, pero, en cualquier caso, no es el objetivo de este capítulo explorar temas empresariales en general. La razón es que lo que se persigue es explorar las consecuencias de la globalización, el conocimiento y las TIC, y no parecería que esto influya en este tema específico ni en otros muchos que no se van a mencionar aquí.

12 . A partir de aquí me baso en un trabajo propio de 1998 que, en cualquier caso, está basado, tal como aparece en la bibliografía de ese trabajo propio, en el de Grosman y Hart (1999). El lector interesado en los detalles deberá consultarlo.

13 . Estos formalismos no son estrictamente necesarios, pero simplifican y aclaran mucho la exposición. El lector alérgico a ellos puede simplemente dejar que la vista resbale por las siguientes páginas hasta que aparezca la fórmula señalada por (Â).

14 . La maximización de la utilidad debe hacerse con sujeción a las tres restricciones presupuestarias que se han de cumplir independientemente. Ahora bien, cuando r (A) = 2, entonces las tres se colapsan en una sola porque el sistema financiero permite el traslado de poder de compra en cualquier dirección.

15 . Ver Berle y Means (1993).

16 . Esta expresión fue acuñada por el gobernador de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan, y sirvió como título de un libro premonitorio de Shiller en el que se anunciaba, el año en que la valoración de los títulos en la Bolsa de Nueva York alcanzaba su máximo, que el índice era insostenible y resultado de una burbuja, que una vez explotada se denominó «burbuja de las puntocom».

17 . Ver la introducción al capítulo 2.

18 . La sociedad del espectáculo, tan clarividentemente detectada por Guy Debord ya hace años, las transparencias en el vestir femenino que más que revelar las curvas destapan los huesos de modelos anoréxicas y el éxito de «Gran Hermano» o similares, que niega el hogar como último refugio de lo privado, no son sino tres ejemplos postmodernos de la problematización de la relación entre lo interno y lo externo, entre lo privado y lo público.

19 . Ver Urrutia (2004a). El texto es una ligera adaptación de ese artículo.

20 . Lo que sigue es parte de un artículo aparecido en Expansión. Ver Urrutia (2004b).

21 . Han aparecido más de cien de estos códigos en más de treinta países. En España se elaboró el Código Olivencia antes de los grandes escándalos, más tarde el Código Aldama y más recientemente el Código Conthe. Se han escrito muchas decenas de trabajos sobre esta materia.

22 . Ver Tirole (2001).

23 . Este problema sería formalmente análogo al de encontrar una función objetivo para la empresa que se mueve en mercados incompletos, problema que hemos planteado y concluido en la sección anterior y cuyo desarrollo completo hemos reservado para el próximo capítulo.

Capítulo 8 : Mercado y Contratos

Si el contorno de la empresa se va difuminando según vimos en el capítulo anterior, la figura del mercado va a cambiar todavía más, entre otras cosas porque nunca ha estado bien definida. Hablamos de «los mercados» refiriéndonos a la Bolsa de valores o a otros mercados donde se intercambian activos financieros; hablamos también del «mercado» cuando nos encaminamos a comprar víveres para alimentar diariamente a nuestra familia y también hablamos del «mercado de trabajo» cuando los servicios que proporciona el trabajo son más bien un ejemplo de contrato. Una de las finalidades secundarias de este capítulo es distinguir entre estas acepciones, pero hay otras distinciones que también deben ser formuladas. El mercado, en efecto, es un mecanismo de asignación de recursos que debe distinguirse no sólo de los contratos ya mencionados, sino sobre todo de otros como la planificación (generalmente estatal), cosa que también haremos en el presente capítulo. Para perfilar con la mayor precisión posible la noción de mercado, también haremos una pequeña explicación histórica de su nacimiento y evolución con referencia explícita a la evolución de los costes de transacción destacados por Coase, tratando de mostrar cómo las líneas rojas entre manchas verdes, a las que se refería Simon en su metáfora del extraterrestre que observa la Tierra, se van haciendo no sólo más densas sino también más anchas, si se nos permite esta licencia metafórica que quiere indicar que aumenta el empleo dedicado a la intermediación a expensas del productivo.

Si a pesar de todas estas precisiones hablamos de mercado es porque este sistema de asignación de recursos es una pieza esencial del capitalismo. Éste, sea clásico o popular, no se define solamente por la propiedad privada de los medios de producción, sino también, y de manera esencial, porque la distribución de los bie­ nes producidos por las empresas entre éstas, y entre ellas y los individuos, no se lleva a cabo de cualquier manera, sino a través de ese «invento» social que llamamos mercado. De ahí que capitalismo y Economía de Mercado sean casi sinónimos. Empleamos la primera denominación cuando queremos enfatizar la importancia de la propiedad privada a efectos de incentivos y usamos la segunda cuando lo que queremos destacar es la libertad que debe presidir el intercambio de bienes y que este intercambio no puede ser dictado, en la Economía de Mercado, por ninguna autoridad. Hemos visto cómo y hasta qué punto los tres factores nuevos cuyos efectos estamos intentando predecir (globalización, información y TIC) afectan a la propiedad privada y a la empresa, y cabe recordar que el impacto destacado no es menor. Sin embargo, es sin duda el mercado la pieza del capitalismo donde esos factores percuten con mayor impacto. Más adelante veremos que también van a influir en el Estado, pero es en este capítulo dedicado al mercado en el que vamos a percatarnos con mayor claridad de la importancia de esos factores. Cuando termine su exposición, deberemos estar convencidos de que nada va a ser como hasta ahora. Por dar un adelanto diré ahora que casi todo será objeto de intercambio en el mercado, incluidos activos que permitirán con­ trolar los riesgos; que se irán desarrollando verdaderos mercados organizados a partir de contratos en ámbitos diversos y todo ello en un ambiente competitivo como nunca hemos visto y que pondrá en juego no pocas verdades heredadas sobre política de la competencia.

Sin embargo, la lección más importante que cabría derivar de este capítulo no es la posibilidad de incrementar el PIB o cualquier otra medida de la riqueza, cosa a la que dedicaremos atención en cualquier caso, sino que lo que deberá quedar meridianamente claro es que cada individuo será, en el capitalismo que viene (salvo dificultades que mencionaremos en la parte IV y refiriéndonos ahora sólo a ciudadanos de países desarrollados), mucho más libre y no sólo en el sentido friedmaniano de ser más capaz de elegir libremente un mayor porcentaje de sus decisiones, sino en el sentido más sofisticado de Sen de participar más libremente y más efectivamente en las decisiones de todo tipo que conforman el entorno competitivo en el que nos moveremos. Notemos que esto encaja en nuestra descripción inicial del Homo posteconomicus y que es esta superación del viejo Homo economicus, preso de la lógica de la escasez, lo que guía el esfuerzo de tratar de imaginar ese nuevo escenario en el que ha crecido la autonomía individual o, dicho de manera más teatral, en el que cada uno de nosotros estará más cerca de ser dueño de su destino.

Pero todo esto requiere sus pasos. En un primer bloque retomaré las ideas apuntadas en el capítulo anterior para problematizar la función objetivo de la empresa y las completaré con la finalidad de que la resultante funcione como guía del capítulo. Esto nos permitirá introducir todos los temas que acomodaremos en los siguientes bloques. En el segundo, el objetivo es distinguir entre mercado y contratos y ver cómo surge aquél a partir de éstos, tarea que llevaré a cabo después de una breve descripción histórica. Nada mejor para ello que investigar con cierto detalle lo que se denomina el «mercado de trabajo».

Antes de entrar en el bloque introductorio caben unos comentarios generales que espero que aclaren la intención del capítulo. El primer comentario es más bien un aviso que quiere llamar la atención sobre el deseo de trascender la visión del mercado propia de la corriente mayoritaria, o neoclásica, de la Ciencia Económica. Esta corriente cree haber terminado su estudio del mercado como mecanismo de asignación de recursos con la exposición de los dos famosos y vetustos teoremas fundamentales del bienestar. Ambos ocuparán su lugar en el capítulo, pero en él se pretende contemplar la Economía de Mercado de una manera menos estática y con un criterio más general que corresponde a una ideología de raigambre más propiamente liberal. En efecto, la Economía de Mercado no tiene por qué limitar su justificación a la exposición de las propiedades de optimalidad que tienen las asignaciones de equilibrio. Su defensa es más firme si hacemos abstracción del consecuencialismo implícito en ese tratamiento de la optimalidad y nos fijamos en lo que representa que esa asignación óptima se alcance mediante el ejercicio de la libertad individual de cada uno. Es este ejercicio de libertad lo que está en el origen de lo que llamaríamos la creatividad del mercado. Ésta consiste precisamente en que son los individuos autónomos los que ensanchan el ámbito de la Economía de Mercado, creando nuevos mercados que, a su vez, amplían las posibilidades de ejercer la libertad individual que está en el origen de la innovación tecnológica y que representan el espíritu de lo que conocemos como empresario, figura ésta que no es sino la plasmación de ese espíritu libre que se adelanta a crear no tanto una empresa (que también, tal como indica el sustantivo empresario) como nuevos tipos de contrato que permiten el intercambio del nuevo producto que fabrica como empresario que ha detraído recursos de otro uso a ese efecto y, sobre todo, nuevos mercados en sí mismos, ya que éstos no están ahí organizados esperando a ser usados. Este sesgo «austriaco» en la presentación del mercado concuerda perfectamente con el Homo posteconomicus que hemos descrito en la primera parte de esta obra y que, aunque es sin duda un consumidor, también es un productor y un intermediario capaz de crear mercados. Hay una especie de relación biunívoca entre la identificación del individuo y la concepción de la Economía de Mercado. Aquí nos interesa trascender la tradicional ligazón que hay entre el individuo pasivo que toma sus decisiones racionalmente y la optimalidad paretiana del resultado agregado de esas decisiones por un lado y la que existe, por otro lado, entre el individuo activo que quiere su libertad en sí misma y la fuerza creativa de esa voluntad, fuerza que no está recogida en los resultados tradicionales.

Esta aclaración es muy necesaria a efectos de estudiar los impactos que sobre el capitalismo de mañana van a tener los tres factores definitorios de ese mañana. Ni la globalización, ni la creciente importancia de la información o los bienes digitales, ni la generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) van a cambiar los teoremas del bienestar, aunque van a posibilitar un crecimiento de la riqueza. Ese crecimiento de la riqueza va a provenir justamente, tal como iremos viendo, del impacto que estos tres factores van a tener sobre la creatividad individual basada en el ejercicio libre de la propia personalidad.

MODELOS INTRODUCTORIOS

En el capítulo anterior nos vimos obligados, a efectos de entender la problemática correspondiente a la función objetivo de una empresa como ejemplo del problema de incentivos que introduce la división entre propiedad y control, a presentar un modelo de una economía de juguete. El lector deberá recordar en este punto las características de esa economía que llamaremos Economía de Radner,1 así como la naturaleza del equilibrio. El análisis de ese equilibrio nos permitirá explicar cómo esta economía de juguete puede servir de hilo conductor de todo el capítulo. Y por otro lado aprovecharemos la ocasión para introducir nociones de optimalidad que nos van a ser útiles para discusiones ulteriores.

Las economías de Radner y de Arrow-Debreu2

Recordemos los elementos primitivos que conforman una Economía de Radner. Se trata de una economía con un bien perecedero, el trigo, pero que permite trasladar poder de compra en el tiempo y también cubrir el riesgo de que el estado de la naturaleza mañana no sea pródigo, a través de un mercado de valores o de un sistema financiero.

La interpretación de la noción de equilibrio en esta Economía de Radner, como ya he dicho, permite recordar cómo es esa economía que introdujimos en el capítulo anterior. El equilibrio ha de serlo en expectativas racionales, en el sentido de que los precios del trigo que hoy esperamos que se den mañana en cada estado de la naturaleza s, coincidan con los precios que realmente surgen mañana en ese estado de la naturaleza. Además, como es natural, deben cumplirse las condiciones de vaciado de mercado. Éstas exigen en primer lugar que la cartera que, en el momento inicial t= 0, compra el individuo i = 1, sea exactamente el negativo de lo que hace el individuo i = 2, en donde la cartera de i está compuesta por un número determinado de unidades del activo f = 1 y por un número dado del activo f = 2, y en donde el activo f proporciona ciertas unidades de trigo en cada estado de la naturaleza s que puede ocurrir mañana. En segundo lugar, las condiciones de vaciado de mercado establecen que lo que se consume de trigo agregadamente hoy o mañana si llueve o mañana si luce el sol, no puede exceder de lo disponible en cada caso y que está constituido por las dotaciones iniciales. La interpretación de la condición de maximización es ahora obvia. La asignación de equilibrio, constituida por lo que cada individuo consume y por su cartera, es la que maximiza la utilidad de ese individuo dentro de su restricción presupuestaria global. Pero esta restricción exige que no pueda haber ganancia alguna en el mercado financiero, de acuerdo con la idea de competencia perfecta, y que se satisfagan, a los precios de equilibrio e independientemente, las tres restricciones presupuestarias correspondientes al trigo hoy y al trigo mañana en cada caso según los estados de la naturaleza.

Analicemos brevemente esta última condición de equilibrio. Si no existiera un sistema financiero, tendríamos que no se puede trasladar poder de compra entre períodos ni entre estados de la naturaleza y que cada individuo cuenta sólo con sus dotaciones iniciales en cada fecha y estado de la naturaleza. Esto sería el reflejo de la falta de confianza en el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por quien fuera en el momento inicial. Si hubiera alguna confianza o existiera un sistema financiero sería posible el traslado de algún poder de compra del presente al futuro o del futuro al presente. Si el rango del sistema financiero es completo, es decir, si hay tantos activos independientes como estados de la naturaleza posibles, entonces es como si las tres restricciones presupuestarias se colapsaran en un sola y la asignación de equilibrio coincidiría con la correspondiente al equilibrio de una Economía de Arrow-Debreu en la que todos los mercados están abiertos en t = 0.

Esta simple Economía de Radner nos ha introducido en la problemática de un sistema financiero que nos va permitir analizar más adelante dos cuestiones muy importantes cuando hablamos de mercado. Hablaremos de aseguramiento y de la eficiencia de los mercados de capitales en el contexto de una Economía de Lucas, en que la información no es exógena y simétrica, como en la Economía de Radner (o en la de Arrow-Debreu), sino que es endógena y asimétrica. También hablaremos del mercado de valores en el contexto de una Economía de Hart (que es como la de Radner pero con producción), en que los activos financieros serán acciones y obligaciones, tal como vimos en el capítulo anterior, lo que nos dará pie para hablar de especulación.

Nociones estáticas de optimalidad

Mucho de lo que vamos a decir en este capítulo estará relacionado con la noción de optimalidad de una asignación, por lo que es conveniente introducirla desde ahora. Comenzaré por examinar la eficiencia u optimalidad en la Economía Arrow-Debreu, es decir en una economía que o bien tiene todos los mercados abiertos en el momento inicial, o bien cuenta sólo con mercados spot, pero con un sistema financiero completo.

Es bien conocido3 que, en una economía así, el llamado primer teorema del bienestar es cierto. La asignación de equilibrio es un óptimo de Pareto.4 Esta noción es totalmente independiente del mecanismo de mercado, aunque la relación entre las asignaciones de equilibrio de este mecanismo y la noción de optimidad paretiana sea una forma, y desde luego no la única, de comprensión y de defensa de la Economía de Mercado. Una asignación óptima es una asignación (o distribución de bienes entre los individuos) que no puede variarse sin perjudicar a alguno. Equivalentemente se trata del resultado de la maximización de una función de bienestar social5 (que tiene en cuenta las funciones de utilidad de todos y cada uno de los individuos) sujeta solamente a las restricciones de recursos. Esto nos permite una interpretación interesante. Una asignación OP es lo que haría un dictador benevolente que conociera las preferencias y dotaciones de cada individuo y tuviera el poder de trasladar poder de compra de unos agentes a otros en cualquier dirección (temporal o entre estados de la naturaleza) y a través de cualquier bien. Esta interpretación es interesante porque nos pone en contacto con la idea de planificación, de la que hablaremos en este capítulo. Sin embargo, lo que queremos decir tiene que esperar a que presentemos el segundo teorema del bienestar y a que examinemos estas nociones de optimalidad y otras alternativas en una economía con estructura incompleta de mercados.

Cuando se tiene una interpretación temporal del equilibrio competitivo, o más en general del proceso competitivo, cabe distinguir entre lo que ocurre antes y lo que ocurre después de que se desvele la incertidumbre en el futuro. Una asignación de equilibrio será OP ex-ante si es OP antes de que se conozca mañana el estado de la naturaleza. Sin embargo, la asignación será OP ex-post cuando es OP después de que se conozca mañana el estado de la naturaleza, es decir si cuando llega ese estado de naturaleza los consumidores consumen lo que tenían previsto, y ésta constituía una asignación OP. Esta distinción es irrelevante6 sólo cuando el sistema financiero es completo. Luego veremos que la distinción es, en efecto, relevante cuando éste no es el caso, pero ahora es conveniente mencionar el segundo teorema del bienestar, que dice que toda asignación OP en una Economía de Arrow-Debreu puede ser sostenida como un equilibrio de esa economía a partir de una asignación inicial determinada7 y que, junto con el primero, constituyen casi una caracterización del equilibrio competitivo.

En general, sin embargo, el sistema financiero no es completo, y por lo tanto la noción de OP no va a caracterizar las asignaciones correspondientes a los equilibrios de nuestra economía, y en este sentido hablaremos de la ineficiencia de las asignaciones. En nuestra economía, en efecto, es como si hubiera tres planificadores independientes correspondientes a cada una de las restricciones presupuestarias de todo consumidor. El primero puede trasladar trigo de hoy entre individuos. El segundo y el tercero pueden trasladar poder de compra de hoy a mañana (o viceversa), uno al (desde el) estado en que hace sol y el otro al (desde el) estado en que llueve. Cada uno de ellos tratará de maximizar la función de bienestar social dado lo que hacen los demás, y en consecuencia la asignación a la que llegarán es un equilibrio de Nash que denominamos Óptimo Social de Nash (OSN). Pues bien, Grossman8 ha mostrado que toda asignación de equilibrio de nuestra Economía es un OSN y que todo OSN puede ser sostenido, en ciertas condiciones, como una asignación de equilibrio de nuestra Economía, una proposición análoga a la que conforman los dos teoremas fundamentales del bienestar.

Dada la explicación intuitiva que se acaba de ofrecer, debiera ser evidente que todo OP es un OSN. Sin embargo, siempre que haya más de un bien de consumo y el sistema financiero no sea completo, hay OSN que no son OP, tal como mostró Hart en un ejemplo en que los varios OSN se dominaban uno a otro en sentido paretiano, cosa imposible si los OSN fueran OP. En nuestra Economía, en la que sólo hay un bien de consumo, el ejemplo de Hart no funciona y las asignaciones de equilibrio son óptimos paretianos restringidos (OPR) a los mercados existentes. La relación de inclusión entre los conceptos introducidos es obvia: { OPR} {⊂ {OP} ⊂ { OSN} .

Dos comentarios se imponen. El primero es que cuando el sistema financiero no es completo, podemos decir genéricamente que el equilibrio no es OP ni OPR. Es decir, que aunque podamos encontrar ejemplos de equilibrio de mercados cuyas asignaciones sean OP u OPR, estos ejemplos no son robustos ante pequeños cambios en la especificación de la Economía. Esto fue probado por Stiglitz, y Marimón9 ofrece referencias más recientes. El segundo comentario tiene que ver con la distinción entre OSN ex-ante y ex-post. La asignación del equilibrio de Radner es OSN ex-post, una vez conocido mañana el estado de la naturaleza. Es como si cada individuo fuera un individuo distinto en cada estado de la naturaleza. Una vez conocido éste, la asignación es OSN con relación a los individuos en ese estado de la naturaleza; es decir, esos individuos desean consumir y consumen lo que tenían previsto. Éste es el concepto más débil de optimalidad porque una asignación de equilibrio puede no ser OSN ex-ante, ya que en ese momento cada individuo, no sabiendo quién va a ser mañana, hubiera repartido los riesgos de otra manera.

Comentarios

Con lo dicho hasta aquí en esta sección primera introductoria podemos hacer algunas consideraciones que nos permitirán remachar el rechazo que ya efectuamos en su momento del denominado socialismo de mercado, pero a partir de ahora, por una razón adicional no mencionada en su momento y que viene a cuento puesto que las TIC solucionarían, en principio y en buena parte, un argumento contrario a la planificación, sea central o sea la propia del socialismo de mercado.

Las nociones de optimalidad que hemos repasado dan origen a una especie de teoremas de equivalencia singulares. Si nos centramos en la noción de OP o de OSN podemos verlo con claridad. En una Economía de Arrow-Debreu toda asignación de equilibrio es un OP y cualquier óptimo paretiano puede obtenerse como un equilibrio competitivo en una economía cuyas dotaciones iniciales puedan elegirse convenientemente. Exactamente lo mismo puede decirse en una Economía de Radner en referencia a la asignación de equilibrio y a la noción de OSN. Ambos teoremas, que casi10 sirven de caracterización de la asignación de equilibrio, se pueden leer como mostrando la separabilidad de dos problemas esenciales, el de la eficiencia y el de la igualdad o equidad en la distribución de la renta. En efecto, cualquiera que sea la dotación inicial de bienes de cada individuo, la asignación de equilibrio es bien OP, bien OSN, es decir eficiente en uno u otro sentido, y la distribución de la renta se sigue de aplicar a las dotaciones iniciales los precios del correspondiente equilibrio. Parecería que la distribución no es separable, sino que viene determinada. Pero si quiero una distribución de renta determinada, puedo obtenerla eligiendo las dotaciones iniciales que me interesan para que el equilibrio de esa economía, que será OP o OSN, genere unos precios que impliquen la distribución que quiero. Esta separabilidad de ambos problemas se ha tomado siempre como una innovación neoclásica, ya que para los clásicos, la distribución es un determinante esencial de la eficiencia,11 pero lo que aquí nos interesa ahora es mostrar que esas características de optimalidad de las asignaciones de equilibrio están en el origen del aspecto ingenieril de la teoría neoclásica y, más en particular, de la planificación parcial propia del socialismo de mercado. Esta idea, que estaba emergiendo cuando Hayek publicó su Road to Serfdom,12 se formalizó más tarde de la manera que es hoy estándar. Centralmente se pueden calcular los precios sombra, es decir los precios que sostendrían como equilibrio competitivo una asignación OP (u OSN) determinada. Serían unas constantes (multiplicadores de Lagrange) que surgen del problema de maximizar una función de bienestar social (que tiene un cuenta la utilidad de todos) sujeto únicamente a las restricciones totales de recursos que limitan lo que se quiere dar agregadamente a cada individuo de cada bien. Esas constantes reflejan la escasez relativa de cada recurso, dadas las demandas que surgirán por parte de los individuos. Pues bien, basta con imponer estos precios sombra y dejar que la iniciativa individual funcione, para que ésta acabe asignando a cada individuo lo que el planificador desee.13 La primera objeción que se levantó frente a este planteamiento que llegó a estar vigente, como posibilidad práctica a alcanzar, en la mente de muchos laboristas ingleses y socialistas continentales y social­ demócratas en general (y que Hayek a veces confunde con la planificación central en aquel entonces atribuible al comunismo real de la Unión Soviética de Stalin), es que es imposible obtener información suficiente, no sobre los recursos existentes o sobre las exigencias cruzadas entre sectores, sino sobre las preferencias de los individuos. Este argumento, que en cualquier caso no era el de Hayek, sería rebatible hoy de manera al menos ideal. En efecto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, no es difícil segmentar hoy la población de acuerdo con las pautas de consumo. De manera genérica y no precisa podríamos decir que la teoría de la preferencia revelada14 aplicada consistentemente con las posibilidades que ofrecen las TIC, y más en particular la potencia hoy adquirida por la informática, nos permitiría recuperar las preferencias. Una vez realizada esta operación, la obtención de los precios sombra es trivial, y en consecuencia podríamos decir que en el capitalismo que viene podría, paradójicamente, implantarse el socialismo de mercado. Sin embargo, aunque esta interpretación capta la potencia de las TIC y la innovación radical que representa la sociedad de la información, es esencialmente incorrecta. En primer lugar, la solución exige la imposición de las dotaciones iniciales, que pueden no coincidir con las existentes. La consiguiente expropiación no respeta la propiedad privada y esto, tal como vimos en el capítulo 4, no es consistente con los incentivos para trabajar o dar lo mejor de uno mismo. Este argumento sí es hayekiano y se podría discutir en términos de igualdad de oportunidades un poco al estilo de Rawls refiriéndonos al inicio de la Historia, cuando la propiedad no estaba asignada ni se había ido adquiriendo. En este caso el descubrimiento de las preferencias no sería posible, pero, olvidándonos de eso, cabría argüir, por ejemplo, que si por causalidad la dotación inicial fuera la igualitaria, el socialismo de mercado proporcionaría los precios sombra que, vigentes en el mercado, generarían esa distribución igualitaria en el sentido real como una asignación de equilibrio. Un argumento frágil pero posible. Sin embargo, esto no salvaría al socialismo de mercado a ojos del Hayek de ayer y ni siquiera a los del Sen de hoy.15 Ambos, aparentemente tan distanciados políticamente, comparten la idea clave, contraria al consecuencialismo y al welfarismo, de que no es la asignación lo único que importa. Ambos ponen de manifiesto que importa y mucho la forma en que se obtiene y que la participación de cada uno en su obtención y la libertad con que se participe, sin coerción alguna, incrementan realmente el bienestar bien definido, ya que a la gente le importa ser dueña de su propio destino. Sen cree que esto es lo que es esencialmente el desarrollo y en esto es heredero en buena parte de Hayek, al menos desde The Road to Serfdom, quien afirma esto explícitamente,16 pero que además pone énfasis en lo que para él es un hecho, que sólo la libertad individual, sólo la autonomía de decisión, y cuanto más amplia mejor, libera las fuerzas creativas.

Algo hemos aprendido incluso antes de entrar propiamente en la materia propia de este capítulo. Hemos aprendido que las novedades cuyo impacto estamos considerando no van a retrotraernos a épocas en las que, por razones que no podemos explorar aquí, la planificación no sólo era posible, sino para algunos un óptimo de civilización. Y es que la hipertrofia de la razón que representa la planificación nunca ha llevado a buen puerto.17

MERCADO Y CONTRATOS

Los mercados no están ahí, abiertos y disponibles para ser usados en cualquier momento. Algunos son muy antiguos, como seguramente las ferias de ganado, y otros muy recientes, como algunos en los que se intercambian productos financieros derivados. Unos son descentralizados y otros centralizados con diferencias obvias en cuanto a la información que obtienen los agentes en uno o en otro. Unos son muy líquidos y profundos y otros no tanto. En algunos casos hay mercados secundarios y en otros no. Algunas de estas cosas entrarán en esta exposición, puesto que tienen que ver con nuestro objetivo prospectivo. Pero para empezar es conveniente tener una cierta idea de la evolución general del mercado con relación al Estado y tomando como mercado una noción muy general y metafórica. Sólo más tarde trataremos de ver cómo, en tiempo real, va surgiendo un mercado, utilizando como banco de pruebas el caso del mercado de trabajo.

Breve historia de una metáfora18

Las ideas son siempre metafóricas, y las metáforas vigentes condicionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de estar juntos en sociedad. De ahí que desenmascarar las metáforas o, como dirían ciertos filósofos, «deconstruir» las ideas sea una actividad no sólo intelectualmente fascinante sino de gran importancia práctica. Es lo que me propongo hacer ahora con relación a la idea de mercado, y creo que su importancia práctica no estará empañada por el nivel de abstracción en el que se mueve esta breve historia, que sirve realmente como introducción a la descripción posterior de cómo se va conformando un mercado e introduce, de paso, la distinción entre mercado y Estado que será importante más adelante.

Siempre se ha pensado que una Economía de Mercado no puede funcionar sin un Estado tutelar que garantice los derechos de propiedad y evite la violencia. Sin él, se decía, el intercambio en el mercado tendría que ser simultáneo, pues si la entrega de los bienes se separa en el tiempo de su pago, bien con otros bienes o con algún tipo de dinero, no hay garantías ni esperanzas de que se entreguen los bienes, si se ha adelantado el pago, o de que se efectúe el pago si los bienes se han suministrado con anterioridad. Sin embargo la historia comercial entre las comunidades magrebí y genovesa en el siglo xi, investigada exhaustivamente por Avner Greif,19 nos hace ver que el Estado no es estrictamente necesario para sostener el intercambio no simultáneo. Éste podría sostenerse (y de hecho se sostuvo entre estas dos comunidades a un lado y otro del Mediterráneo) bajo un régimen de responsabilidad colectiva en el que cada comunidad confiscaba la propiedad del miembro que hubiera dejado de cumplir su contrato con un miembro de la otra comunidad compensando, además, a la parte extranjera defraudada. La legitimación de esta penalización radicaba en la presunción de que el que incumplía el contrato había roto la confianza de su propio grupo.

Sobre la importancia del Estado para el buen funcionamiento del mercado habrá ocasión de hablar ampliamente, pero ahora me interesa sugerir cómo se van haciendo más anchas las líneas rojas del esquema que se va construyendo el marciano del cuento de Simon. No es nuevo afirmar que la confianza mutua es muy importante para el desarrollo de la Economía de Mercado, ya que su contrario, la desconfianza, forma parte de lo que genéricamente se llaman costes de transacción. Por lo tanto no debe extrañar que la historia hacia la Economía de Mercado se pueda describir como la progresiva sustitución de los instrumentos correctores de la desconfianza vertical por los instrumentos mitigadores de la desconfianza horizontal, a la que ya se ha hecho referencia y que ahora repito brevemente en beneficio del lector. En efecto, durante la Edad Media, la asignación de bienes y servicios se hace básicamente en sentido vertical, proveyendo el señor feudal de protección (servicios sociales) a sus súbditos a cambio de bienes de consumo, con un escasísimo intercambio horizontal entre familias prácticamente autosuficientes y con unos costes de transacción enormes con relación al output, ya que mantener un ejército no es cosa barata. Con el paso de los siglos llegamos a una situación en que la mayoría de los intercambios se llevan a cabo horizontalmente a través del mercado y en base a una división del trabajo que permite un gran incremento de productividad. Los costes de transacción en proporción al output son mucho menores que antes y consisten en la búsqueda de información y en la provisión de la protección judicial que palie la desconfianza comercial hacia el prójimo.

Ahora bien, esta evolución continúa y llega hasta épocas muy recientes, en que nos topamos con un punto de inflexión consistente en el reconocimiento de que el Estado es un actor social más conformado a su vez por agentes individuales con objetivos propios y por reglas cambiantes de agregación de estos objetivos. A partir de aquí surge la legitimidad de las privatizaciones y la idea del Estado entra en coma y queda reducida a un estado mínimo garante de los derechos de propiedad y de algunas normas procedimentales mínimas. Al rebufo de esta jibarización de la idea de Estado la metáfora del mercado toma un vuelo amplísimo.

Como parte de ese vuelo asistimos al fenómeno, ya mencionado en el capítulo anterior, de sustitución gradual del empleo y la creación de valor dentro de las empresas por el empleo y la creación de valor generados en los mercados, es decir, a la sustitución de la empresa por el mercado, cosa cierta a pesar de que deben tenerse en cuenta las matizaciones allí expuestas sobre la rotación de empresas pequeñas y sobre los efectos de los rendimientos crecientes que tienden a hacer surgir empresas grandes. Sin embargo, más que este fenómeno, lo que parece más significativo es el último episodio de esta breve historia. En efecto, parece que para que funcione correctamente el mercado de valores, epítome del mercado, haría falta ese Estado mínimo; y así es ciertamente, pues ese Estado mínimo, a través de la determinación de los derechos de propiedad garantizaba en última instancia el cumplimiento de los contratos según la fe pública de los agentes de Bolsa. Pues bien, ese cuerpo de funcionarios ha sido sustituido por unas corporaciones mutualistas llamadas sociedades rectoras que, a su vez, se evaporarán poco a poco mediante su conversión en sociedades anónimas que cotizan en Bolsa. Que el mercado de valores, que garantiza el cumplimiento de las transacciones que se efectúan en él, cotice en el propio mercado es un hecho notorio que ejemplifica la explosión de la idea de mercado y que justifica, a mi juicio, la consideración de éste como una especie de mónada de Leibnitz que de nadie recibe el ser. Sería, de hecho, sumamente interesante elucubrar sobre la significación que este hecho podría haber tenido para la concepción de liberales como Hayek, para quienes el mercado, o mejor dicho la competencia que en ellos se da, es garantía de libertad y progreso simultáneamente. Mi reconstrucción de lo que sería un pensamiento genuinamente liberal en este punto iría por los siguientes derroteros. Dada la enorme capacidad de procesar la ingente información existente en unos mercados como la Bolsa, no hay necesidad alguna de que «los mercados» sean públicos, pueden perfectamente ser privados y competir entre sí en base a cualidades diferenciadoras de precio, rapidez en la compensación y otras. Pero no parece, sin embargo, que pueda prescindirse de un organismo rector como la SEC (Securities and Exchange Commission) en Estados Unidos o la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en España, que ejerce la supervisión general y vela por los intereses de los inversores. No creo que su existencia enojara a un liberal, aunque seguramente se preguntaría la razón de que su labores no puedan ser ejercidas directamente por el Estado y deban hacerse por una agencia reguladora que, de una u otra manera, está más allá del control democrático. Sobre este problema de las agencias reguladoras independientes volveremos en el siguiente capítulo, pero ahora quiero terminar mi breve historia.

No cabe cerrar los ojos al hecho de que la metáfora del mercado se agiganta vertiginosamente en los últimos tiempos y se introduce en el lenguaje común. Posee tanto ímpetu que, a juicio de muchos, está a punto de sustituir a la política e incluso a la ética. Ante este peligro se presenta una reacción más o menos articulada que ataca a lo que llama el pensamiento único o a la generalización global de la plasmación real de esa metáfora. Esta reacción se organiza ante nuestros ojos y hay que tratar de calibrar su importancia para la expansión continua de la metáfora del mercado. En mi opinión, el éxito de esta metáfora no se juega en el campo de la ética o de la política, sino en el campo cultural, y en este ámbito no es difícil augurarle un éxito. Ciertamente la idea de mercado suena a tono con el «politeísmo» de la sensibilidad postmoderna, mientras que la de Estado refleja el «monoteísmo» del modernismo. O si se quiere utilizar otra metáfora más natural y menos religiosa, diríamos que el mercado como idea es perfectamente acorde con la idea de una sociedad en forma de rizoma o de enredadera, muy al contrario de la idea de Estado, que es imposible disociar de la noción de árbol como estructura jerárquicamente ordenada. En la medida en que una metáfora cultural como la del mercado está sostenida por la tecnología del momento, y no cabe dudar de que el sistema operativo de la TIC y la red de redes no se parecen nada a un árbol, está llamada a triunfar. Mercado e internet están muy relacionados y de una manera mucho más íntima que lo que asociaríamos al hecho de que en los mercados B2B o B2C, o en los más recientes C2C, la tecnología mande como reductora drástica de los costes de transacción.

Los que hemos sido educados en el prestigio del Estado estamos perdiendo pie y nos agarramos al Estado mínimo como tabla de salvación. Corremos dos peligros simétricos: aferrarnos obcecadamente al pasado o convertirnos en defensores acríticos del porvenir. Mantengamos los ojos abiertos y la calma. Para ello paso ahora a describir la formación de mercados de una forma mucho más realista, aprovechando como ejemplo el mercado de trabajo y cómo y por qué no acaba de emerger como tal, a diferencia de algunos contratos financieros.

El desarrollo de un mercado

Si queremos entender cómo surge un mercado a partir de contratos bilaterales podemos echar mano de lo que sabemos de las economías de Radner y Arrow-Debreu y tratar de explicar, en ese contexto, como se conformaría un mercado verdadero en relación con los servicios del trabajo o por qué no llega a conformarse.

El punto de partida es la perplejidad. Digamos que lo que me interesa es entender el llamado mercado de trabajo como un haz de instituciones que determinan el empleo, el salario nominal y la NAIRU (o tasa de desempleo no aceleradora de la inflación), así como comprender lo que se quiere decir cuando se habla de la flexibilidad de este mercado y se predica de esa flexibilidad la capacidad de reducir la NAIRU. Sin embargo, no estoy seguro de saber lo que es un mercado y sí estoy persuadido de no saber lo que se entiende por su flexibilidad. Estas ignorancias resaltan inmediatamente si me fijo en la forma convencional de entender cómo se determinan el empleo y el salario real, medida la intersección de la demanda y la oferta de empleo.

Si uno considera ingenuamente esta explicación convencional, la entiende de una manera que no parece tener nada que ver con un mercado. Lo que uno ve es como una especie de contrato a corto plaz para hacer el trabajo del día y que se firma entre una empresa (digamos representativa) y un trabajador (digamos que representativo) y que recuerda a una subasta temprana para conseguir peones del campo para la recolección de ese día. La flexibilidad de este contrato también es fácil de comprender. Se refiere al salario nominal, y si no la hay porque el salario es inflexible a la baja, es posible que la oferta de trabajo exceda de su demanda y haya trabajadores que se sientan desempleados. Pero ¿es esto un mercado? ¿Y cuándo es flexible un mercado?

Para contestar a esas preguntas necesitamos un rasero conceptual de referencia, que puede venir dado por la interpretación de la Economía de Arrow-Debreu. Un mercado es fácil de entender en ese contexto. Es lo que ocurre en t = 0. Alguien (lo que llamamos mercado) hace funcionar la institución; se firman contratos contingentes con ese alguien y se compran y se venden esos contratos a un precio determinado. Si cuando llega la fecha predeterminada y se desvela el estado de la naturaleza el contrato no se honra por parte del vendedor del contrato, se exige su cumplimiento al mercado (ese alguien) y no al juez. En el equilibrio de esta economía con esos mercados, el riesgo está óptimamente asignado y no hay necesidad alguna de reabrir la negociación contractual cuando llega el momento de hacer honor a lo pactado. Lo que no se entiende en cambio es lo que significa la flexibilidad del mercado. Ciertamente, los precios de los activos y de los bienes varían con la fecha y con el estado de la naturaleza, pero esto sólo refleja las dotaciones iniciales y las preferencias y no parece que pueda estar en la base de una propiedad que llamamos flexibilidad.

Si ahora volvemos nuestra atención a la Economía de Radner la percepción es justo la contraria: entiendo lo que es la flexibilidad, pero no entiendo lo que es un mercado. Sabemos que no existen todos los mercados en el momento inicial, sabemos que, por lo tanto, no puedo cubrir mis riesgos (de que mañana llueva, digamos) de manera óptima, sabemos, en consecuencia, que trataré de firmar contratos bilaterales que sirvan para cubrirme de esos riesgos y sabemos, finalmente, que cuando se desvela un estado de la naturaleza determinado, el mercado se vuelve a abrir e intento contratar lo que deseo dadas mis dotaciones iniciales, mis preferencias y los contratos bilaterales que firmé ayer. La noción de flexibilidad es fácil de comprender en este contexto: cuantos más contratos bilaterales haya disponibles, más flexibilidad hay en la economía, y cuanto más complejo sea cada contrato (en el sentido de contemplar más contingencias), también diremos que la economía en que esos contratos son posibles es más flexible. Pero lo que es difícil de entender ahora es lo que es un mercado, ya que en el momento inicial no se compra ni se vende todo a un precio; aunque sí caben contratos bilaterales que, cuando mañana llegue un estado de la naturaleza determinado y una de las partes contratantes no cumpla, su cumplimiento pueda ser exigido ante un juez, pero no ante una institución llamada mercado, que respondería por interés propio.

Del contraste entre estas perplejidades surge la comprensión de cómo se forma un verdadero mercado en el sentido en que hemos usado ese término en los dos párrafos anteriores. La clave de la comprensión está en entender que la Economía de Arrow-Debreu es el límite de la Economía de Radner. La explicación dinámica comienza por contemplar a un market maker, es decir a un empresario entendido al estilo austriaco que vislumbra la posibilidad de crear algo y ganar dinero haciendo que funcione un verdadero mercado. Una explicación esquemática de cómo se hace esto podría ir por las siguientes líneas. Este empresario arriesgado elabora contratos estandarizados más o menos complejos. En un primer momento puede intermediar entre dos individuos, uno que quiere trasladar poder de compra al presente y otro que quiere trasladar poder de comprar al futuro, y cubrirse del riesgo de que ocurra el estado de la naturaleza menos favorable para él, ofreciéndoles un contrato en que el primero se compromete a entregar al segundo una determinada cantidad de trigo mañana si llueve, digamos. En un estadio posterior del desarrollo puede llegar a tomar posiciones propias, formando una cartera de algunos de esos contratos que le pueden proporcionar una cantidad de trigo mañana que pueda vender con ganancia. En un momento determinado nos encontraremos con varios market makers compitiendo entre sí, cada uno con su cartera propia. Esto permitirá la emergencia de un mercado secundario, posiblemente organizado cooperativamente por los market makers competidores, que permite comprar y vender esas carteras propias. Con esta facilidad cada market maker puede darse el lujo de responder del cumplimiento de los contratos en los que intermedia entre dos agentes individuales, creando así un contrato nuevo y diferente. Finalmente, un agente individual siente que se encuentra ante un verdadero mercado que le permite, a un precio, efectuar cualquier traslado de poder de compra y cualquier cobertura de riesgos y que responde sin necesidad de acudir al juez.

Esta forma de entender la formación de un mercado financiero es inmediatamente aplicable al mercado de trabajo que estaba en el origen de nuestra perplejidad, aunque todavía no hayamos introducido las empresas en el modelo. En un momento inicial aparece ese empresario schumpeteriano y que llamamos market maker, que elabora contratos quizá simples (como uno para la compañía de la recogida de uva, digamos) o quizá más complejos (por ejemplo, un contrato a largo plazo de asistencia técnica entre una empresa consultora y una productiva). Más tarde puede tomar posiciones propias siendo él el titular de esos contratos o formando una nueva empresa de reparto, de paquetería o de azafatas para proporcionar los servicios de trabajo que se puedan demandar en el futuro. También aquí podrán surgir varios market makers que organizarán un mercado secundario en el que intercambiar parte de sus carteras y que les permita garantizar el cumplimiento de los contratos en que cada uno intermedia: una empresa de catering, por ejemplo, puede garantizar el servicio sin necesidad de tener los camareros en plantilla. Como en el caso de los mercados financieros, también aquí podríamos imaginar que se va a formar un verdadero mercado en el que cada empresa puede dotarse a un precio de la plantilla que quiere en cada circunstancia futura sabiendo que el mercado se lo garantiza sin necesidad de tener que acudir al juez.

Esta forma de considerar la conformación de un mercado puede ser aceptable cuando estamos hablando de contratos financieros que acaban siendo a su vez contratados en un verdadero mercado, pero quizá parezca desenfocado cuando la aplicamos a los contratos de trabajo. Sin embargo, yo creo que no hay razón para esa sospecha de desenfoque y que, además, esta forma de mirarlo nos hace ver con claridad a qué nos referimos cuando hablamos del mercado de trabajo. Que un bien como el trabajo tenga para su contratación enormes problemas de azar moral o de selección adversa es un argumento para que surja un verdadero mercado de trabajo de la misma forma que mercados organizados como el de commodities de Chicago permiten superar problemas de selección adversa en el mundo de los cereales o como el de Wall Street, que permite superar problemas de azar moral en el mundo de la renta variable. Además, esta conceptualización nos permite entender que cuando se habla, y se habla continuamente, de la reforma del mercado, se está hablando realmente de la creación de un verdadero mercado. Es claro que tener una única institución «creadora de mercado» como el INEM dificulta la creación del mercado; de ahí que no sea ninguna tontería permitir otras agencias de empleo. Ya se permitieron las empresas de trabajo temporal (ETTL), y poco a poco se van imponiendo las agencias privadas de colocación, haciendo la vista gorda al incumplimiento de algunas de las condiciones que se les impusieron. Los sindicatos, finalmente, sobre cuyo evanescente papel advertimos en un capítulo anterior, podrían muy bien convertirse en market makers. Las resistencias sociales comprensibles a todos estos cambios explican por qué todavía no tenemos un verdadero mercado de trabajo en el sentido aquí definido.

Nada de esto me parece irrealizable y, de hecho, me parece que está llegando. La globalización hace que sea muy difícil para cualquier empresa proyectar con fiabilidad un futuro flujo de pedidos. Por lo tanto no deseará cargarse ella con una plantilla fija, sino que preferirá acudir a ese mercado de trabajo futurista que he pergeñado. Los propios trabajadores, que cada vez son más autónomos, es posible que prefieran acudir a trabajar allí donde son verdaderamente necesarios. Y, en cualquier caso, el conocimiento de las características propias de cada individuo, bien a través de su curriculum laboral, bien por lo que se deduce de sus pautas de consumo, permite asignar bien el trabajo lo mismo que se asigna bien una cartera al perfil de riesgo de un ahorrador. Este va a ser a mi juicio el cambio más profundo que vamos a experimentar en el capitalismo que viene, un cambio que encaja con la naturaleza del Homo posteconomicus, con la nueva naturaleza de la producción y con la multiplicidad de identidades del futuro que ya hemos destacado.

Cabe preguntarse, para terminar, si esto mejora el bienestar. Es imposible dar una respuesta ortodoxa. Para empezar, los teoremas del bienestar se refieren a economías en las cuales el mercado de trabajo es como si existiera realmente y no fuera un conjunto de relaciones heterogéneas. Si lo consideramos de esta última manera, hay demasiadas cosas a las que mirar como para aventurar una opinión: quizá prefiera resistir cada día la disciplina en una cadena de montaje de una empresa en la que siempre he trabajado que estar disponible para trabajos variados. Pero desde el punto de vista de la libertad personal no cabe la menor duda de que la emergencia de un mercado de trabajo de esta naturaleza ampliaría la autonomía personal y el control de nuestro propio destino.

RESUMEN

El mercado no es fruto de la naturaleza; es un fenómeno de civilización con una historia determinada fácilmente explicable en términos de evolución de los costes de transacción que, al disminuir, nos ha traído hasta hoy, cuando todavía no tenemos muchos mercados organizados. Las tecnologías de la información van a permitir rebajar dramáticamente esos costes de transacción y su desarrollo va a dar origen a una proliferación de mercados organizados que se irán pareciendo cada vez más al mercado de valores. Un ejemplo de esta evolución es el mercado de trabajo, en el que la globalización hace cada vez menos conveniente para la empresa tener una plantilla fija y en el que las TIC permiten la emergencia de trabajadores autónomos que prefieren, a fin de desarrollar sus propias personalidades, la disponibilidad arriesgada a la seguridad disciplinada y facilitan la emergencia de intermediarios que pueden incluso especializarse en tipos de trabajadores, ya que pueden extraer sus características con cierta facilidad.

Junto a la propiedad privada de los medios de producción, la asignación de recursos a través del mercado es parte esencial del capitalismo. La Economía de Mercado, como sinónimo de capitalismo, pone énfasis no tanto en la propiedad privada como en la libertad de los intercambios, de donde se deriva su importancia para la innovación creativa y su enorme capacidad para agregar y diseminar la información necesaria para la toma de decisiones. El énfasis en estas propiedades de la Economía de Mercado nos ha llevado a trascender la visión neoclásica que aísla sus buenas propiedades estáticas como mecanismo de asignación de recursos con bienes, mercados, preferencias y tecnologías dadas y a plantearnos una visión más acorde con los aspectos dinámicos subrayados por la tradición austriaca: la libertad de decisión sin coerción de autoridad alguna y la creatividad tecnológica e institucional. Esta visión del mercado está más en concordancia con la noción de Homo posteconomicus que hemos avanzado en el primer capítulo de este trabajo, y además la hace más propicia a la comprensión del impacto que van a tener en el capitalismo que se avecina la globalización, la información acumulada y las tecnologías de la información y la comunicación.

En este capítulo hemos terminado la crítica del socialismo de mercado y de la planificación que comenzamos al hablar de la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción. Allí veíamos cómo sin propiedad privada no hay incentivos para crear riqueza. En una situación así se impondría la planificación. Contra ella se ha argüido que no hay información suficiente para llevarla a cabo. Sin embargo las TIC podrían hoy generar esa información a través de la observación de las pautas de consumo y la posibilidad de recuperar las preferencias utilizando la idea de la preferencia revelada. A pesar de ello, la crítica de la planificación debe mantenerse por la cuestión ya citada de los incentivos y sobre todo porque, aunque se consiguiera mediante ella una buena asignación en términos estáticos, habríamos eliminado el motor de la creatividad tecnológica e institucional del mercado, que radica simplemente en la participación libre.

Referencias

Greif, A.: 1993, «Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: the Maghribi Traders’ Coalition». American Economic Review 83, 525-548.

—, 1994, «Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies». The Journal of Political Economy 102, 912-950.

Grossman, S. J.: 1977, «A Characterization of the Optimality of Equilibrium in Incomplete Markets». Journal of Economic Theory 15, 1-15.

Grossman, S. J. y Hart, O.: 1979, «A Theory of Competitive Equilibrium in Stock Market Economies». Econometrica 47, 293-330.

Hart, O.: 1975, «On the Optimality of Equilibrium When the Market Structure Is Incomplete». Journal of Economic Theory 11, 418–443.

Hayek, F.: 1972, The Road to Serfdom. University of Chicago Press, Chicago.

Lange, O.: 1940. «On the Theory of Economic Socialism», en B. Lippincott (ed.), On the Economic Theory of Socialism, University of Minnesota Press, Minneápolis.

Lerner, A. P.: 1934, «Economic Theory and Socialist Economy». The Review of Economic Studies 2, 51-61.

Marimon, R.: 1987, «Kreps´s Three Essays on Capital Market´s almost Ten Years Later». Revista Española de Economía 4, 147-171.

Mas-Colell, A., Whinston, M. y Green, J.: 1995, Microeconomic Theory. Oxford University Press, Oxford.

Radner, R.: 1972, «Existence of Equilibrium of Plans, Prices, and Price Expectations in a Sequence of Markets». Econometrica 40, 289-303.

Samuelson, P. A.: 1947, Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press, Cambridge, MA.

Sen, A.: 1999, Development as Freedom. Alfred A. Knopf, Nueva York.

—, 2004, «An Enduring Insight into the Purpose of Prosperity». Financial Times 21 de septiembre de 2004.

Sraffa, P.: 1960, Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge University Press, Londres.

Stiglitz, J. E.: 1982, «The Inefficiency of the Stock Market Equilibrium». Review of Economic Studies 49, 241-261.

Urrutia, J.: 1988, «Mercados y contratos financieros y el funcionamiento de la economía». Boletín de Estudios Económicos 43, 173-207.

—, 2003. «Mercado: historia de una metáfora», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2004, «Elogio de la chapuza», en http://juan.urrutiaelejalde.org.

Wolf, M.: 2004, Why Globalization Works. Yale University Press, New Haven.

Notas

1 . Ver Radner (1972).

2 . La exposición de lo que sigue, y de hecho toda la parte formal de este capítulo, está basada en Urrutia (1988), un trabajo en el que se usan profusamente trabajos de Grossman y de Hart a los que iré haciendo referencia precisa.

3 . Los dos «teoremas fundamentales del bienestar» a los que ahora nos referiremos forman parte del acervo de conocimientos común de todo economista. Pueden estudiarse en cualquier libro de texto; el más recomendable es el de Mas-Colell, Whinston y Green.

4 . Los efectos externos, o externalidades, y los bienes públicos, en cuanto «fallos de mercado» en cuya presencia los dos teoremas fundamentales no se aplican, de forma que el equilibrio competitivo no es un óptimo de Pareto, son ejemplos evidentes de falta de mercados.

5 . Aquí hacemos abstracción de la problemática asociada a esta noción que fue muy discutida en la «vieja» teoría del bienestar.

6 . Ver Urrutia (1988).

7 . El primer teorema fundamental del bienestar es cierto bajo suficientes inocuos y es muy fácil de probar. Este segundo teorema exige un supuesto básico de convexidad y para su prueba es necesario un teorema matemático de separación relativamente sofisticado. El supuesto de convexidad es también necesario para las pruebas de existencia del equilibrio competitivo. Como aquí no estamos interesados en el problema de la existencia y como no nos vamos a preocupar excesivamente por óptimos paretianos, sino por otras nociones de eficiencia o de optimalidad, podremos utilizar no convexidades.

8 . Ver Grossman (1977).

9 . Ver Stiglitz (1982) y Marimón (1987).

10 . La caracterización estándar de la asignación de equilibrio competitivo con estructura completa de mercados está contenida en el famoso teorema de equivalencia entre el conjunto de esas asignaciones y el conjunto de las contenidas en el núcleo de la economía y que son definidas como aquellas que no son objetadas o bloqueadas por ninguna coalición en el sentido de que ninguna coalición, contando con sus propios medios, puede poner a todos sus miembros en una situación mejor de lo que estarían en esa asignación que se pretendería objetar o bloquear. Este teorema también es hoy estándar y también puede examinarse en el citado libro de microeconomía de Mas-Colell, Whinston y Green. En relación a este teorema de equivalencia cabe un apunte relacionado con las TIC. Son éstas las que pueden tejer comunidades solapadas en las que cabe imaginar el compromiso que hace que, en cada coalición, la reasignación a través de la que se bloquea una asignación dada -que no podría pertenecer al núcleo- se puede hacer efectiva.

11 . La referencia más sofisticada sería la del mítico libro de Srafa, Predición de mercancías a través de mercancías. Ver Srafa (1960).

12 . Ver Hayek (1944).

13 . Ver Lange (1940) y Lerner (1934). Con toda seguridad, el contenido de la nota 2 de la p. 40 de «The Road to Serfdom» se refiere al trabajo de estos autores, que llevaba publicado bastantes años pero que no se cita expresamente.

14 . Ver Samuelson (1947).

15 . Ver Sen (1995). La coincidencia entre ambos premios Nobel, Hayek y Sen, en rechazar el welfarismo y en considerar la libertad en sí como parte del desarrollo y no sólo como una condición para alcanzarlo, ha sido puesta de manifiesto por el propio Sen en un artículo del Financial Times en el que rendía homenaje a «The Road to Serfdom» en su sexagésimo aniversario.

16 . Habría muchas citas de Hayek que avalarían esto, pero la p. 36 de «The Road to Serfdom» es suficientemente explícita: «El liberalismo económico […] considera la competencia como superior [a otros métodos de coordinar los esfuerzos individuales] no sólo porque es […] el más eficiente […] sino sobre todo porque es el único método […] sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad» (traducción y cursivas míos).

17 . La planificación considera como un mero problema de sentido común llevar a la práctica lo que queremos obtener minimizando los recursos para hacerlo. Pero, como dice Hayek en «The Road to Serfdom», p. 42, «el mero sentido común acaba siendo una guía tramposa en este campo» (traducción mía), y lo que es cierto es que lo que éste sugiere es imposible y que conseguir parte de lo que queremos exige muy a menudo, como ocurre en la naturaleza, cierta dilapidación de recursos. Ver «El elogio de la chapuza» de Urrutia (2004).

18 . Ver Urrutia (2003).

19 . Ver Greif (1993 y 1997). El Estado puede no ser estrictamente necesario, pero los ejemplos de Greif muestran que lo que sí es necesario es la existencia de reglas conocidas y efectivas. Por otro lado, la presencia del Estado puede no ser suficiente, e incluso llega a ser contraproducente, para el buen funcionamiento de un sistema económico global, tal como ha sugerido Martin Wolf, para quien un «Estado fracasado» puede ser la causa de que un país no recoja los frutos de la globalización.

Capítulo 9 : Mercados financieros y aseguramiento

Una vez que hemos adquirido una idea más o menos precisa de cómo unos contratos bilaterales se van generalizando y acaban constituyendo un mercado, estamos en disposición de entender al mercado por antonomasia: el mercado de valores, lo que a veces se denomina como «los mercados». Para ello debemos movernos en una Economía de Radner, en la que el sistema financiero no es completo, pero ahora nos interesa, para poder identificar los activos financieros como acciones (que se intercambian en un mercado centralizado con gran información común) y como obligaciones (que pueden ser intercambiadas en mercados descentralizados con poca información común), introducir la producción y movernos en una Economía de Hart, a la que ya hicimos referencia al hablar de la empresa. Esto nos permitirá acometer el estudio del mercado de valores. El análisis de la formación de un mercado que acabamos de efectuar en el capítulo anterior nos permite ahorrarnos detalles en la explicación de cómo se va conformando un verdadero mercado a partir de contratos bilaterales y nos permite prestar atención a otros aspectos más acordes con el objetivo último del capitalismo que viene, como OPAs u OPVs, así como aspectos del aseguramiento. Además, y una vez recordado que Hart mostró que la apertura de un nuevo mercado no garantiza una mejora paretiana, trataremos de examinar alguna proposición al respecto que nos permita explorar tanto el impacto en el mercado de valores de las TIC, de la proliferación de información y de la globalización, como la importancia que ese impacto puede tener sobre la amplitud del ámbito de la libertad personal del individuo. Y, finalmente, prestaremos atención a la especulación que podría llegar a haber en el mercado de valores, a lo que esperamos de esa especulación a la luz de los factores nuevos que estamos explorando y a cómo repercute todo ello en la creatividad y en la autonomía personal.

LA ECONOMÍA DE HART

Recordemos cómo al hablar de empresa en el capítulo anterior, ya nos referimos a la Economía de Hart como la de Radner con producción. Comencemos por recordar que lo que hemos hecho es introducir la producción por parte de dos empresas indexadas porj = 1,2, y sustituir el sistema financiero anterior por un mercado de valores en donde se negocian acciones o participaciones en cada empresa y las obligaciones que éstas emiten.

Veamos como funciona esta economía. En el momento inicial, cada empresa decide cuánto input comprar y, para financiarlo, emite obligaciones. Si tomamos el trigo como numerario podemos decir que cada obligación promete pagar mañana (1+r) unidades de trigo cualquiera que sea el estado de la naturaleza, introduciendo así el interés real. En ese momento inicial cada consumidor suscribe un número de obligaciones que considera adecuado, y simultáneamente acude también a la Bolsa, donde cambia su cartera inicial de acciones por la cartera que desea, cartera ésta que mañana le proporcionará unos dividendos determinados en trigo, dependiendo del beneficio de cada empresa. De esta manera se genera el valor en Bolsa de la acción de la empresa j que denotamos por Vj y que puede entenderse como el precio de la acción j que refleja los dividendos esperados. Notemos, pues, que cada consumidor, basándose en sus creencias, sus dotaciones iniciales y sus expectativas de precios decide su plan de consumo y su cartera de obligaciones y acciones, y cada productor, basándose en su tecnología y en las expectativas de precios, decide su plan de producción.

Cuando llega mañana, una vez conocido el estado de la naturaleza, las empresas ponen en práctica su plan de producción y los consumidores, una vez cobrados los dividendos y la devolución del préstamo, ponen en práctica su plan de consumo. Así se generan unos precios que, por racionalidad de las expectativas, exigimos que sean idénticos a los esperados.

El equilibrio de esta economía que acabamos de describir es algo más delicado que el de una economía sin producción, por lo que procederemos por pasos. Bajo la hipótesis de las expectativas racionales el problema del consumidor consiste en elegir su vector de consumo, y su cartera, a partir de sus dotaciones iniciales, de forma que sean la solución de un problema de maximización sujeto a restricciones que dependen del valor de cada empresa en Bolsa, valor que es igual al valor presente de sus beneficios netos. Este valor en Bolsa depende, pues, del plan de producción (yj 0, yj s). Si éste estuviera dado podríamos definir el equilibrio ahora, pero en realidad, el plan de producción no está dado, sino que es la variable de decisión de la empresa.

Ahora bien, la modelización del comportamiento de la empresa no es obvia en una economía como la que estamos utilizando. La razón es que las empresas son propiedad de los consumidores (accionistas) y, como ya vimos, hay situaciones en las cuales no va a haber unanimidad de los accionistas de una empresa para maximizar el valor en Bolsa de la empresa como, por ejemplo, ocurrirá si la maximización de los beneficios netos de la empresa exige la producción masiva de trigo a un precio muy bajo si hace buen tiempo, y un accionista minoritario posee una enorme dotación inicial de trigo si hace buen tiempo. Este accionista puede preferir que se adopte un plan de producción con poco trigo si hace buen tiempo, pues el mayor precio le proporciona mayor renta.

El problema consiste en encontrar una función objetivo admitida unánimemente por los accionistas, problema que fue solucionado por Grossman y Hart, que proponen, tal como ya vimos, una función objetivo que consiste en una media, ponderada por la participación en el capital, de la valoración personalizada de los beneficios futuros que tiene hoy cada accionista.

Definir el equilibrio es ahora fácil, pero lo interesante de esta noción de equilibrio es que la asignación correspondiente de consumo y producción es OSN, aunque para definir esta noción ahora hay que añadir, además de un planificador para las obligaciones y dos para las acciones, un planificador para la producción. Ahora podemos entrar en el estudio del mercado de valores.

EL MERCADO DE VALORES

Como decíamos más arriba, cuando se habla sin precisión de «los mercados» nos estamos refiriendo al mercado de valores; y este mercado, la Bolsa por simplificar, es el único mercado totalmente desarrollado (en el sentido explicado en la sección anterior) que existe.1 Por esa razón, su estudio en este apartado es una pieza central para acercarnos a nuestra finalidad de vislumbrar qué podemos esperar del capitalismo en el futuro, dada su crucial función de canalizar el ahorro hacia la inversión. En primer lugar recordaremos y completaremos lo insinuado en la sección anterior en relación al desarrollo de un mercado a partir de la proliferación de contratos bilaterales. En segundo lugar pasaremos una revista sumaria a algunos fenómenos que se dan en la Bolsa, como OPAs y OPVs, que adquieren una dimensión distinta vistas desde nuestra perspectiva. En tercer lugar trataremos de pensar sobre el impacto en el bienestar que puede traer la ampliación de la Bolsa propia del capitalismo popular y, finalmente, discutiremos la idea de la eficiencia del mercado de capitales.

El desarrollo del mercado de valores

Recordemos que lo dicho sobre las ineficiencias de las asignaciones del equilibrio de la Economía de Radner se debe a la falta de mercados reales. Si el sistema financiero no es lo suficientemente rico (es decir, no es completo), las ineficiencias persisten. Si nos fijamos, lo que está ocurriendo es que la ineficiencia consiste en un reparto del riesgo que podría mejorarse con nuevos mercados contingentes o, si se quiere, con nuevos productos financieros. Aunque no se puedan introducir nuevos productos financieros con generalidad, o mientras no se introduzcan por falta de regulación legal, todavía cabe la posibilidad de relaciones personalizadas entre dos agentes. A diferencia del mercado propiamente dicho, que es anónimo dado su tamaño, y por tanto requiere de una protección legal especial, las relaciones entre dos agentes a través de un contrato son personalizas y su protección requiere sólo de la legislación ordinaria. En nuestra economía de juguete con sólo dos individuos no se puede distinguir el mercado (anónimo) del contrato (personalizado), pero conceptualmente son cosas tan distintas como comprarse un coche de serie y encargar uno especial. En el primer caso al fabricante no le interesa nada quién es el comprador, en el segundo no cambiará su proceso de fabricación más que si está seguro de que, una vez fabricado, el comprador va a satisfacer el precio. Los «papeles» a firmar en uno u otro caso serán muy distintos. Si hacemos abstracción de esa limitación de nuestra economía de juguete, seremos capaces de distinguir los contratos del mercado y, finalmente, llegamos a comprender cómo se va conformando un verdadero mercado a partir de la generalización en el uso de ciertos contratos. Éstos pueden ser contratos reales o financieros. Cabe naturalmente que entre dos agentes formalicen un contrato para la entrega de trigo mañana si llueve. Esto permite traspasar poder de compra de hoy a mañana y asegurarme contra la contingencia de que el mal tiempo estropee la cosecha. Ya sabemos que esta posibilidad puede ser igualmente alcanzada mediante contratos de crédito. En general, en ellos el prestamista entrega hoy una cantidad a cambio de una cantidad mayor que el prestatario se compromete a devolver mañana si el estado s prevalece. Habrá interés en firmar estos contratos siempre que el grado de aversión al riesgo sea distinto entre los dos agentes y se podrán firmar porque la contingencia es observable por ambos y por un tercero (juez) encargado de velar por el cumplimiento de los contratos.

En una población numerosa estos contratos pueden generalizarse, y no sólo porque su cumplimiento puede ser exigido ante la judicatura, sino también por la posibilidad de verificar la con­tingencia de la que depende la forma de su cumplimiento. Esta posibilidad de coerción que representa un coste de transacción significativo puede ser sustituida con ventaja de coste por una ampliación de la confianza mutua. Como ya hemos explicado varias veces, la proliferación de la información y la posibilidad de procesarla a efectos de constituir comunidades identitarias organizadas en red, hace posible la emergencia de la suficiente confianza mutua como para que esos contratos bilaterales se vayan generalizando.

Sobre OPAs y OPVs

Lo primero que hay que notar es que lo que en el equilibrio se maximiza no es el valor presente de los beneficios netos pagados en dividendos, sino una media ponderada de las valoraciones personalizadas que los accionistas originales hacen de esos beneficios. Por lo tanto, lo que la Bolsa refleja en sus cotizaciones es algo subjetivo que podríamos denominar el valor presente esperado de sus dividendos a ojos de sus accionistas presentes y que es distinto de lo que llamaremos el verdadero valor de la empresa, que es el valor de equilibrio de la acción de la empresa si hubiera suficientes mercados contingentes futuros. En este caso la Bolsa reflejaría el valor presente de los dividendos a ojos del mercado. El problema es precisamente que no existen mercados.

Lo segundo que hay que notar es que, dada la separación actual entre accionistas y directivos, no está nada claro cómo el directivo que elige el plan de producción eligirá precisamente aquel que maximiza la función objetivo que depende de valoraciones subjetivas. Una explicación posible es que si el directivo no maximiza la función objetivo correcta, otra empresa con su equipo directivo puede ejercer una OPA (Oferta Pública de Adquisición de acciones) que contaría con el consentimiento de los accionistas presentes en la medida en que propondría un nuevo plan de producción mejor valorado que el presente, y el antiguo directivo perdería el empleo.

Esto es posible siempre que la que sería nueva dirección tenga incentivos para efectuar la OPA. Los tendrá siempre que, al no reflejar las cotizaciones en Bolsa el verdadero valor de mercado, le merezca la pena pagar algo similar a la cotización actual y posteriormente cambiar de plan de producción a uno mejor valorado tanto por los accionistas antiguos con su nueva participación como por los accionistas de la empresa que realiza la OPA.2

Pensemos ahora en las OPV (Oferta Pública de Venta de acciones) o salidas a Bolsa de empresas que no cotizan. Se suelen hacer para allegar financiación para nuevos proyectos o para que los dueños hagan caja y diversifiquen su riesgo o para someterse a la disciplina del mercado. La mejor manera de acercarnos a esta problemática es efectuar unos comentarios críticos sobre la salida a Bolsa de Google, un emblema de la Economía Digital, porque ello nos abre los ojos a ciertas variaciones que se otean en el horizonte.3

La explosión del éxito de Google es posterior a la debacle de las empresas puntocom. Ante la proliferación de información dispersa en infinitas páginas web, la necesidad de un sistema electrónico de búsqueda rápido se hace evidente y su diseño e implantación se transforma en una obvia oportunidad de negocio. El algoritmo creado por Larry Page y Sergei Brin, fundadores y dueños de Google, es un eficiente motor de búsqueda que todos utilizamos y que algunos querríamos destripar para manipular la información existente. Ese algoritmo se convierte en el código de la vida social, en una especie de taumaturgo capaz de crear diligentemente todas las redes de personas posibles y de reconocer todas las identidades imaginables, utilizando todo ello como fuente de un poder casi absoluto. Y esta especie de piedra filosofal que, de todos modos, es una empresa, sale a Bolsa. La compañía tiene competidores peligrosos, precisa financiación para vencer en la carrera competitiva y, seguramente, su dos jóvenes creadores creen llegado el momento de embolsarse parte del valor que han creado.

El procedimiento de una OPV está estereotipado. La empresa que quiere colocar acciones se pone en manos de un banco de inversiones; los correspondientes expertos estudian la empresa, el mercado de su producto, sus competidores, la estructura de la propiedad y, finalmente, la valoran fijando un precio de salida y, de una u otra forma, garantizan prácticamente la colocación entre clientes o tomando posiciones propias. Pero la revolución de las nuevas tecnologías no ha ocurrido para nada, de forma que Larry y Sergei deciden salir a Bolsa mediante la utilización del mercado, en este caso en forma de subasta holandesa organizada por la propia compañía, eliminando así parte de los costes de transacción.

Desde ese momento las dificultades no dejan de surgir. Parece que no han dado toda la información al mercado, ya que hay paquetes de acciones entregadas a los empleados. La subasta levanta suspicacias reminiscentes de las que levantó su utilización en la concesión de frecuencias radioeléctricas para la puesta en marcha de la tercera generación de telefonía móvil en Europa. Y, grave error, aparece durante el periodo que llamaríamos de discreción una entrevista de ambos dueños en la revista Playboy. El resultado es que el precio de salida y el finalmente alcanzado en la subasta son menores que los inicialmente previstos debido, se dice, a la inexperiencia de dos jóvenes díscolos que no quieren pasar por el pago de un peaje que, de hecho, es perfectamente prescindible.

Dos son, creo, las lecciones a no olvidar y ambas son independientes del comportamiento posterior de la acción de Google que, dicho sea de paso, fue bueno aunque no espectacular. La primera lección es que, tal como nos enseñan otros casos de innovación, las nuevas tecnologías tardan en imponerse (como tardará en imponerse el voto electrónico en las juntas de accionistas) debido a que quienes utilizan las antiguas tienen que amortizarlas aun después de haber perdido la batalla por impedir su uso. No debemos esperar pues que las salidas a Bolsa vayan a prescindir de los bancos de inversión en un futuro inmediato incurriendo así en un coste social eliminable. La segunda lección es que el terror que suscita una subasta no es sino la manifestación tangible del terror que produce el mercado puro y duro, como cuando, en su momento, el gobierno español optó por el concurso en el asunto del UMTS, despreciando el método de la subasta que no permite ningún tipo de intrusión.

Lo curioso del caso es que quienes con más desparpajo avisan de los peligros del mercado o de una subasta son quienes, como los bancos de inversiones, más dicen confiar en sus virtudes. Quizá sea porque saben muy bien que, gracias a las nuevas tecnologías y tal como ya explicamos extensamente en el capítulo 3, todos poseemos toda la información y podemos convertirnos en intermediarios financieros.

CONSECUENCIAS DE LA APERTURA DE MERCADOS

Confrontemos ahora los efectos que sobre el bienestar tiene la apertura de un nuevo mercado cuando éste ha podido ser creado a partir de la generalización de contratos. Sabemos de antemano4 que nada garantiza que la apertura de mercados vaya a aumentar el bienestar a no ser que así se complete la estructura de mercados o se consiga un sistema financiero completo, es decir, que sea equivalente a completar la estructura de mercado. En una situación así no parece que se pueda decir mucho más, pero un artículo ya antiguo de Hakansson5 abre alguna ventana.

Supongamos que se crean nuevos mercados financieros sobre títulos novedosos. Estos pueden ser realmente nuevos, por ejemplo opciones, o ser el resultado de la combinación de títulos antiguos (como en una fusión) o del desdoblamiento de un título antiguo (como en el caso de los spinoffs). En todos estos casos, y salvo casos especiales, la puesta en circulación de títulos que antes no existían cambia tanto los dividendos como las posibilidades de consumo futuro de cada agente, esto último porque las innovaciones ocurren en general sin que el agente tenga oportunidad de adaptar su cartera. A este segundo cambio lo denominamos cambio en las dotaciones iniciales (de títulos).

Comencemos por analizar los cambios en la estructura financiera o matriz de dividendos. Denotemos por F(A) el conjunto de consumos en fecha t = 1 que es realizable con una cartera determinada a través de la estructura financiera A. Supongamos ahora que en nuestra economía pasamos de A’ a A”. Como la cartera de mercado siempre es accesible y ésta ha cambiado, sabemos que F(A’) ∩ F(A”) ≠ 0. Por lo tanto tenemos los siguientes tres posibles tipos de cambio: 1) F(A’) = F(A”), en cuyo caso las posibilidades de compra permanecen; 2) F(A’)⊂ F(A”) (o viceversa) en cuyo caso esas posibilidades han mejorado (o viceversa) y 3) F(A’) ∩ F(A”) contenido tanto en F(A’) como en F(A”). Para cambios arbitrarios en las dotaciones iniciales y para preferencias y creencias arbitrarias lo único que podemos afirmar, siguiendo a Hakansson (1982), es lo siguiente:

Si el cambio en A de A’ a A” es del primer tipo o bien todos los agentes quedan como estaban o bien unos ganan y otros pierden.

Si el cambio en A de A’ a A” es del segundo tipo, además de lo anterior, es posible que todos los agentes ganen.

Si el cambio de A de A’ a A” es del tercer tipo, además de lo anterior, es posible que todos pierdan. Es decir, puede ocurrir cualquier cosa.

Como se observará es muy poco lo que podemos decir con generalidad, por lo que es conveniente proceder a restringir los cambios en las dotaciones iniciales permitiendo sólo los cambios que sean fuertemente neutrales, es decir, que conserven exactamente las mismas dotaciones iniciales y, por lo tanto, los mismos consumos mañana. En esas condiciones, Hakansson muestra que en los dos primeros tipos de cambio se elimina la posibilidad de que unos ganen y otros pierdan siempre que las dotaciones iniciales fueran una asignación eficiente antes del cambio.

Estos resultados de Hakansson permiten juzgar las tres innovaciones citadas. No es este el momento de entrar en detalles (por otro lado necesarios ya que no hay dos fusiones o dos spinoffs o dos opciones iguales), por lo que nos limitaremos a establecer sugerencias que como tales han de tomarse. La primera sugerencia es que la introducción de opciones al ser claramente un cambio del segundo tipo y satisfacer la neutralidad fuerte respecto a las dotaciones iniciales, no puede empeorar a todo el mundo, e incluso puede mejorar a todo el mundo y sólo mejorará a unos y empeorará a otros cuando las dotaciones iniciales no constituyan una asignación eficiente antes del cambio.6

Si hacemos abstracción de los efectos sinérgicos de spinoffs y fusiones, las dos siguientes sugerencias se siguen de la anterior. Los spinoffs son idénticos a las opciones en cuanto que han de ser de los dos primeros tipos y mantienen las dotaciones iniciales. Las fusiones, aparte de detalles, son lo contrario de los spinoffs, por lo que la tercera sugerencia es que las fusiones no pueden mejorar a todo el mundo, incluso pueden empeorar a todo el mundo y sólo tendrán efectos distributivos si las dotaciones iniciales no consti­ tuían una asignación eficiente antes del cambio.7

Pero, como siempre, no basta con este análisis estático, sino que debemos comprender, en el espíritu de los austriacos, las ventajas que trae consigo la emergencia de nuevos mercados. Por un lado ya sabemos que no son consecuencialistas, por lo que los argumentos negativos previos de Hart o Hakansson no les hacen mucha mella. Lo importante es que la creación de mercados, además de muestra de creatividad (son de hecho puro desarrollo tecnológico), incremente la autonomía personal de todos y mejore a quien los crea, dado el importantísimo deseo de participar que tiene el agente individual que no es sólo un consumidor pasivo, tal como hemos reiterado hasta el aburrimiento.

Vemos ahora cómo hay una cierta corriente subterránea entre las TIC y la concepción austriaca de los mercados, precisamente porque la iniciativa que permite crear mercados, y que queda más que justificada por la aportación de éstos, es algo cuyo mérito objetivo depende de la información. Muchos de los activos financieros que se ponen en circulación o de los contratos bilaterales que se firman son estrictamente redundantes, puesto que son combinaciones de otros ya existentes sobre los que no aportan nada. Las TIC descubren fácilmente esto, por lo que contribuyen a «limpiar» los mercados, mostrando que un activo es redundante, ofreciendo on line el mismo tipo de redundancia a un precio menor (lo que importa, y mucho, si combinar los activos tiene un coste) y, en general, liberando recursos para otros fines.

La eficiencia del mercado de capitales

Para finalizar con el análisis del mercado de capitales no podemos dejar de mencionar su eficiencia informacional. Para entender esta noción en toda su riqueza nos vemos obligados a presentar de manera desnuda la estructura informacional de la Economía, cosa que hasta ahora hemos evitado.

Lo primero es darnos cuenta de que nuestra Economía de Radner no nos es útil cuando la estructura informacional es endógena y asimétrica. Supongamos que en esa economía de intercambio y sin producción la función de utilidad de cada consumidor es la de Von Neumann y Morgensen con creencias a priori comunes ∏is = ∏si. Supongamos por simplicidad de exposición que hoy no hay ningún mercado financiero. Lo único que ocurre hoy es que cada individuo recibe una señal (información privada asimétrica) correlacionada con el estado de la naturaleza que prevalecerá mañana. A la vista de esta señal, cada consumidor revisa sus creencias, que ahora serán distintas para cada individuo. Hay que añadir que alguno de los individuos no observa s directamente cuanto llega t = 1, sino sólo a través de lo que los precios pueden revelar (información endógena asimétrica).

En estas condiciones, el equilibrio en expectativas racionales ya no nos sirve. Veamos en segundo lugar por qué, en efecto, esta noción de equilibrio no es adecuada cuando la estructura informacional es endógena y asimétrica. Tomemos el vector de precios de equilibrio de la Economía de Radner. Es claro que ese vector de precios de equilibrio es una función del vector de señales, cada una recibida por un consumidor. Si los consumidores conocen esa función y ésta es invertible, pueden conocer el vector de señales completo. Conociendo el vector completo de señales, las creencias a posteriori ya no serían las que resultan de conocer sólo tu propia señal y, en consecuencia, la función objetivo que cada consumidor hubiera querido maximizar ya no es la misma, con lo que el equilibrio es diferente. En terminología ya introducida diríamos que la asignación de equilibrio de una Economía de Radner en este caso de información endógena no es OSN-ex-post, ya que si bien los consumidores consumen en el equilibrio lo previsto, desearían de hecho consumir otras cantidades dada la nueva información que los precios de equilibrio han transmitido. Por lo tanto es claro que la asignación de equilibrio tampoco puede ser OSN-ex-ante.

Es pues necesario introducir una nueva noción de equilibrio en expectativas racionales que tenga en cuenta la transmisión por los precios de la información privada, entrando así de lleno en el tema de la eficiencia informacional. La nueva noción de equilibrio no es difícil de entender. En el momento inicial se reciben unas señales individualizadas yj que constituyen un vector y que generan unos precios, que a su vez nos transmiten la información sobre y, a través de la función inversa de precios, y llevan a unos consumos que generan precisamente esos precios de mercado, además de que los mercados se vacíen.

Ahora podemos atacar el problema de la eficiencia informacional a través del análisis de optimalidad de la asignación correspondiente al equilibrio que acaba de ser definido. Debiera ser claro que este equilibrio es el mismo que se alcanzaría en la Economía de Radner si los individuos allí conocieran el vector de señales y no sólo la suya propia. Esto nos hace pensar que la asignación de equilibrio ha de ser OSN-ex-post. Sin embargo en esta economía el análisis de optimalidad es un poco más complicado, porque conocer el vector de señales no significa necesariamente conocer el estado de la naturaleza cuando éste llega, pues además de equilibrios reveladores hay también equilibrios no reveladores.

Un equilibrio es revelador si la información revelada por los precios no es idéntica en cada estado de la naturaleza, pues esto permite conocer el estado de la Economía en cuanto llegue mañana. En este caso la asignación de equilibrio es un OSN-ex-post aunque, tal como vimos, no necesariamente un OSN-ex-ante. Esta es la noción más clara de eficiencia informacional del sistema de precios. Cuando esta misma idea se aplica a los precios de los activos financieros (ausentes en el ejemplo de esta sección) se dice que el sistema financiero (o el mercado de capitales) es eficiente, queriendo decir informacionalmente eficiente, lo que, tal como se deriva del texto, no implica eficiencia en la asignación de recursos reales ex-ante. A veces la idea de la eficiencia del mercado de capitales se expresa diciendo que no hay información privada que permita hacer beneficios porque toda la información está ya reflejada en los precios de los activos. Las dos ideas, sin embargo, no son equivalentes, pues es posible que no haya posibilidad de beneficios aunque no se refleje toda la información. Y también es posible que existan posibilidades sistemáticas de beneficios en la Bolsa debido a que hay información pública no explotada. Si un agente puede comprar información privada antes de que ésta sea revelada por los precios de equilibrio, puede influir en el equilibrio a su favor y, por lo tanto, deseará comprarla. Para evitar esta distorsión potencial, la regulación de los mercados financieros prohibe el insider trading o comercio con información privilegiada.

Para terminar este apartado digamos que si el equilibrio fuera no revelador, la asignación de equilibrio puede no ser OSN-ex-post. Si no lo es, tal como hemos visto, tampoco será un OSN-ex-ante. Si es un OSN-ex-post puede todavía, tal como sabemos, no ser un OSN-ex-ante.8

ASEGURAMIENTO Y ESPECULACIÓN

El mercado de valores, cuya eficiencia informacional acabamos de mostrar, es un ejemplo de la capacidad que tiene el mercado en general de agregar información a través de los precios, un asunto sobre el que ha escrito extensivamente X. Vives. De ahí que la especulación sea un fenómeno desasosegante en el sentido de que la información agregada puede no corresponder a ninguna objetividad. Estudiar, pues, lo que podemos esperar de la especulación en el capitalismo que viene es una tarea importante que abordaremos ahora, no sin antes resaltar el papel de aseguramiento que tienen los mercados a fin de tomar postura sobre el efecto que una mejora en la disipación de la incertidumbre, hecha posible en parte por los tres fenómenos de futuro tantas veces citados, puede tener sobre la libertad individual y sobre la creatividad.

Aseguramiento

La incertidumbre del futuro es ineluctable, pensará un liberal, especialmente si pertenece a la escuela austriaca; y lo es precisamente porque la actividad libre del agente individual genera resultados insospechados cuando entra en contacto con lo que otros hacen en el uso de su autonomía personal. Nada de esto se refleja en la Economía de Radner o en la de Hart, cuyos modelos presiden este capítulo. Vemos cómo en esta economía el futuro, «mañana» en el modelo, puede traer dos estados de la naturaleza distintos, que llueva o que haga sol en el modelo, pero hemos subrayado que las dotaciones iniciales, los outputs de trigo y, en su caso, el rendimiento de las obligaciones y los dividendos de las acciones, están perfectamente definidos en cada estado de la naturaleza. Además, conocemos la probabilidad de que «mañana» prevalezca un estado u otro. En estas condiciones, el resultado de lo que hacen todos los individuos a la vez, cada uno de ellos persiguiendo sus propias finalidades, que en el modelo consisten simplemente en maximizar la utilidad que recibe el consumo, consiste en repartir (o asignar) el riesgo de que ocurra una u otra contingencia. En el equilibrio de la Economía de Hart el riesgo está asignado óptimamente o subóptimamente según que el sistema financiero sea completo o no lo sea, en el sentido de que contenga, o no, tantos activos independientes como estados de la naturaleza son posibles mañana.

En caso de que el sistema financiero no sea completo, hay incentivos para que surja un intermediario que, de la misma forma que ocurría con los contratos financieros (y con los posibles contratos de trabajo), vaya ofreciendo contratos de seguros a la gente que pagará hoy una prima por recibir mañana una compensación en el caso de que ocurra la contingencia contra la que se ha asegurado. De esta forma surgirá un mercado de seguros verdadero. En nuestro modelo de una economía de juguete no hay manera de distinguir este mercado del financiero propiamente dicho, pero esto no hace sino replicar la realidad del capitalismo de hoy en el que, de facto, no puede establecerse una diferencia entre los seguros y otros activos financieros, hasta el punto de que, como ya ocurre en Gran Bretaña, hay movimientos renovados ante la presente crisis para que unos y otros sean supervisados por una misma agencia.

Sin embargo la actitud del público en general hacia uno y otro producto es muy distinta. Los individuos arriesgados invierten en activos financieros y diversifican su cartera para eliminar riesgos, mientras que los individuos menos arriesgados invierten en seguros sabiendo que son las compañías de seguros las que diversifican sus inversiones para poder mantener su solvencia y hacer frente a sus obligaciones en caso de que ocurra la contingencia contra la que ellos aseguran. La diferencia puede no estar sólo en la distinta actitud hacia el riesgo de los agentes individuales, sino también puede ser el resultado de otros factores. Las posibilidades de diversificación pueden estar limitadas por el tamaño, por la información y por la psicología. Es, creo, evidente que cuanto más amplios son los fondos a invertir, mayores son las posibilidades de diversificación, aunque sólo fuera por la indivisibilidad de los paquetes con los que funciona un mercado. Este hecho, sea dicho de paso, están en el origen de la emergencia de los fondos de inversión, difíciles de distinguir de una compañía de seguros. Tampoco es evidente que la información necesaria para invertir bien en activos financieros o en seguros sea exógena y simétrica. Hay instituciones especializadas en recogerla y en procesarla y su propia actuación en uno u otro mercado, junto con el de otras compañías, puede hacer variar los datos que emergen de esos mercados. Sin embargo, esta distinción referente a la información, e incluso la que quiere hacer jugar al tamaño, empiezan a no ser muy relevantes en una sociedad de la información en que las TIC funcionan cada día de manera más potente. Es difícil imaginar que en un mañana cercano la información no esté disponible para todo el mundo. Es posible que, al tratarse de un bien digitalizable, sea difícil cobrar por ello, aunque también es posible que se consiga crear un mercado para ella en el que un empresario schumpeteriano consiga hacer algún beneficio proporcionándola a un precio. Sea como sea, bien porque la información por abundante que sea es comprimible y está disponible en su integridad para todos, bien porque la competencia en el mercado de la información entre distintos empresarios se intensifica, lo cierto es que a través de este mundo de los seguros iremos enriqueciendo las posibilidades de no estar a merced de lo que el futuro nos pueda traer.

Sin embargo, es también muy posible que el desarrollo del mercado de seguros tenga un límite en los sesgos psicológicos detectados por psicólogos que han colaborado con economistas y a los que hicimos referencia en el capítulo 1 al afirmar que el Homo posteconomicus acabaría siendo psicológicamente más denso. Estos sesgos cognitivos hacen que el agente individual no perciba ciertos riesgos o no pueda llegar a pensar que puede hacer algo contra ellos. Un ejemplo de esto último podría ser el riesgo de vivir en una sociedad con una mala distribución de la renta: me disgusta vivir en ella y posiblemente incremente mi inseguridad física. Aquí las tecnologías de la información también pueden jugar su papel contribuyendo a reducir los sesgos cognitivos que nos velan la rea­ lidad y transmitiendo una campaña dedicada a dar a conocer la capacidad que tenemos como grupo humano de cubrirnos de muchos de esos riesgos.

En relación con este mundo del aseguramiento es imposible no mencionar el fascinante libro de Shiller9 en el que se pone brillantemente de manifiesto que no hay impedimento objetivo alguno para que hoy se pudieran establecer seguros sobre contingencias tan variadas y tan actuales como las siguientes: la ya mencionada de una excesivamente desigual distribución de la renta, la de una caída significativa del nivel de renta de una familia, la de pérdida del valor de una vivienda, la de bancarrota y, sobre todo e inesperadamente, la de que un país entre en dificultades económicas. El interés del libro de Shiller radica en sus explicaciones de cómo es posible que emerja la cobertura de esos riesgos. Para ello bastaría, y ello puede ser difícil, abrir los ojos a la existencia de los riesgos y poner a funcionar de verdad al mundo entero en el compartir riesgos y, sobre todo, en la acumulación de información que, como ya he afirmado, no debiera ser un problema desde que contamos con las TIC. La técnica puede ser complicada, pero la posibilidad está ahí.

Sin embargo, esta posibilidad, en muy buena parte proporcionada por los tres factores cuya virtualidad intento explorar en esta obra (sociedad de la información, globalización y TIC), plantea el puzzle intelectual más endiablado que uno puede imaginar. Es la libertad individual, propia de la Economía de Mercado, la que lleva a agentes individuales (por ejemplo, el propio Shiller) a convertirse en un empresario y market maker que contribuye a poner en marcha mecanismos sociales que cambian el escenario en que nos movemos. Si la visión de Shiller se pudiera llevar a la práctica, y cualquiera que se tome en serio los tres factores mencionados sólo tendría dudas sobre la velocidad de su implantación, cada uno de nosotros se sentiría más seguro y, cualquiera que fuera su grado de aversión al riesgo, podría liberar recursos para dedicarlos a llevar a cabo su proyecto de vida. Pero aquí surge precisamente el puzzle. Esta especie de liberación afortunada de los esfuerzos que la vida del trabajo exige se parece mucho al paraíso comunista en que por la mañana pienso y al atardecer leo poesía si esos son los gustos físicos y espirituales que me hacen crecer como ser humano, pero ¿dónde ha quedado la necesidad de libertad para ensanchar mi autonomía? Tengo tanta de esta última que parecería que ha desaparecido la necesidad de la primera. Es como si el programa liberal hubiera llegado a su fin. Quizá no puedo sentirme libre si la libertad se ha desplegado totalmente.

Especulación

En un sentido hay especulación siempre que se adquiera algo con la intención de revenderlo supuestamente a un mayor precio consiguiendo así un beneficio. Puede, pues, haber especulación en el mercado de un bien de consumo perecedero y de hecho la hay cuando las circunstancias son tan dramáticas que lo permiten,10 pero en general la especulación se realiza en mercados en los que se intercambian bienes duraderos. Puedo comprar un coche y esperar a que se convierta en un modelo de coleccionista. Lo mismo se aplica a una obra de arte con soporte físico, a una vivienda situada en una ubicación con porvenir urbanístico y desde luego a una botella de vino que por sus características no haya que considerar un bien de consumo perecedero. En cualquiera de estos mercados cabe por lo tanto que el precio no refleje el valor que su consumo tiene para el consumidor que más lo valora, sino también el beneficio que se espera realizar en el futuro cuando se revenda. Notemos que, en cualquier caso, estas cosas ocurren en mercados ya constituidos en los que se establece un precio más o menos único y que son líquidos. En un sentido preciso podríamos decir que, lejos de haber nada criticable en esta actividad, se trata de un ejemplo de creatividad y que contribuye a la diseminación de la información que se refleja en los precios, aunque puede también distorsionarla. Para entender cómo funciona este fenómeno y para averiguar qué podemos decir respecto a su futuro a partir de las nuevas tecnologías lo mejor es concentrarse en el mercado de valores que hemos estudiado en la sección anterior, porque al ser un mercado financiero es muy fácil saber cuáles son los servicios que proporciona y cuantificarlos, cosa no tan fácil si habláramos por ejemplo de vivienda o de petróleo, por mencionar lo que preocupa hoy mismo.

Pensemos, pues, en un valor determinado del que hay un número dado de acciones. Un inversor, en un momento dado, tiene una demanda de ese valor que puede ser positiva si quiere comprar o negativa si quiere vender. Digamos que hay varios inversores y que el horizonte temporal contemplado por el inversor es de t periodos. Este valor ofrece unos dividendos que identificamos por un proceso estocástico d = (d0, d1, … dt…) exógeno pero desconocido. Es decir, los dividendos de cada período son una variable aleatoria que puede estar relacionada con lo que ocurre en los períodos anteriores.

De la manera que enseguida describiré, los inversores en el momento dado que estamos considerando deciden sus operaciones de compraventa y forjan un precio determinado del valor que estamos considerando. Ahora bien, lo que haga cada individuo dependerá de la información que tenga respecto al proceso estocástico de los dividendos, d. Tratemos de especificarla. Cada individuo, i, recibe en cada momento una señal personal que puede ser entendida como una señal sobre la historia de las realizaciones hasta ese momento. Cada individuo recibe una señal de éstas de forma que en el momento que estamos considerando hay un vector de estas señales.

Pero pensemos ahora que hay una función de predicción de precios, como la introducida al estudiar la eficiencia del mercado de capitales y que indica cómo la actuación de cada individuo en el mercado que estamos estudiando, basada en la señal que él ha recibido, genera un precio determinado del activo. Si esa función de predicción de precios es conocida emite una información adicional común a todos los individuos y extraída de la observación de ese precio del activo. Por lo tanto, en cada momento del tiempo, cada individuo tiene una información doble, parte personal, parte común a todos.

Ahora bien, dada una creencia a priori común sobre el proceso estocástico de dividendos, d, esa doble información induce un conocimiento estocástico, distinto para cada individuo. En consecuencia cada uno de ellos puede calcular su personalizado valor fundamental del valor de que se trata. Este valor fundamental es la máxima cantidad que el individuo pagará en este momento t por una unidad del valor de que se trate si tuviera que mantenerlo en su cartera hasta el final del horizonte temporal. Por lo tanto, podemos definir la burbuja de un individuo determinado en un momento dado como la ganancia de capital que ese individuo espera obtener en este momento en que el precio es el que el mercado ha forjado.

¿Pueden darse burbujas positivas? Podría darse el caso si todos los individuos que esperan una ganancia de capital compraran y determinaran un precio que sostiene esa burbuja esperada. Ahora bien, ¿es esta posibilidad inmune al conocimiento de su posibilidad? Tirole (1982) probó que con un horizonte finito esto es posible a corto plazo, pero a largo plazo la burbuja desapaece. El mismo Tirole (1985) probó que en un modelo de generaciones sucesivas, que por lo tanto tiene un horizonte infinito, puede haber una burbuja positiva en ciertas condiciones. Y finalmente Santos y Woodford probaron que si consideramos activos adiciones, nunca hay burbujas positivas.11

Estos resultados suscitan comentarios interesantes sobre la naturaleza del mercado. Quizá el más inquietante es que puede existir una burbuja de forma que, en cierto sentido, tenemos aquí una excepción a la idea liberal de que los precios formados en el mercado agregan muy bien la información y que esto es bueno. Ciertamente, el ejemplo que hemos estudiado muestra que el mercado es una implacable máquina de agregar información, pero lo que pone en juego es que esa información sea una buena señal para actuar. Por ejemplo, un precio que corresponde a una burbuja puede incitar un comportamiento que se vea frustrado enseguida. Esto ocurrirá cuando alguien entre en lo que es una burbuja y ésta explote al día siguiente. Por ello sería de mucho interés poder esperar que la generalización de la información y las TIC mitiguen este «error» en las señales del mercado. Como la burbuja está basada en que hay alguien que tiene una información que le llevará a pagar por una acción más de lo que vale en base a las demandas que él, y otros que no sean él, creen que van a producirse, que surja o no depende de la información. Si, como hemos argüido muchas veces, las TIC contribuyen a crear redes y pensamos que los nodos de una red forman una comunidad que comparte la información, además de suponer que ya se han formado todas las redes posibles de forma que éstas están solapadas, resulta que todos tenemos la misma información y todos queremos comprar o vender y no hay probabilidad de que se genere una burbuja y de que yo piense que se puede formar. Éste es un argumento adicional para pensar que en el capitalismo que viene deberíamos pensar que el fenómeno de la especulación no estará muy generalizado, idea que mantengo a pesar de la experiencia presente en el mercado del crudo.

Finalmente este tipo de argumento permite en este punto un razonamiento relacionado con la desaparición del dinero fiduciario. Hoy se emplea este tipo de dinero en muchas transacciones y se hace porque tiene un precio positivo o, si se quiere, lo tiene sólo porque se utiliza, puesto que no genera ningún servicio: el precio positivo del dinero fiduciario es una burbuja. Porque existe esa burbuja este dinero fiduciario puede ser un depósito de valor, pero si hay otros depósitos de valor potenciales que además generan otros servicios, no hay razón para usarlo como dicho depósito de valor. Sólo restará, pues, su utilidad como unidad de cuenta o como una forma simple de llevar la contabilidad en el sentido de que cuando tengo los bolsillos vacíos es que he topado con mi restricción presupuestaria. Parece evidente que las nuevas tecnologías, tal como acabamos de mostrar, acaban con la posibilidad de las burbujas y que, en consecuencia, el dinero fiduciario sólo se utilizará por razones de facilitar el intercambio o por motivos de esa contabilidad primitiva. Pero ambas cosas pueden hacerse por medio de las TIC, por lo que no es muy arriesgado pronosticar la futura desaparición del dinero fiduciario. Lo que esto significa para los bancos centrales es otra historia; basta con decir aquí que de ninguna manera significa su inutilidad automática.

RESUMEN

Los mercados de valores a los que hemos prestado gran atención en este capítulo van a recibir también el impacto de las tecnolo­gías de la información (TIC) y de su capacidad para almacenar información. Se generarán muchos activos financieros nuevos adaptados al perfil de riesgo de cada ahorrador pero, gracias a las TIC, se acabará con los costes de transacción de los intermediarios y con la redundancia de muchos de los activos supuestamente novedosos. De esta manera se liberarán recursos para otras finalidades productivas de mayor interés.

Estos mercados financieros serán difíciles de distinguir de los mercados de aseguramiento cuando éstos se desarrollen plenamente. La era de la información puede despertar la conciencia sobre riesgos que ahora podrían ser mitigados en parte por la globalización y en parte por las posibilidades de cálculo actuarial que abren las nuevas tecnologías. Podemos estar seguros de que el futuro traerá una mayor seguridad económico-financiera y cabe que nos preguntemos si esta mayor seguridad acabará enervando nuestra potencia creativa.

Tanto los mercados financieros como los de seguros pueden sufrir los males de la especulación. Aunque ésta puede cumplir funciones de diseminación de información, parece que inocula un cierto vicio en el mecanismo de formación de precios que hace que éstos no puedan tomarse como señales eficientes para la toma de decisiones debido a que no reflejan sólo la escasez, sino un cierto tipo de expectativas que no tienen por qué satisfacerse. La intuición más que el análisis hace esperar, más que creer, que la potencia de las TIC en la formación de redes y en la generalización de la confianza mutua podría ayudar a evitar la emergencia de este fenómeno que distorsiona la asignación de recursos y puede tener nocivos efectos macroeconómicos. En la medida en que el uso del dinero fiduciario está basado en la positividad de su precio y esta positividad no es sino el producto de una burbuja especulativa, no es muy arriesgado pronosticar la paulatina desaparición de su circulación.

Referencias

Hakansson, N. H.: 1982, «Changes in the Financial Market: Welfare and Price Effects and the Basic Theorems of Value Conservation». The Journal of Finance 37, 977-1004.

Hart, O.: 1975, «On the Optimality of Equilibrium When the Market Structure Is Incomplete». Journal of Economic Theory 11, 418-443.

Laffont, J. J.: 1988, Cours de Théorie Économique, II: Économie de l’Incertain et de I’Information. Economica, París.

Lucas, R. J.: 1972, «Expectations and the Neutrality of Money». Journal of Economic Theory 4, 103-124.

Santos, M. S. y Woodford, M.: 1997, «Rational Asset Pricing Bubbles». Econometrica 65, 19-57.

Shiller, R. J.: 2003, The New Financial Order: Risk in the 21st Century. Princeton University Press, Princeton.

Tirole, J.: 1982, «On the Possibility of Speculation under Rational Expectations». Econometrica 50, 1163-1181.

—, 1985, «Asset Bubbles and Overlapping Generations». Econometrica 53, 1499-1528.

Urrutia, J.: 2004, «La OPV de Google: dos lecciones importantes», en http://juan.urrutiaelejalde.org

Vives, X.: 1988, «Aggregation of Information in Large Cournot Markets». Econometrica 56, 851-876.

—, 1993, «How Fast do Rational Agents Learn?». The Review of Economic Studies 60, 329-347.

Notas

1 . Recordemos que las sociedades de Bolsa cotizan en Bolsa.

2 . Nótese que esta posibilidad puede no existir. Sin embargo, ésta es una buena ocasión para reconocer que lo que se llama el mercado de control de empresas es un mero ejemplo de cómo la creatividad que proporciona la libertad de mercado contribuye al buen funcionamiento del sistema económico.

3 . Estos comentarios sobre la salida a Bolsa de Google aparecieron en Urrutia (2004).

4 . Volvemos a recordar a Hart (1975).

5 . Ver Hakansson (1982).

6 . Hoy existen mercados organizados sobre toda clase de opciones, pero el hecho de que éstos surgieran como contratos bilaterales no anónimos proporciona un ejemplo, adicional al del mercado de trabajo que ya examinamos, del paso de contratos a mercados.

7 . A la luz de esta sugerencia el lector podría preguntarse por qué se llevan a cabo. La razón está precisamente en las sinergias que generan y que pueden más que compensar a los que pierden con el cambio financiero. Las sinergias posibles dependen de cada caso.

8. En este punto es muy fácil probar un ejemplo de una posibilidad intrigante, que un equilibrio revelador sea dominado por uno no revelador. Miremos lo que parece ser un folk theorem. Supongamos que los dos individuos de nuestra economía tienen unas dotaciones iniciales Wis de W1 = (1,0) y W2 = (0,1) respectivamente. Supongamos que ambos tienen la misma u tal que u = √X1 cuando hace sol y u = √X2 cuando llueve y que P = 1/2. Si el equilibrio es revelador y hace sol, ṗ2 = 0 y ṗ1 > 0 con lo que no puede haber intercambio y u1 = 1 y u2 = 0 . Si el equilibrio es revelador y llueve ṗ > 0, ṗ1 = 0 con lo que no puede haber intercambio y u1 = 0 y u2 = 1. Si el equilibrio es no revelador, consiste en ṗ1 = ṗ2 = 1/2 y Xi1 = Xi2 1/2 para i = 1,2 con lo que ambos individuos obtienen ui = √1/2, i = 1,2. Consideremos ahora la eficiencia ex-ante. En el equilibrio revelador Eui = (1/2) (1+0) = 1/2, i = 1,2. En el equilibrio no revelador Eu1 = 1/2 ( √1/2 + √1/2 ) > 1/2, i = 1,2. Por lo tanto los individuos prefieren unánimamente el equilibrio no revelador. Miremos finalmente a la eficiencia ex-post. Si hace sol, el individuo 1 prefiere el revelador y el individuo 2 el no revelador y si llueve al revés. Por lo tanto no hay unanimidad en preferir el revelador. Se sigue que el equilibrio no revelador domina paretianamente al revelador. La razón de esta paradoja es que los precios transmiten demasiada información en el equilibrio revelador precluyendo las posibilidades de aseguramiento mutuo que existen en el no revelador.

9 . Ver Shiller (2003).

10 . Conocemos muchas narraciones veraces de cómo desgraciadamente hoy mismo muchas de las ayudas alimentarias para casos desesperados que se canalizan a través de las ONG acaban en manos de especuladores sin escrúpulos a menudo relacionados con el Estado, uno de esos estados que Wolf llama estados fracasados.

11 . Ver los dos trabajos de Tirole (1982, 1985) y el de Santos y Woodford (1997).

Capítulo 10 : Los límites del Estado

El viajero mítico de H. Simon veía, a medida que desde Marte se acercaba a la Tierra, grandes manchas verdes (que reconocíamos como empresas) y delgadas líneas rojas que conectaban entre sí bien a las empresas o a éstas con el usuario/consumidor (mercados). Si hubiéramos sorprendido al marciano en una posición espacial más cercana a la Tierra podríamos haber completado el cuento con distintos tonos de verde y con ribetes sutiles de líneas rojas. El Estado, en efecto, a veces es propietario de alguna empresa, en otras ocasiones es un simple accionista minoritario o ejerce alguna influencia sobre las decisiones -a través de diversos mecanismos- y no siempre los mercados son totalmente libres, sino que en casos específicos pueden estar regulados por el Estado.

El Estado es, pues, un agente económico cuya justificación última no es, sin embargo, económica, sino política. Lo es en el capitalismo de hoy, en el que este agente tiene un tamaño variable así como un ámbito respetable, y lo seguirá siendo mañana aunque la globalización, la sociedad de la información y las TIC vayan a influir en su tamaño (y consecuentemente en el número de ellos que se sientan, digamos, en la Asamblea General de la ONU) y en su ámbito (o porcentaje del PIB que maneja), tendiendo a reducir ambos. El objetivo de este capítulo y de los dos que le siguen es precisamente éste, detectar las fuerzas que presionan para reducir el ámbito del Estado y su tamaño. Respecto al ámbito ya hemos avanzado algo en el capítulo 8 al exponer una metáfora1 en la que se hacía referencia a la naturaleza decreciente de los costes de transacción, pero introduciremos algunas ideas novedosas respecto al tamaño.

En el capítulo 11 examinaremos en qué consiste un sector público que compite con el sector privado y con el emergente tercer sector para entender cómo y por qué es previsible que el ámbito del Estado vaya reduciéndose. En el capítulo 12 estudiaremos la cuestión del número y tamaño de los estados nacionales como proveedores de bienes públicos tanto locales como globales. En el capítulo en que ahora entro trataré de atender a dos exigencias previas, entender a nuestra manera económica qué es el Estado de una forma no menos seria que la incorporada en la comprensión del usuario y de la empresa, y comprender tanto su necesidad para mantener la competencia como el peligro que puede representar para el libre desenvolvimiento de ésta, acercándonos así a captar los límites del Estado.

Primero aplicaré un argumento ya utilizado a propósito de la posible privatización de la ciencia para entender por qué nos estamos refiriendo a lo largo de este trabajo a un Estado que podríamos denominar democrático, en el sentido profundo que surge como una emanación de la soberanía popular. Y luego explicaré por qué creo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de la libre competencia en lugar de tratar de sustituir la iniciativa privada, sin que esta tarea sea, en principio, la única deseable. Otras posibles tareas tendrán que ser presentadas y juzgadas más adelante.

LA SOBERANÍA POPULAR

Nada más alejado de mis intereses en este intento de pensar en el capitalismo que viene que la teoría del Estado. Tanto politólogos como administrativistas y constitucionalistas escriben ampliamente sobre ello, y los filósofos políticos de todos los tiempos no han ahorrado esfuerzos en la conceptualización y justificación de esta institución importantísima, y no sólo para el funcionamiento de la actividad económica. Sin embargo, para mi estrategia es necesario tener una idea clara de lo que llamamos soberanía popular para poder empezar a juzgar lo que podríamos llamar los límites del Estado que, más allá de su ámbito o su tamaño, hacen referencia a lo que dicho Estado no puede hacer en un sistema político democrático basado en esa soberanía popular.

Para mis finalidades me interesa, sin embargo, recordar a grandes rasgos las ideas básicas de Hobbes (pensador éste que uno no asociaría precisamente a la soberanía popular). Y ello por dos razones. Porque hace uso de la idea del estado de naturaleza tan familiar para cualquier economista a través de las ideas sobre la justicia de Rawls y porque el Estado aparece entonces como un agente encargado, por parte de muchos principales, de mantener el orden, una relación ésta, la de agente y principal, muy conocida también por los economistas. Estas ideas hobbesianas llegarán a nuestros días dibujando una línea cuyos últimos trazos me interesa destacar, pues me llevan a detectar una tensión latente entre el neoconservadurismo y el liberalismo que va a condicionar no pocos desarrollos del capitalismo en relación con la globalización y los problemas que ésta trae consigo. Pasaré así revista breve a las ideas de Carl Schmitt y Leo Strauss para acabar con un argumento, ya utilizado en esta obra, que desembocará en la idea de soberanía popular.

Hobbes

El estudio de la obra de Hobbes es el punto de partida natural para quien no pretende aportar nada sustantivo a la teoría del Estado pero necesita un mínimo de filosofía política para iniciar un estudio del papel del Estado en el ámbito económico. Hobbes puede ser considerado, en efecto, un precursor de la modernidad. Citando a Vallespín en su magnífico trabajo sobre nuestro autor,2 podemos decir que se trata de «alguien preocupado por “liberar” al hombre de tanta mentira depositada por las doctrinas y tradiciones y por enseñarle a aplicar su capacidad racional para poder conseguir una auténtica paz social y mayor prosperidad» (p. 303). En esta primera cita encontramos algunos de los elementos que nos interesan en este punto. Se trata, desde luego, de un comienzo que rompe con un pasado inmediato plagado de crueldad, luchas fratricidas y sangre que no podía estar mejor representado que en el El rey Lear de Shakespeare. Pero este comienzo no es uno cualquiera, sino que se caracteriza por el uso sistemático de la racionalidad, noción ésta que como sabemos es central para la economía en una u otra de las versiones que introdujimos en la primera parte de este trabajo y más concretamente en el primer capítulo. Y esa racionalidad debe ser aplicada a un tema incontrovertiblemente público (el de la paz social o seguridad), pero también a otro tema, prosperidad económica, que no corresponde en principio a lo público, pero que encontrará dificultades para su desarrollo pleno en ausencia de algunas precondiciones que, aunque suelen exigirse del Estado o del sector público, no está claro que tengan que residenciarse ahí necesariamente.

Estos dos temas que parecen abarcar de manera amplia el papel del Estado corresponden de una manera muy genérica a una tensión que nace en los albores del siglo xvii, que dura hasta nuestros días y que se manifiesta en la dialéctica continua entre el absolutismo (al que se suele asociar a Hobbes sin matices) y la soberanía popular que hoy asociamos a la democracia. Vallespín termina su ensayo ya citado sobre Hobbes, del que voy a servirme con total descaro, con las siguientes palabras: «En él [Hobbes] se manifiesta esa paradoja entre emancipación y sumisión de un modo extraordinario […] es el primero en desprenderse de un modo radical de las losas metafísicas y ontológicas, y el primero en ofrecer una teoría de la legitimidad racional, pero es también el iniciador de la “cultura del despotismo”» (p. 305). Buscamos, pues, en Hobbes el punto inicial de nuestra posición ambivalente ante el Estado. Por un lado no podemos convivir sin un conjunto de normas que organicen esa convivencia entre seres no angélicos, aunque no sabemos de entrada si esas normas son racional pero arbitrariamente impuestas por un soberano o son el resultado evolutivo del roce a veces cruel entre los hombres, o conforman el contenido de la delegación que los individuos hacen a un tercero. Por otro lado, cualquiera que sea el origen de esa normativa para la convivencia, su extensión no puede ser muy grande, porque si acabara dominando todos los aspectos de la vida imposibilitaría el despliegue de creatividad propio de la iniciativa privada. «Liberación y disciplinamiento», subraya Vallespín, «son los dos ejes sobre los que desde sus inicios ha discurrido la modernidad, y aquí se nos presentan por primera -quizá última- vez con una nitidez sin parangón» (p. 305.)

El punto de partida de esta claridad necesaria a efectos de ubicar correctamente al Estado hoy, está en la noción metodológica del estado de naturaleza, que puede servirnos como constructo intelectual para legitimar el poder del Estado. Este estado natural está ocupado por unos seres humanos con naturaleza de ángeles caídos. Entre ellos no hay fraternidad, entendida ésta tal como la describíamos en el capítulo 6,3 sino que cada uno de estos ángeles caídos es esclavo, por una parte, de un egoísmo que hace que sólo se relacione con los demás por necesidad y/o por beneficio, y por otra parte, de un orgullo tal que le coloca siempre en situación de competencia irracional con sus semejantes. Como todos creen tener capacidad para enfrentarse a cualquier otro y dominarlo para apropiarse de sus pertenencias, todos los hombres viven en un permanente estado de ansiedad, dominados por el deseo de atacar y el miedo simultáneo a ser atacado. Este último puede prevalecer y resultar en lo que hoy llamaríamos una guerra preventiva que acabe generalizándose y abocando a esa forma de vida que fue descrita de forma famosa e inmejorable por Hobbes como «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».4

Para evitar las consecuencia terribles de una vida así -que no es tan distinta a la que todavía podemos observar hoy en ciertos lugares del mundo, y no necesariamente del mundo subdesarrollado-, Hobbes establece unas leyes que llama naturales pero que haríamos mal en entender actualmente como provenientes del derecho natural en tanto que manifestación de la voluntad del creador. Es cierto que la cultura de su tiempo le hace expresarse de manera ambigua, pero la exégesis más cuidadosa parece aceptar que la justificación última de esas leyes naturales no estaría en la deontología o en la ética en general, sino en la política. La legitimidad última de esas leyes naturales vendría dada por un decisionismo político que reaparecerá después de más de dos siglos en Schmitt y que ahora se va a plasmar en el verdadero Estado. El problema de esta última legitimidad puede entenderse hoy por un economista de manera nítida planteando el estado de naturaleza como un dilema del prisionero, un juego que explicamos con detalle en el capítulo 1, que es más que conocido y que ha sido utilizado en este contexto por Gauthier.5 La racionalidad del jugador resume la naturaleza que Hobbes atribuye al hombre. Esta naturaleza lleva inexorablemente a la situación no cooperativa equivalente al estado de naturaleza. La situación cooperativa no es sostenible y si por casualidad estuviéramos en ella, el ángel caído acabaría dejándose llevar por su propensión a traicionar y a jugar unilateralmente la estrategia no cooperativa. Hay muchas soluciones propuestas a este dilema. Entre ellas hemos mencionado en su momento la limitación del conocimiento mutuo de la naturaleza del prójimo. Ni esta solución ni otras muchas que se han propuesto en la literatura pueden considerarse la formalización adecuada de la solución propuesta por Hobbes en su Leviatán.

En efecto, la solución que propone Hobbes al problema planteado por el dilema del prisionero en que se traduce el estado de la naturaleza consiste en un pacto que se expresa así en el Leviatán: «Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, dando dicha autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres con la condición de que tú le concedas tu derecho de igual manera y le des esa autoridad sobre todos tus actos» (p. 227). Es una solución que mezcla la delegación con el cheap-talk, diríamos hoy. Cuando el compromiso es imposible, como es el caso en el estado de naturaleza, sólo caben estrategias que se sostienen a sí mismas –self-enforcing– o, como mencionaba antes, soluciones sofisticadas de teoría de juegos que no tienen un obvio correlato real, o precisamente la delegación como sustituto del compromiso (commitment), pero una delegación que ha de hacerse en cada caso y de manera condicionada a que cada uno de los demás la haga también. Estas estrategias condicionadas están relacionadas con la posibilidad de contactos previos que conforman lo que se llama cheap-talk. Como veremos más adelante en este capítulo, esta misma problemática de la delegación subyace a la justificación de las agencias reguladoras independientes que tanto proliferan en los estados modernos. En estos casos la delegación no necesita cheap-talk porque se hace directamente del Estado a la agencia reguladora. El problema de estas agencias es que su independencia es revocable, y esta posibilidad de revocación nos llama la atención sobre el hecho de que esa misma amenaza planeará siempre sobre el Leviatán, a no ser que se dote a ese monstruo de todos los poderes necesarios para evitar tal revocación.

Es justamente en este punto donde radica la tensión de la modernidad que tiene su origen en la que está presente en el Leviatán como solución al horror del estado de naturaleza. Si ha de ser una solución para siempre (o de una vez por todas), sus poderes han de ser totales, pero si lo son caemos en el totalitarismo, que sabemos incompatible con la autonomía personal necesaria para el desarrollo individual. Si admitimos muchas de estas libertades individuales, no hay manera de evitar la posibilidad eventual de la revocación de la delegación, con lo que se dificulta la capacidad apaciguadora del Leviatán. La opinión de Hobbes de que «la mayor libertad de los súbditos proviene del silencio de la ley» (p. 271) es, ciertamente, muy moderna. Como dice Vallespín, lo que identifica a las libertades individuales es su carácter residual en los ámbitos no previstos en la delegación que efectuamos a favor del Leviatán. Es una construcción sorprendente que explotaré enseguida, cuando trate de ofrecer una teoría de la soberanía contraria a la del Carl Schmitt, quien heredó el decisionismo hobbesiano, pero no su defensa de las libertades individuales. Sin embargo, antes de entrar en este plantea­miento de la soberanía popular, quiero dejar constancia de que lo que llamaríamos el problema de Hobbes pierde virulencia en presencia generalizada de las TIC en la sociedad de la información. El insoportable recelo mutuo que acaba exigiendo, según Hobbes, un Leviatán, no lo sería tanto en presencia de unas TIC generalizadas cuya principal virtualidad es ir tejiendo unas redes de individuos sostenidos por la confianza mutua que surge de cualquier tipo de identidad cultivada en la red de redes. Por otro lado, la tensión entre absolutismo y necesidad de iniciativa individual libre que la obra de Hobbes representa se hace menos perentoria en la sociedad de la información, puesto que aparecen como posibles soluciones al dilema del prisionero que surge en el estado de naturaleza que, aunque menos ingeniosas que las citadas, a menudo aparecen como más utilizables al estar basadas en el conocimiento acumulado y disponible sobre el comportamiento de cada agente individual.

La soberanía popular

A partir de estas ideas de Hobbes6 bien conocidas me interesa destacar ahora que el conservadurismo siempre tiene este origen hobbesiano, aunque en cada caso se citen autores más modernos. En particular creo importante entender cómo se entiende el conservadurismo americano de nuestros días, puesto que su influencia alcanzó a todos hasta ayer mismo.7 Este conservadurismo americano, de raíces profundas y antiguas, se ha configurado especialmente a partir del 11-S como una referencia inevitable en la discusión política general, y me atrevo a augurar que ahí seguirá durante bastante tiempo a pesar de que algunos quieran ver en el fracaso de la guerra de Irak la decadencia de su específica versión neo-con. Creo que esta última referencia conserva todavía su vigencia como un asunto central para la convivencia normal en sociedades desarrolladas a un lado y otro del Atlántico. Por eso es importante hacerse cargo de lo que significa.

Es un lugar común que esta referencia neo-con tiene un protagonista central en Leo Strauss. En su trabajo sobre él, Fernando Vallespín8 afirma que la finalidad del judío Strauss era «combatir la opción integracionista de un importante sector de la intelligentsia judía. Tanto de los guiados por un entusiasmo liberal como de quienes cifraban su esperanza en el marxismo […]. Por un lado saludaba a la crítica schmittiana en lo que tenía de puesta en cuestión de la ingenua pretensión liberal de reconciliar las contradicciones. Pero por otro subrayaba el peligro de intentar resolver este impasse en una nueva política exclusivamente dirigida a delimitar la relación amigo/enemigo […] Nuestro autor propone otra salida: la favorecida por Maimónides con su peculiar reconciliación de filosofía y tradición» (pp. 336-337).

Que la tradición americana es la que debe organizar la convivencia en América más allá de nefastas influencias europeas de carácter nihilista, y que éstas están a punto de enervar la fuerza creativa de aquélla es el aviso que lanza Alan Bloom en el ya clásico The Closing of the American Mind.9 Pero esta tradición americana está cruzada por dos influencias bien reflejadas en el decisionismo de Carl Schmitt, para quien «la dictadura sería decisión concreta en contraste con el liberalismo (romántico) de la burguesía que no se decide por la lucha y se comporta como una “clase discutidora” que traslada la actividad política a la discusión en la prensa y el Parlamento» (p. 256).10 De ahí que Schmitt comenzara su Politische Theologie con las famosas palabras : «Soberano es quien decide sobre el estado de excepción» (p. 250).11 Que el 11-S pueda tomarse como el origen de un estado de excepción ha hecho que la pobre tradición liberal quede ahogada por el neoconservadurismo de origen schmittiano, para el que, como hemos visto, la soberanía justifica el uso de la fuerza (la dictadura) cuando hay un conflicto excepcional.

Lo que pretendo a continuación es armar un argumento de tipo económico para atacar la hegemonía actual (quizás ya evanescente) de la influencia schmittiana y defender ese liberalismo ingenuo, inoperante, incapaz de decidir, discutidor y conciliador. El punto de partida es la pregunta crucial sobre quién puede usar la fuerza cuando las pautas de conducta normales en una sociedad no operan en un ámbito como el terrorismo internacional, que es conflictivo y no está previsto. Para contestarla usaré un argumento propio de la literatura sobre contratos incompletos que ha sido utilizado típicamente para justificar la propiedad privada de una determinada parte de las firmantes de un contrato como el derecho a tomar decisiones en las contingencias no explicitadas en él, y que configuran un caso excepcional, con la finalidad de llegar a entender por analogía el papel de la soberanía en el estado de excepción y poder determinar quién debe ser titular de tal soberanía.12

Una comunidad prepolítica, en efecto, no es sino un haz de contratos, pero en ninguno de los componentes de ese haz se pueden tener en cuenta todas la contingencias posibles. Pues bien, tal como explica O. Hart en su libro que he citado a menudo, en esas condiciones de incompletitud de los contratos, lo importante desde el punto de vista de la eficiencia es quién tiene los derechos residuales, es decir quién tiene el poder de decisión cuando llega una circunstancia no prevista en ellos. Pensemos en una comunidad premoderna y digamos que el contrato central para la formación y desarrollo de esa comunidad se firma entre el señor y una clase especial de agente privado, que denominaré el pueblo, y que ese contrato consiste en especificar ex-ante las aportaciones complementarias de uno y otro al entramado de la convivencia. El señor pone las armas (el capital), que no valora en sí mismas, y el pueblo, que sí valora las armas en sí mismas por su capacidad liberadora, pone su carne de cañón (el trabajo), es decir, su capacidad de usar esas armas. Si este contrato fuera completo estaríamos en presencia del problema de identificar el óptimo de primer rango, la soberanía sería irrelevante para la eficiencia y no habría problema de incentivos. En un contrato completo, en efecto, no hay problema de incentivos porque el criterio obvio para decidir las respectivas inversiones complementarias es la maximización del beneficio conjunto. Y este es el criterio obvio en función del cual el reparto posterior de este beneficio está perfectamente especificado. Cuál sea esta especificación, es decir, de quién son los beneficios, influye en la distribución entre capital y trabajo (o entre el señor y el pueblo en nuestro caso), pero no en la eficiencia. Ahora bien, parece evidente que un contrato como el presentado no puede ser un contrato completo, por lo que habrá muchas circunstancias en las que es imposible verificar si se están cumpliendo los pactos establecidos ex-ante. Es evidente que cuando este contrato es incompleto, el reparto del beneficio conjunto no puede estar especificado perfectamente en toda contingencia y, en consecuencia, el óptimo de primer rango no es alcanzable. El óptimo de segundo orden dependerá ahora de los incentivos. Pues bien, ahora sí que la soberanía es esencial para los incentivos (y por lo tanto para alcanzar el óptimo de segundo orden), pues determina quién tiene derecho a forzar la continuidad del proyecto de vida en común, hecho posible por la presencia de las armas, en el caso de que surja una desavenencia entre el señor y el pueblo no tenida previamente en cuenta.

Pensemos en primer lugar que el señor y el pueblo van a producir conjuntamente un bien privado, por ejemplo cereales cultivados por el pueblo y protegidos (contra su posible depredación) por el señor. Supongamos que la soberanía se asigna al pueblo. En tal caso es evidente que el señor no tiene incentivos para aportar un arsenal poderoso, pues se va a quedar con él sin poder utilizarlo si el soberano decide no continuar cultivando. Supongamos por el contrario que la soberanía pertenece al señor. En este caso este señor tiene un incentivo claro para invertir más en armas, pues si hay desavenencias él puede decidir y exigir que el cultivo continúe. Es decir, cuando se produce un bien privado a través de un contrato incompleto, la propiedad ha de ser de quien aporta las armas, es decir de quien aporta lo que los economistas llaman capital. Éste sería el argumento para defender que la soberanía se asignara al señor de forma que éste se convertirá en el Estado con su fuerza coactiva y decisoria.

Hasta aquí no he hecho sino traducir a Hart del lenguaje de la propiedad al de la soberanía de forma que resalte una convicción schmittiana: que la soberanía está en la fuerza. Pero pensemos ahora que entre las armas del señor y la carne de cañón del pueblo van a producir un bien público que llamamos seguridad colectiva. La situación es ahora bien distinta. Supongamos que la soberanía perteneciera al señor y que éste hubiera decidido hacer una inversión muy grande en arsenal bélico. En este caso, si el acuerdo se rompe ante una contingencia no prevista, hay dos posibilidades: que el señor decida interrumpir el proyecto de seguridad colectiva o que decida continuarlo. En la primera eventualidad ha malgastado una gran inversión; en la segunda, el rendimiento se lo lleva el pueblo, que es quien se beneficia de la seguridad colectiva, luego cabe pensar que el señor no tiene incentivos para hacer una gran inversión en armas. Supongamos ahora que la soberanía fuera del pueblo y que el señor ha decidido hacer una inversión muy grande. Si el acuerdo se rompiera, al pueblo le compensa seguir en el proyecto aunque tenga que ceder parte del excedente al señor porque él, el pueblo, valora mucho el arsenal que le proporciona la seguridad colectiva y la posibilidad eventual de liberación si puede apoderarse de él. En consecuencia, el señor tiene incentivos para construir un arsenal bélico importante. Diríamos que, en este caso, la soberanía pertenece al pueblo, que el Estado no nace como tal y que algo como el Estado es empleado a un precio por el pueblo para aportar la coacción al proyecto de defensa colectiva.13

Llegado a este punto debería estar claro que en este segundo caso, que no es sino la adaptación a nuestro problema de teología política de un trabajo general de Besley y Ghatak, el pueblo tiene la soberanía y decide el uso de la fuerza en caso de estado de excepción. Nada de esto tiene que ver con la teología ni con la lectura del mundo como dividido entre el bien y el mal, característica del movimiento neo-con. Se trata del reparto del poder en una situación compleja de una forma que es self-enforcing, que se impone por sí misma, porque consigue el óptimo de segundo orden cuando no se puede conseguir el óptimo de primer orden.

El problema de la concepción neoconservadora de presunta raíz schmittiana es que no parece entender, o parece querer olvidar, que el óptimo de primer orden no es alcanzable. Para plantarles cara en defensa del liberalismo basta pues con hacerles ver que ni ellos ni nadie puede diseñar un contrato completo para organizar la convivencia. Este reconocimiento es el que subyace, en efecto, en el planteamiento de los liberales pragmatistas americanos que, lejos de imaginarse y desear el final de la Historia, prefieren y tratan de practicar un continuo negociar y renegociar contratos explícitos o implícitos entre distintas instancias de la ciudadanía que se sabe soberana.

Esta dicotomía y tensión entre conservadurismo y liberalismo, con todos los matices que se quiera, constituye un ruido de fondo sobre el que hay que montar las ideas sobre la forma de funcionar del Estado y los comentarios sobre en qué dirección va a soplar el viento de los nuevos factores que estamos examinando. El examen de la influencia de éstos aparecerá con mayor nitidez más adelante, pero ahora cabe añadir algo a lo mencionado en la nota 13 del capítulo 7. Consideremos la globalización. En la medida en que la globalización puede hacer más peligroso el terrorismo, la balanza se inclinará hacia el conservadurismo. En la medida en que la inmigración propiciada por esa globalización plantea problemas serios, aparecen soluciones conservadoras (asociadas al multiculturalismo) en competencia con ideas liberales (asociadas al pluralismo cultural) muy diferentes unas de otras, pero con las posibilidades abiertas por las TIC apuntando en favor de las últimas. En la medida en que haya que ponerse de acuerdo para luchar contra el terrorismo, las negociaciones liberales aparecerían como las adecuadas en un mundo en que la información y las TIC sostienen un sustrato de confianza mutua más profundo que el del estado natural hobbesiano.

Si en vez de pensar en los posibles efectos extremos de la globalización pensamos en el fenómeno de la competencia, caemos en la cuenta de que importa, y mucho, cuál es la filosofía de fondo. Una competencia impuesta con autoritarismo podrá evitar colusiones, pero elimina parte de la autonomía personal, mientras que una competencia continuamente negociada respeta esa autonomía personal, pero puede no ser muy eficaz para evitar el poder del mercado. La cuestión no es fácil, y para ir acercándonos a ella pensaré a continuación precisamente sobre la competencia.

COMPETENCIA

En el ejemplo que acabo de utilizar a efectos de entender la soberanía popular he utilizado muy a propósito la seguridad como la función propia de un Estado, una función que tiene características de bien público y que parece apropiada en estos tiempos en que nos enfrentamos al terrorismo de corte islamista también llamado internacional. Sobre esto hablaremos en el capítulo correspondiente al tamaño del Estado, así como en el epílogo, pero ahora es bueno darse cuenta de que el soberano, ese agente que llamábamos pueblo, es como un principal que encarga a un agente especial las tareas que le parece conveniente delegar. Una de esas tareas será sin duda la defensa de la competencia, de la que hablaremos en el capítulo correspondiente al tamaño del Estado. Pero antes de focalizar muestra atención en estas tareas que difícilmente pueden dejar de ser propias de ese agente que llamamos Estado, cualquiera que sea su ámbito y su tamaño, hemos de introducir la posibilidad, inherente a la noción misma de competencia, de que los agentes privados traten de capturar al Estado para que trabaje para ellos en particular en un intento de capturar o hacerse con rentas que no provienen de su actividad en un marco competitivo, sino del aprovechamiento de alguna regulación favorable. Entramos así en lo que podríamos denominar los límites del Estado en su función ordenadora de la convivencia.

Ahora elucubraré sobre dos aspectos cruciales. En primer lugar elucubraré sobre el capitalismo de amigotes que trata de capturar al Estado con todos los males que ello trae consigo y en la potencia profiláctica que los mercados pueden tener al respecto. En segundo lugar indagaré en cómo la iniciativa privada puede ir más allá de los mercados y servir como un mecanismo social de alineación entre los incentivos privados y los intereses sociales.

La captura del Estado

No se puede hablar del Estado desde el punto de vista económico sin tener muy presente la posibilidad de su captura y los incentivos evidentes que existen para intentar dicha captura, con lo que la fuerza creativa del mercado quedaría enervada. En lo dicho hasta aquí, y especialmente en el capítulo anterior, poco a poco y desde distintos ángulos teóricos, novedosos unos y más tradicionales otros, hemos alcanzado una comprensión cabal de la potencia del capitalismo como forma de generar riqueza y de mejorar el bienestar de los ciudadanos, potencia que hay razones para pensar que se hará efectiva en un futuro empujada por los tres factores que reiteradamente hemos citado como centrales para nuestro estudio. Desde un punto de vista microeconómico relativamente ortodoxo, y en cualquier caso perteneciente a la corriente teórica principal, hemos mostrado que la propiedad privada es imprescindible para la creatividad del mercado. Desde una perspectiva microeconómica menos ortodoxa y reminiscente de la tradición austriaca, hemos llegado a comprender el papel del empresario como motor de ese mercado que es capaz de agregar eficientemente la información y que es capaz de innovar continuamente. Pues bien, complementariamente con estas dos maneras de pensar microeconómicas, la macroeconomía más combativa está tratando de elucidar cuáles son las variables clave que explican, además de la distribución de la riqueza entre las naciones, las dificultades para el desarrollo de muchas de ellas. En las Walras-Pareto Lectures del año 2002, Prescott y Parente, basándose tanto en la abundante evidencia factual como en su manera de calibrar y calcular la solución de modelos de equilibrio general dinámico, acaban elaborando su diagnosis sobre la naturaleza de las barreras que se oponen a la creación de riqueza.14 Básicamente, lo que según ellos ciega la creatividad y la creación de riqueza que la libertad de mercado trae consigo, es la connivencia entre gobierno, empresarios y clases sociales establecidas, lo que en este apartado llamamos la captura del Estado. El gobierno paraliza la introducción de nuevas tecnologías disponibles para acabar de exprimir las antiguas en beneficio de propietarios poco arriesgados y sin ningún espíritu de innovación que detentan el monopolio de su explotación y se constituyen en clase dominante. La breve mención de la salida a Bolsa de Goo­ gle efectuada en un capítulo anterior demuestra la pertinencia de esa acusación de Parente y Prescott.

Quizá en este punto sea aceptable una breve incursión histórica que muestre que esta concatenación de ideas entre la competencia, su mixtificación por un Estado capturado y su purificación por los propios mercados no resulta nada alejada de la experiencia de los españoles que hoy están más allá de la cincuentena. En efecto, en el franquismo, que como régimen económico específico quizá duró hasta bien entrados los setenta, existía de facto una connivencia implícita general y básica (trufada quizá de excepciones honrosas) entre gobierno, empresariado y banca. Esta última era, quizá de manera involuntaria, un instrumento del gobierno para llevar a cabo su estrategia económica, de supervivencia primero y de desarrollo después, basada en empresarios amigos y dóciles y en una férrea regulación de precios y tipos de interés que garantizaba a empresarios y banqueros el reparto del dividendo a sus accionistas. En estas condiciones difícilmente hubieran podido los empresarios, industriales o financieros haber cumplido con su función de crear riqueza más allá de su fidelidad a los planes gubernamentales. El papel creativo del mercado estaba a su vez cegado o abortado por una regulación minuciosa y por una burocratización enervante de la vida económica. Mientras duró la autarquía, este modelo de régimen económico pudo sostenerse e incluso algunos historiadores podrían argüir que sirvió para recapitalizar en todos los sentidos una economía devastada por la guerra… y por siglos de abandono. Pero a medida que se abrió la economía desde principios de los sesenta, el modelo se hizo más y más insostenible y acabó constituyendo una verdadera rémora para la puesta al día de la economía de un país como España, que hubo de esperar a la transición para empezar a desperezarse de manera generalizada. El desarrollo posterior de España da testimonio de la corrección de las ideas de Prescott y Parente. Los intereses creados fueron siendo vencidos, tecnologías nuevas y más acordes con la potencialidad del país fueron introducidas por empresarios dignos de tal nombre, la banca pudo finalmente cumplir con su papel independiente de manejo de riesgos y el mercado de valores experimentó un crecimiento notable.

Bajo esta forma vetusta de organizar la actividad económica que prevaleció durante treinta años en España y que estoy describiendo se esconde una corrupción básica y profunda. No se trata sólo de que bajo regímenes autoritarios quepa amasar fortunas desproporcionadas que no responden a lo aportado a la sociedad, sino que se trata, sobre todo, de la connivencia descrita, que es la que hace posible en gran escala lo que vulgarmente se llama corrupción y la que escamotea cualquier oportunidad de discutir democráticamente el plan de desarrollo diseñado por el gobierno y sus amigos o la distribución de las posibles ganancias que, a falta de discusión y claridad, acaba siendo puesta en práctica por el gobierno según la fuerza relativa de sus aliados. Es esta corrupción básica y profunda (revelada, como diría Hayek, en que la verdad ha hecho mutis por el foro y en que no hay autonomía para el desarrollo del propio proyecto de vida) la que imperó e impera en Latinoamérica y que la llevó al desastre económico en la década perdida hasta que se inició la apertura como estrategia económica para el desarrollo, y la que, con ingredientes diferenciales, conforma el eje básico de la estrategia de los países del sudeste asiático que ha dado en denominarse crony capitalism, o capitalismo de amigotes en traducción libre. Y con todos los matices que se quiera, esta corrupción básica impide o bien la constitución del capital humano o bien el acceso al poder de las clases educadas, y constituye un freno objetivo a la circulación de las élites y, en consecuencia, al rejuvenecimiento de las ideas y, finalmente, al desarrollo económico.

Nada de lo dicho hasta aquí es novedoso en sí mismo. Lo que es menos conocido es el papel que puede jugar el propio mercado en la eliminación de esta corrupción básica y en el desmantelamiento de las barreras a la creación de riqueza. Y es poco conocido a pesar de que es precisamente este papel el que centra la defensa propiamente liberal del mercado que va más allá de la defensa neoclásica basada en los teoremas fundamentales del bie­ nestar, y que a diferencia de ésta tiene en cuenta el autoritarismo que siempre estará asociado al Estado aunque éste nazca de la soberanía popular, debido precisamente a la captura del mismo sea por las llamadas clases dominantes o por los propios funcionarios. Esta regeneración ocurrió en España a principios de los sesenta en un primer momento y, más en serio, desde principios de los ochenta. En Latinoamérica se ha iniciado en los noventa. En ambos casos el proceso de saneamiento comienza con la apertura al exterior y con la liberalización del comercio, es decir dejando que funcione el mercado, pero el proceso no culmina mientras sea posible la devaluación. ¿Por qué? Porque es una manera de ir tirando sin preocuparse de las mejoras en productividad que son necesarias para competir y que sólo pueden alcanzarse cuando las nuevas élites incorporan al proceso productivo su capital humano y su más elaborada cultura del riesgo.

El caso del sudeste asiático muestra con evidencia palmaria la incompatibilidad entre un tipo de cambio fijo y el capitalismo de amigotes ante la fuerza profiláctica de los mercados. La connivencia mencionada, además de haber llegado a ser negativa para el propio desarrollo, genera un problema típico de azar moral. Los inversores trasladan capital a corto plazo a los bancos asiáticos atraí­ dos por un altísimo tipo de interés y tranquilizados tanto por las reservas acumuladas en los bancos centrales como por la garantía implícita otorgada por el gobierno frente a cualquier crisis de solvencia de los bancos. Ésta es una situación explosiva. Da igual cuál sea su detonante. Una vez que el inversor sospecha la inoperancia de esa garantía retira sus fondos, las reservas bajan en un deseo de frenar la devaluación y cualquier anuncio de subir todavía más los tipos de interés para frenar la sangría es totalmente increíble y contraproducente. La devaluación se hace imparable y ya está.

Los tres casos examinados muestran, en negativo y en positivo, la capacidad de los mercados para derribar las barrera al desarrollo. En España y en Latinoamérica la connivencia entre gobierno y empresarios duró y dura mucho porque la única influencia de los mercados fue a través de la apertura al exterior en una época en que los movimientos de capital eran escasos (debido a la falta de instrumentos, de mercados y de tecnologías) y en que la posibilidad espúrea de la devaluación permanecía activada. En el sudeste asiático esta corrupción básica ha durado menos, sin duda por el sistema de tipo de cambio fijo, pero también porque la movilidad del capital estaba potenciada por la variedad de mercados y por los instrumentos nuevos nacidos al socaire de la tecnología de la información.

La lección más importante que nos ha enseñando la crisis financiera del sudeste asiático que se inició en el verano del 97 es que la libertad del mercado ayuda a que el capitalismo de amigotes sea reemplazado en un tiempo récord por un capitalismo anónimo que ha permitido superar la crisis y seguir creciendo. El punto crucial, dada la libertad general de movimientos de capital, es elegir entre tipo de cambio fijo y corrupción básica. Si se opta por el primero, la corrupta connivencia vigente acabará disolviéndose, circularán las elites y se creará riqueza. Si por el contrario se quiere exprimir la situación vigente todavía más, el sistema de cambio fijo es insostenible. Todo esto arroja alguna sospecha sobre quienes se oponen a la dolarización en Latinoamérica: quizá no son defensores de la soberanía nacional, sino de la oligarquía retardataria local. Todavía constituye un aviso sobre los límites del gobierno en las democracias consolidadas de la Europa en la que estamos inmersos: el gobierno no podría sostener mucho tiempo un capitalismo de amigotes aunque quisiera. Y, finalmente, debería poner coto a los deseos de limitar la libertad de movimientos de capital.

Estas ideas históricas que parecerían fuera de lugar en un capítulo dedicado al Estado son de hecho pertinentes a la hora de encarar tanto el tamaño de los distintos estados nacionales como el ámbito de cualquier Estado tal como haremos en los siguientes capítulos. Para terminar con este fenómeno del capitalismo de ami­gotes voy ahora a destacar cómo puede acabarse con el mismo a través de las nuevas tecnologías (TIC). Tal como dije en Urrutia (2004c), internet es capaz de ir tejiendo redes identitarias entre cuyos nodos hay confianza mutua, y de ir solapando unas con otras hasta que, en el límite, cada nodo está enlazado con cualquier otro nodo y en ese límite los costes de transacción se han evaporado y la competencia perfecta se había hecho realidad. El monopolista se comportará como un competidor perfecto. A nuestros efectos esto quiere decir que la pandilla de amigotes que creen haber capturado el Estado conforman como un hub y éste no tiene nada que ofrecer, pues todos los demás consumidores están conectados entre sí. De hecho el hub cuando existe es porque tiene alguna ventaja en paliar la desconfianza mutua, pero ésta se ha disipado del todo en la red que visualizamos en el límite. El corolario político es ahora obvio. En la red-límite nadie tiene poder, ni siquiera el grupo de amigotes. Se tiene poder cuando se puede infringir un daño a los demás retirándose y esto no ocurre en la red-límite. Un consumidor cualquiera, incluido el padrino de la pandilla, puede retirarse sin que eso afecte a las oportunidades de los demás. El padrino mencionado se dará cuenta de que no cumple ninguna función socialmente útil porque no hay ninguna que cumplir cuando la confianza mutua está generalizada, tal como muestra la presencia de todos los enlaces posibles. Su amenaza de retirarse es inocua.

Dando un cierto salto lógico y disciplinar, yo me atrevería a aventurar la sugerencia de que los neoconservadores de un lado u otro del Atlántico, seguidores más o menos fieles de Carl Schmitt que pretenden hacer valer el poder y/o la fuerza para organizar la convivencia de una manera definitiva que naturalmente consagra ese poder y/o esa fuerza, son como los hubs sin función social en el límite. Sobran y su poder es inexistente. En consecuencia su deseo de parar la Historia es un mal sueño. Son como monopolistas que desearían perpetuar su poder de monopolio, pero que ven sus deseos frustrados por la imposibilidad de materializarlos en un mundo en que no hay costes de transacción y en donde, análogamente, la confianza mutua permite no contar para nada con el monopolista.

Iniciativa privada y alineación de incentivos

Trataré ahora de formalizar un poco más la idea de la potencia profiláctica de los mercados generalizándola un poco. La generalización está ya implícita en muchas observaciones realizadas en los dos capítulos anteriores. Cuando hablamos de los mercados y de sus virtudes nos estamos refiriendo, más en el fondo, a la iniciativa privada que, de hecho, es la que no sólo usa los mercados, sino que los crea a partir, como vimos, de contratos bilaterales que se van generalizando. Pero esta iniciativa privada no sólo actúa creando o usando mercados, sino que también funciona si le dejan en el ámbito de las instituciones, sea creándolas, sea gestionándolas. Cuando a veces (aunque los libros de texto cada vez ponen menos énfasis en esto) hablamos de fallos de mercado, nos estamos refiriendo a situaciones en que los incentivos privados no están alineados con los intereses públicos. En competencia perfecta sin externalidades ni bien públicos, esta alineación se da y el coste marginal privado coincide con el coste marginal social; es decir, nadie impone a otros algo que no pague él. Como es bien sabido, cuando hay externalidades, éste no es el caso y el coste social es mayor que el privado cuando la externalidad es negativa, o al revés si la externalidad es positiva; es decir, el incentivo privado a producir y vender una unidad más, ya que el precio excede al coste marginal privado, no coincide con el interés social que, por ejemplo, podría sufrir un incremento de coste mayor que el precio que se pague por esa unidad. También es bien sabido que en este caso de externalidades no hay grandes problemas informacionales y que un Estado puede poner impuestos u otorgar subvenciones que vuelven a alinear el incentivo privado con el interés social.

Sin embargo, cuando la situación se refiere a un bien público en cuya provisión no hay posibilidad de exclusión y en cuyo consumo no hay rivalidad posible porque todos consumen el total del bien, la alineación de incentivos e intereses ni ocurre ni parece fácil de recuperar. Tradicionalmente se ha puesto como ejemplo de estos bienes públicos la defensa nacional, los fuegos artificiales o los faros y, más recientemente, la propia competencia. El problema aquí es más complicado. Por un lado tenemos que el beneficio marginal social, que es la suma de la voluntad marginal de pago de todos los usuarios, es mayor que el coste marginal individual, con lo que, si pudiéramos cobrar a todos el coste marginal, el coste social sería mucho menor que el privado (el beneficio social mucho mayor que el privado) y se infraproduciría necesariamente. Por otro lado y a diferencia del caso de las externalidades en que el Estado puede saber cuánto hollín pasa de mi horno de pan a la ropa tendida de mi vecino, en el caso de un bien público, el Estado no puede saber cuál es la voluntad marginal de pago de cada usuario ni puede aspirar a que se la confiesen porque hay un obvio incentivo del usuario a infravalorarla sabiendo que en cualquier caso no le pueden excluir de su uso o racionárselo. En este caso no se trata de que el Estado, que existe por las razones que fuere, podría arreglar las cosas mediante pequeños parches al funcionamiento normal de un mercado con propiedad privada de los medios de producción e iniciativa individual, sino que esta última no entrará nunca a producir un bien público, sino que éste tiene que ser producido colectivamente, y aun así con dificultades, pasando de esta forma la presencia de bienes públicos a formar parte del catálogo de razones para la existencia del Estado, que no sería sino la forma que toma la iniciativa colectiva.

Desde que Samuelson expuso estas ideas con nitidez en 1956 se desarrolló un gran esfuerzo15 para encontrar formas en que el Estado podría obtener la información exigida mediante mecanismos de interacción entre el Estado planificador y el usuario que envolvieran un intercambio de información por dinero (referido al pago que tendría que hacer por el uso del bien público). En general estos algoritmos conseguían extraer la información adecuada (o, como se dice, la revelación de la verdadera voluntad marginal de pago) a cambio de un coste presupuestario. Estos algoritmos muy propios del aspecto ingenieril de la tradición neoclásica nunca, o raramente, se han puesto en práctica y la provisión de los bienes públicos se ha llevado a cabo de muy diversas maneras que se han ido decantando con el paso del tiempo y que no excluyen algunas iniciativas privadas. Coase ofreció en 1974 un magnífico y detallado ejemplo de esto último relatando con detalle la historia del servicio de faros en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Unos comentarios al respecto nos llevarán hasta la enunciación de un principio que ha de presidir el tratamiento del Estado en este trabajo.

El ejemplo de los faros de Coase muestra de entrada que la propiedad pública del productor del bien público no es necesaria, pues a lo largo de la Historia la iniciativa privada construyó y utilizó muchos faros seguramente porque ello constituía un buen negocio. Para que lo fuera era necesario que las tarifas que habrían de pagar todos los buques que arribaran a puerto y que estaban fijadas por una autoridad estatal, fueran suficientes, cosa fácil de garantizar si esa autoridad central contabiliza el tráfico marítimo y controla los costes de operación y construcción. Lo primero es muy sencillo y lo segundo tampoco es difícil si la construcción y operación exigen una licencia otorgada por una u otra autoridad estatal y solicitada por los usuarios. Es de suponer que éstos la solicitarán si son «incentivados» a hacerlo por el que quiera ser dueño de un faro que acabará entregando cantidades diferentes a cada usuario para que solicite la licencia correspondiente. Como observamos fácilmente, el usuario acabará pagando por el uso del bien público un precio personalizado, diferente al pagado por otro usuario, aunque la tarifa que acabe fijándose sea común. Lo interesante es que la iniciativa privada ha sido capaz de organizar de manera social lo que los algoritmos ingenieriles descubrieron más tarde que habría que hacer.16

Este ejemplo tiene varios corolarios y comentarios. El primer comentario, meramente erudito, es que esta fuerza institucional de la iniciativa privada está ya en La riqueza de las naciones, aunque al estar en la parte que Smith dedica al desarrollo, no se suele reparar en ella cuando se habla de la mano invisible que se limita a los mercados.17 Un corolario obvio es que no se puede utilizar la naturaleza pública de algunos bienes como justificación del Estado. Hemos mencionado en varias ocasiones que Greif ha mostrado que el intercambio diferido en el tiempo puede sostenerse sin Estado. Ahora vemos que éste tampoco es necesario para la provisión de bienes públicos. No nos debiéramos extrañar, por lo tanto, de que, de acuerdo con la metáfora que desarrollamos en el capítulo anterior, el mercado vaya ganando terreno al Estado. El corolario más importante, sin embargo, es uno que va a constituir el principio que denominaré de las virtudes de la alineación de incentivos de la iniciativa privada y que va a jugar un papel central en los siguientes capítulos cuando tratemos de desmontar el capitalismo de amigotes, cuando pongamos en tela de juicio el ámbito y el tamaño del Estado y cuando reflexionemos sobre la defensa de la competencia.

RESUMEN

En este primer capítulo sobre el Estado, el argumento se ha centrado en dos ideas preliminares pero cruciales: la soberanía popular y la competencia. La primera idea trata de salir al paso de la concepción conservadora del Estado que, sin llegar a ser totalitario, presenta unos preocupantes ribetes autoritarios incompatibles con la libertad que desencadena la creatividad. La segunda idea pretende alertar sobre el peligro de que el Estado sea capturado de formal tal que, lejos de preservar la competencia, acabe colaborando en la conformación del capitalismo de amigotes, una verdadera lacra. La pregunta que centra esta primera entrega sobre el Estado es, por lo tanto, en qué medida el conservadurismo y el capitalismo de amigotes pueden sostenerse, medrar o fracasar ante un futuro dominado por la información, las nuevas tecnologías o la globalización.

En cuanto a la idea del Estado, se ha destacado la tensión entre conservadurismo y liberalismo. Por un lado, esa tensión que tiene su origen en Hobbes, pierde virulencia ante las TIC y en el seno de la sociedad de la información. Las primeras son muy útiles para generar comunidades identitarias enlazadas por la confianza mutua que elimina el recelo existente en el estado natural. La segunda hace que la información acumulada respecto a la manera de ser y actuar de cada sujeto permita planteamientos relativos a la tensión entre conservadurismo y liberalismo menos artificiosos que el representado por las soluciones del dilema del prisionero, que podría tomarse como representativo del estado de naturaleza en el que se plantea el problema de la legitimidad de las llamadas leyes naturales.

Esta información generosamente disponible hace también que las dificultades de la delegación que Hobbes cree ver por debajo del poder de Leviatán, o el problema que la existencia de muchos principales plantea a la relación de agencia que subyace a la figura del Estado cuando se entiende la soberanía popular como la forma de «completar» un contrato incompleto, puedan contemplarse con un cierto optimismo.

Con relación a la competencia que el Estado debería tratar de preservar a fin de alentar la creatividad que subyace a toda prosperidad económica, las nuevas tecnologías (TIC) y la información en general pueden ayudar a que el capitalismo de amigotes se desestabilice y a que la iniciativa privada despliegue su capacidad de alinear incentivos privados e intereses sociales. Esto último deviene más fácil cuanta más información haya disponible, y por lo tanto deja de ser un problema real en la sociedad de la información, donde la gestión privada de los servicios públicos puede llegar a ser una costumbre rutinaria. Y en cuanto al capitalismo de amigotes y a la actitud conservadora en general, se transforman en instancias sociales imposibles en un contexto en el que el netweaving propio de las TIC ha conseguido el contacto de todos con todos. En una situación así el poder ha encontrado su límite y no puede ejercerse.

También la globalización va a tener influencia sobre los problemas tratados en esta parte o sobre otros que, derivados de éstos, serán tratados más adelante. Como la globalización puede facilitar el terrorismo o hacer de la inmigración algo rutinario, las soluciones conservadoras aparecen como más intuitivas que las liberales, que se asocian al presuntamente contraproducente apaciguamiento o al denostado hoy pluralismo cultural. Sin embargo, iremos viendo como las nuevas tecnologías van a ir cambiando esa intuición.

Referencias

Besley, T. y Ghatak, M.: 2001, «Government Versus Private Ownership Of Public Goods». The Quarterly Journal of Economics 116, 1343-1372.

Bloom, A.: 1987, The Closing of the American Mind. Simon and Schuster, Nueva York.

Coase, R. H.: 1974, «The Lighthouse in Economics». Journal of Law & Economics 17, 357-376.

Gauthier, D. P.: 1969, The Logic of Leviathan. Clarendon Press, Oxford.

Gómez Orfanel, G.: 1994. «Carl Schmitt y el decisionismo político», en F. Vallespín (ed.), Historia de la teoría política, vol. V, Alianza, Madrid.

Groves, T. y Ledyard, J.: 1977, «Optimal Allocation of Public Goods: A Solution to the “Free Rider” Problem». Econometrica 45, 783-810.

Hart, O.: 1995, Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford University Press, Londres.

Hobbes, T.: 1989, Leviatán. Trad. C. Mellizo. Alianza Editorial, Madrid.

Olivella, P.: 1990, «Una introducción a la delegación como mecanismo de compromiso». Revista de Economía Pública 7, 37-52.

Parente, S. L. y Prescott, E. C.: 2000, Barriers to Riches: The Walras-Pareto Lectures. MIT Press, Cambridge MA.

Samuelson, P. A.: 1966. «The Pure Theory of Public Expenditure», en J. E. Stiglitz (ed.), The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 1223-1225.

Schmitt, C.: 1922, Politische Theologie. Duncker & Humblot, 1934, Leipzig.

Smith, A.: 1776, The Wealth of Nations. Cannan ed. Modern Library (1994), Nueva York.

Urrutia, J.: 1992a. «Constitución y Ciencia Económica», en J. Urrutia (ed.), La mirada del economista, Biblioteca Nueva, Madrid.

—, 1992b. «El Estado y la metáfora del mercado», en J. Urrutia (ed.), La mirada del economista, Biblioteca Nueva, Madrid.

—, 2000, «Una reconstrucción de la fraternidad aristotélica mediante la teoría de los juegos evolutivos». Telos 9, 89-120.

—, 2003. «La potencia profiláctica de los mercados», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2004a, «Coste de transacción, redes y neoconservadurismo», en http://juan.urrutiaelejalde.org.

—, 2004b, «Prescott y Derrida», en http://juan.urrutiaelejalde.org

—, 2004c, «A propósito de Schmitt». Expansión 2 de noviembre de 2004.

—, 2005, La mirada del economista. Biblioteca Nueva, Madrid.

Vallespín, F., ed. 1990a, Historia de la teoría política. 5 vols. Madrid. Alianza.

—, 1990b. «La vuelta a la tradición clásica: Leo Strauss, E. Voegelin», en F. Vallespín (ed.), Historia de la teoría política, vol. 5, Alianza, Madrid, pp. 354-396.

—, 1990c. «Tomás Hobbes y la teoría política de la Revolución inglesa», en F. Vallespín (ed.), Historia de la teoría política, vol. 3, Alianza, Madrid, pp. 254-309.

Notas

1 . Ver también a este respecto Urrutia (1992a), que se reproduce en el libro «La mirada del economista. Una biografía intelectual de un filósofo mundano de los 90», 2005. En esa pieza se hace la referencia a Urrutia (1992b) que se recoge en el libro citado.

2 . Se trata de Vallespín (1990b).

3 . Ideas que provenían del trabajo de Urrutia publicado en Telos el año 2000.

4 . Esta famosa cita se encuentra en el cap. XIII del Leviatán de Hobbes, en la edición que menciono en las referencias.

5 . Ver Gauthier (1969).

6 . Hay que contrastar estas ideas con otras más cercanas a la idea de evolución espontánea, que no parecen exigir un Leviatán para garantizar el orden en una comunidad. A estos efectos véase el trabajo sobre la fraternidad en Aristóteles aparecido en Telos y citado en la nota 3.

7 . Para entender ese conservadurismo americano ofrezco a continuación una revisión apenas ampliada de mi trabajo «A propósito de Schmitt», que apareció en Expansión; ver Urrutia (2004a).

8 . Ver Vallespín (1990c).

9 . Ver las referencias.

10 . Ver el trabajo de Germán Gómez Orfanel, «Carl Schmitt y el decisionismo político», en Historia de la teoría política (1990), F. Vallespín (ed., de donde saco la cita de Schmitt).

11 . Cabría objetar que según Schmitt es soberano quien decide cuándo una situación es excepcional, mientras que en el texto parece ser soberano el que decide lo que se hace en ese estado de excepción. Un poco de reflexión nos hace ver que un soberano que no puede actuar después de haber declarado el es­ tado de excepción no es tal, y que quien pudiera hipotéticamente actuar en situaciones extremas no lo hará «legítimamente» si no se ha declarado dicho estado o estará condicionado en su actuación si no es él quien lo declara.

12 . Este mismo argumento fue utilizado en la parte del capítulo 3 relativa a la propiedad privada a fin de entender cómo es posible concebir la propiedad privada de la ciencia.

13 . He aquí la idea de delegación, que es como una relación agente/principal y, por otro lado, sirve como un sustituto de la incapacidad de compromiso entendido como commitment (ver Olivella). Ni que decir tiene que los problemas de la delegación, que los tiene, así como los que aparecen en la relación de agencia cuando hay muchos principales, como sería el caso de la soberanía popular cuando el pueblo deja de ser una mera licencia retórica, se suavizan con la abundante información existente en la sociedad de la información.

14 . Para hacerse una idea asequible del modo de trabajo de Prescott, galardonado con el premio Nobel del año 2004, se puede utilizar Urrutia (2004b). Lo que sigue está tomado con ligeros retoques de Urrutia (2003).

15 . Aunque aquí podríamos acumular multitud de referencias, basta con ofrecer la de Groves y Ledyard. Ver referencias.

16 . La historia de las concesiones del espacio radioeléctrico para la puesta en funcionamiento de los teléfonos móviles de tercera generación ilustra muy bien la potencia de la iniciativa privada y pone de manifiesto cómo esta iniciativa privada puede colaborar a alinear los incentivos de los operadores para quedarse con parte del mercado y los intereses de los consumidores para disponer de un nuevo medio de comunicación.

17 . En efecto, el libro V de «La riqueza de las naciones» está repleto de comentarios reminiscentes de los de Coase sobre faros en relación con la provisión de servicios públicos como la defensa, la justicia, la educación, las obras públicas e incluso la propia administración de los ingresos públicos.

Capítulo 11 : El ámbito del Estado

De acuerdo con las ideas generales de esta tercera parte de El capitalismo que viene, podemos constatar una paulatina reducción del ámbito del Estado en la actividad económica junto a la consiguiente ampliación del ámbito del mercado. En este capítulo queremos insistir en ese hecho desde dos puntos de vista correspondientes a algunos fenómenos recientes. Mencionaré primero la emergencia de un tercer sector, algo notable que colabora a reducir el ámbito del Estado. Luego consideraré las consecuencias no deseadas que pueden llegar a tener otras formas de reducir ese ámbito del Estado, como pudieron ser las privatizaciones de empresas públicas y la emergencia de agencias reguladoras independientes (ARI). En el análisis de los tres fenómenos mencionados procuraré destacar que la reducción del ámbito del Estado no sólo redunda en el ensanchamiento del ámbito del mercado, sino también que la iniciativa privada, inseparable de la competencia, coopera eficazmente en la reducción del ámbito del Estado.1

EL TERCER SECTOR

Es tradicional clasificar la actividad económica en sector privado y sector público, aunque sería analíticamente más clarificador clasificarla según las asignaciones se consigan a través del mercado o a través de otros mecanismos asignativos. Ambas clasificaciones no coinciden del todo. Por un lado, hay actividades del sector privado, por ejemplo las actividades benéficas, que producen asignaciones mediante un mecanismo que ni es de mercado ni utiliza los precios. Por otro lado, hay actividades del sector público que se llevan a cabo en el mercado y a través del sistema de precios, por ejemplo, la producción de tabaco en España.

La pregunta relevante es, por lo tanto, por qué algunas actividades pasan por el mercado y por qué otras no. El siguiente marco analítico elemental permite orientar la respuesta. Sea E una clase de entornos económicos y sea e ∈ E un mecanismo de asignación de recursos. β, nos da, para cada e, un subconjunto en Rln2 en donde l es el número de bienes y n es el número de individuos. Es decir, el mecanismo nos dice quién da qué a quién: β (e) = A ⊆ Rln2. A un mecanismo le exigimos propiedades, algunas de las cuales menciono ahora, pero que no describiré, pues o bien son conocidas, o bien no nos conciernen en este momento. Un mecanismo de asignación de recursos debería ser consistente, insesgado, eficiente, compatible en incentivos, equitativo, seleccionador del núcleo, etc. Pues bien, en ciertas clases de entornos, E, el mecanismo de precios cumple «todas» las propiedades deseadas, pero en otra clase de entornos, E’, esto no es cierto. Las características de estos entornos E’ en los que el mercado no cumple sus funciones con la limpieza que desearíamos gravitan siempre en torno a nociones a las que, en un momento u otro de este trabajo, se ha prestado o se prestará atención: costes de transacción, incertidumbre, problemas informativos (incompletitud y asimetría), no convexidades (o rendimientos crecientes a escala), externalidades y bienes públicos.

Hay muchos casos en los que esto explica la generación de instituciones privadas que excluyen de su seno el funcionamiento del mercado. Así aparecen, tal como hemos visto en un capítulo anterior, las empresas. Pero así aparecen también, por ejemplo, las uniones de empresas, las integraciones verticales o las cooperativas como forma empresarial especial. En su seno los recursos se asignan mediante mecanismos, llamémosles β, que no son de mercado y que no coinciden en todos los casos: β1βk. En general estos mecanismos no son anónimos y ejercen la autoridad y el control.

Hay otros casos (asociados en general a bienes públicos y a no convexidades) en los que no hay instituciones privadas con β asociado que sirvan para solucionar el problema y lo que se genera son instituciones públicas que en su seno asignan los recursos de acuerdo con mecanismos β que no son de mercado o no tienen por qué serlo. Estas instituciones públicas a veces asignan bienes directamente (educación, defensa, etc.) y a veces los asignan a través del mercado (construcción de buques hoy en España), pero en cualquier caso los β, β1βh no tienen por qué coincidir con los β‘s.

El tercer sector

En este marco analítico se expresa fácilmente una conclusión ya avanzada con anterioridad a través del visitante marciano deH. Simon que se acerca a la Tierra: la mayor parte de las asignaciones (en cantidad o en valor) no pasan por el mercado. De ahí que la preocupación por mecanismos de asignación de recursos no de mercado β o β no sea trivial. Parte de esta preocupación está reflejada en la economía de la empresa. La otra parte se relaciona con el estudio de instituciones públicas o de formas de empresa curiosas. Esta preocupación general tiene dos aspectos. Primero: qué mecanismos β o β son los adecuados. Segundo: estas instituciones, ¿son suficientes para eliminar las características del entorno que hacían fallar el sistema de mercado? En general no, y por lo tanto, en este segundo aspecto nos preocupamos de la ordenación paretiana de las posibles asignaciones. Pero, como veremos en el siguiente apartado de esta misma sección, a veces surgen instituciones privadas (que pueden sustituir con ventaja a las instituciones públicas) que aparecen gracias a la iniciativa privada cuando se le deja funcionar.

Pero más allá de la distinción entre sector privado y sector público, entre mercado y Estado, me interesa introducir en este punto lo que se llama el tercer sector.2 La aparente crisis del Estado del Bienestar, a la que nos referiremos en la parte IV de este trabajo, y la reciente salida a escena de la denominada sociedad civil han creado un interés inusitado por el tercer sector como una instancia intermedia entre el sector privado y el sector público. La realidad de cada día nos ofrece, cada vez con mayor densidad, noticias sobre las actividades de las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que, como su nombre indica, no pueden pertenecer al sector público, o de algunas fundaciones de las que difícilmente puede postularse el ánimo de lucro propio del sector privado.

Es conveniente contar con una descripción de las organizaciones que hoy tramitan enormes transferencias unidireccionales y con una evaluación de la importancia cuantitativa de sus gastos e ingresos. Afortunadamente se han dado pasos en esta dirección. En efecto, en mayo de 1990, la Universidad Johns Hopkins, a través de su Institute for Policy Studies, lanzó un ambicioso proyecto internacional para tratar de describir y analizar la situación comparada del sector sin ánimo de lucro (nonprofit sector) en doce países significativos: seis desarrollados, cinco en vías de desarrollo y uno del antiguo bloque soviético.3 El profesor Salamon, director del citado Instituto, coordinó y animó el trabajo de cientos de especialistas durante tres años y finalmente, junto con el profesor Anheier de la Universidad Rutgers, ha dado cuenta de los resultados obtenidos en The Emerging Sector. An Overview.

Aunque hay trabajos más recientes, éste nos da una idea suficiente para mis finalidades. Según Salamon y Anheier, este sector emergente estaría formado por aquellas organizaciones (no políticas o religiosas) que comparten las siguientes características: 1) estar formalmente constituidas (cualquiera que sea su naturaleza jurídica), 2) ser organizacionalmente independientes del Gobierno (aunque ejecuten las decisiones de éste), 3) no tener ánimo de lucro, 4) ser independientes en su gestión, y 5) contar, en algún grado significativo, con trabajo voluntario.

Visto así este sector empieza a ser algo descriptible. No incluiría, por ejemplo, agencias gubernamentales, mutuas de seguros, cajas de ahorros, cooperativas, partidos políticos o congregaciones religiosas. Sí incluiría, por ejemplo, instituciones educativas, dispensarios de salud, asociaciones de investigación, asociaciones profesionales, agencias de servicios sociales, clubes recreativos y fundaciones culturales. Incluso podemos avanzar un poco en la determinación cuantitativa de este tercer sector así delimitado. Según el estudio citado, en los siete países4 de los que se dispone de datos completos, este sector alcanza una dimensión no despreciable. En términos de empleo ocuparía a 11,8 millones de empleados y a 4,7 millones de voluntarios, y en términos de gastos contaría con 600.000 millones de dólares como gasto corriente, un 5% del PIB de los siete países. Estos gastos están muy desigualmente distribuidos por actividades. Hay cuatro actividades que dan cuenta de casi el 80% de estas cifras de gasto. Se trata de Educación e Investigación (24%), Salud (22%), Servicios Sociales (16%) y Cultura y Recreo (16%). También se nos ofrecen datos sobre fuentes de financiación de las distintas actividades. Como media de los siete países considerados tenemos que el 47% de los ingresos proceden de las ventas del propio sector, el 43% de subvenciones del sector público y el 10% de donaciones privadas (incluyendo fundaciones). Sin embargo, esta estructura de financiación difiere mucho entre actividades. Las ventas son particularmente importantes en educación e investigación (50%), las subvenciones gubernamentales lo son en salud (51%) o servicios sociales (59%) y las donaciones privadas en asistencia internacional (35%). El gasto en Cultura y Recreo está financiado de la siguiente manera: 65% por ventas, el 21% por subvenciones del sector público y el 14% por donaciones privadas.

La pregunta interesante en relación a este tercer sector es si contribuye a reducir el ámbito de los otros dos o si aumenta el de uno de ellos en detrimento del otro. La pregunta no es inocente y su respuesta no es obvia. Para algunos muchas de las actividades que se llevan a cabo en este tercer sector representan una carga más para el sector público que, en muchas ocasiones según lo visto, complementa los fondos que las instituciones de ese sector emergente pueden atraer de otras fuentes, desembolsando unas cantidades que quizá no hubieran sido desembolsadas en ausencia de las ONG. Para otros, sin embargo, fundaciones, ONG y demás instituciones contribuirían a descargar algunas tareas del Estado residenciándolas en la sociedad civil. Para la mayoría, este nuevo sector no tiene nada que ver con el sector privado, pero para algunos pocos puede ser el comienzo de una nueva forma de asignar recursos no guiada por el beneficio.

Mi punto de vista al respecto es que la emergencia de este tercer sector reduce el ámbito del Estado o sector público y es como una ceremonia de iniciación hacia la ampliación del sector privado. Este punto de vista está basado en dos ideas. La primera idea, que sería especialmente aplicable a las ONG, ya ha sido mencionada dos veces en este trabajo. La primera en el capítulo 2, cuando me preguntaba por la posible privatización de la ciencia, y la segunda vez en este mismo capítulo al hablar de la soberanía. Se trata de la idea de Besley y Ghatak de que si entre el Estado como inversor y los técnicos se produce un bien público apreciado sólo por estos últimos, la propiedad de los medios de producción para la producción de ese bien público debiera recaer en los técnicos. No repetiré el argumento ahora, pero sí diré que Besley y Ghatak tienen in mente precisamente a las ONG. Este traslado de la propiedad privada hacia la sociedad civil reduce el ámbito del sector público, aunque no es evidente que eso mejore las asignaciones ni tan siquiera que aumente la autonomía personal de los individuos, pues puede ocurrir que haya fallos propios del tercer sector o que éste se burocratice.

La segunda idea justificativa de mi afirmación de que la emergencia del tercer sector reduce el ámbito del Estado o del sector público y aumenta el del sector privado no es menos intrigante y puede ser explicada más fácilmente si nos circunscribimos al ámbito más reducido del mecenazgo. En el trabajo que aquí estoy siguiendo pasaba revista a las ventajas o desventajas que dicho mecenazgo puede tener con relación al sector público cuando hay fallos de mercado en el sector cultural. Sobre esto ya he hablado en el capítulo 3, pero ahora se trata de mostrar con mayor claridad cómo un verdadero mecenazgo debe entenderse como creación de mercados, concentrándonos para ello en la figura de la fundación.

MECENAZGO, FUNDACIONES Y MERCADO

Comencemos por la explicación obvia del mecenazgo que se avanza en el trabajo de referencia. Pensemos en cultura como incluyendo también la ciencia y razonemos que el Estado, incapaz de cargar con el creciente coste fiscal del mantenimiento del output cultural, ofrece incentivos fiscales al mecenazgo que, eventualmente, a medida que la economía se desarrolla, acaban siendo aprovechados por la iniciativa social. Para que la explicación sea completa todavía falta algo, pues no está claro por qué la iniciativa social se acoge a estos incentivos fiscales en lugar de a otros incentivos relacionados con otros campos. ¿Qué tiene la cultura que no tenga, por ejemplo, la vivienda y que hace que florezcan los mecenas en el primer campo y no en el segundo?

Lo primero que hay que hacer notar es que la cultura es un magnífico candidato para constituir una señal. No cualquier actividad puede constituir una señal. Que un constructor de viviendas promocione unos pisos nuevos pequeños, destinados a la juventud en edad de casarse, no es una señal de que el constructor sea un mecenas del matrimonio, pues en cualquier caso esa es la actividad que sería racional que realizara. Sin embargo, que el constructor de viviendas regalara su promoción sí sería una señal de que es algo más que un constructor de viviendas, puesto que para un agente económico tal, regalar viviendas es irracional. Muy a menudo la señal es más ilustrativa. Por ejemplo, si estudio un doctorado estoy señalando que soy inteligente, pues de lo contrario el coste de obtener dicho título sería, racionalmente, prohibitivo. Pues bien, el caso de los gastos unidireccionales en cultura de una empresa son un caso intermedio. Es una señal de que soy algo más que una empresa, por ejemplo, financiera. Pero no cualquier «otra cosa», sino que esa «otra cosa» está relacionada con mi gusto por ese bien que llamamos cultura y que sólo se aprecia con su uso. Señalo pues que tengo un estatus especial: el de degustador de la cultura de toda la vida. O de ciencia, que al fin y al cabo es una parte importante de la cultura.

Vemos pues que el hecho de gastar en cultura, de ser un mecenas, tiene que ver con el estatus y, en definitiva, con la reputación. Pero ¿por qué querría una empresa tener reputación de mecenas? La contestación más sencilla es que esa reputación es un magnífico soporte publicitario, algo así como los marmóreos patios de operaciones de los bancos de antaño, y que, como la publicidad en general, se efectúa en gran parte porque lo hacen los competidores. Nos encontramos así en una situación que los economistas llaman de equilibrio en señales y que puede tener una característica notable consistente en que, de hecho, las empresas mecenas estén gastando demasiado en el mecenazgo cultural. Es decir, que gastan más de lo que gastarían si el mecenazgo no tuviera esa característica de constituir una señal. Retengamos esta posible característica como un ejemplo de fallo del mecenazgo que difícilmente se podría dar en el sector público, ya que el Ministerio de Cultura ni se inquieta por su reputación como regulador de la cultura ni tiene competidor a quien emular.

Mal o bien, se acaba de ofrecer cierta explicación del mecenazgo, pero quizá sea posible añadir todavía algunas ideas adicionales y alguna hipótesis arriesgada. La explicación anterior no da cuenta de por qué muy a menudo el mecenazgo empresarial (o individual) adopta la forma fundacional. Aquí hay que hacer una distinción elemental entre fundaciones con un capital fundacional inicial y fundaciones que viven de una aportación periódica. El porqué de una u otra es muy diverso. El primer caso es muy fácil de racionalizar en el contexto de las ideas que acabamos de manejar. En efecto, un equilibrio en señales puede no ser estable debido a que las señales pueden no ser creíbles, en cuyo caso alguna empresa acabará por dejar de emitir la señal, dejará de ser un mecenas. Por lo tanto, una empresa que realmente quiera señalarse a sí misma como un verdadero mecenas tiene un incentivo para comprometer su aportación a la cultura para siempre. Para eso establece una fundación con capital fundacional irreversible. Ni que decir tiene que puede surgir un equilibrio de fundaciones como caso particular del equilibrio en señales que antes se mencionaba y en el que, como en ese caso, también se puede dar un exceso de inversiones en fundaciones. El segundo caso, el de una fundación con aportación periódica, es una cosa distinta. Aquí no hay compromiso alguno de seguir siendo mecenas, y por lo tanto el equilibrio en señales o bien no surge o bien es poco estable. Por lo tanto, esperaríamos ver una gran rotación de este tipo de fundaciones que aparecen con una finalidad, desaparecen y vuelven a aparecer con otra.

Merece la pena continuar el argumento indicando que hay fundaciones, clasificadas en cualquiera de las dos clases anteriores, que podrían calificarse, de forma poco rigurosa y más bien caricaturesca, de fundaciones de visionarios. Se trataría de alguien que inmoviliza un pequeño capital o «asegura» (se compromete a) una dotación anual pequeña para llevar a buen puerto cualquier iniciativa encomiable. Este alguien no está señalando nada relevante, pero se siente legitimado para recabar fondos para su fundación y muy a menudo los obtiene.

Esta mención de las fundaciones de visionarios conduce a continuar con el examen de lo que podríamos llamar fallos del mecenazgo, en el mismo sentido en que se habla de fallos del mercado o del Estado. En todos los casos se trata de la existencia de incentivos para pervertir la finalidad originaria de cada institución. Ya ha sido mencionada la tendencia a sobreinvertir en mecenazgo como señal, pero las fundaciones de visionarios nos alertan sobre un fallo distinto. Son un ejemplo clarísimo de «buscadores de rentas». Los visionarios tratarán por todos los medios de complementar el poco dinero que ellos comprometen mediante las aportaciones del sector público y de otras fundaciones. De esta forma, el visionario no sólo hace como si trabajara a favor de una buena obra (cosa que, a veces, incluso hace), sino que, sobre todo, se gana la vida. El visionario se convierte, demasiado a menudo, en avispado intermediario, y de esta forma se corre el peligro de que se vaya creando una verdadera profesión de aprovechados. Esta actividad de «buscar rentas», que amenaza no sólo al Estado sino también a cualquier mecenas y a cualquier fundación, no se ejerce solamente por los promotores de fundaciones de visionarios. De hecho, cualquier individuo familiarizado con la provisión de uno u otro bien colectivo tiene incentivos para movilizar algún recurso para conseguir hacerse, de una u otra manera, con los amplios recursos que el Estado, los mecenas o las fundaciones dedican a la provisión de ese bien colectivo. Por ejemplo, los mismos artistas o los grupos teatrales tendrían un incentivo para invertir más de lo debido en prepararse para ganar muchos de los concursos o acceder a muchas de las subvenciones que se convocan en su entorno.

Este peligro de caer en las redes de los «buscadores de rentas» constituye una verdadera plaga contra la que es imposible inmunizar al Estado, al mecenas o a una fundación. Quizá la única manera de paliar sus efectos nocivos sería el establecimiento de una verdadera competencia entre mecenas o fundaciones (esto, claro está, no se aplica al Estado) en una primera aplicación del principio de las virtudes de la alineación de incentivos. Esto debería ser fácil en el patrocinio, puesto que en este caso hay una empresa que se preocupa de su beneficio y que espera que los gastos de patrocinio en los que incurre acaben mejorando su imagen y, a la postre, su beneficio. Nos encontramos así con la paradoja de que para que unas actividades aparentemente altruistas acaben realmente haciendo algo positivo, es necesario, a efectos de evitar la plaga de los «buscadores de rentas», que sean sometidas a la disciplina del mercado, o más en general, de la competencia y de la iniciativa privada. Pero ¿quién podrá ejercer esta disciplina cuando no se trate de patrocinio, sino de mecenazgo propiamente dicho?

La respuesta a este último interrogante sólo puede ser una: el mecenas o el fundador de verdad. Las figuras de Cosme de Médicis o del papa Julio II han distorsionado mucho, con su estatura, la imagen de un mecenas. Es difícil ver en ellos creadores de mercado de «cellinis» o «michelángelos», pues es casi imposible contemplarlos de la misma forma que Renoir veía al marchante Vollard: «Fue el primer protector de los impresionistas. No compraba nuestros cuadros como especulación. Su única idea era ayudar a sus amigos tanto como fuera posible y lo hizo de un modo admirable, pues sólo se quedó con lo que resultaba invendible».5 La diferencia entre aquellos grandes mecenas y este marchante es que mientras aquellos adornaban sus estancias con maravillosos bienes culturales, este último pone en circulación esos bienes culturales convirtiéndolos en «mercancías». Sin su existencia, una escultura no sería un activo cultural. El mecenas se convierte en un creador de mercado.

Esta característica del mecenas podría parecer un poco ramplona a quien posea una concepción sagrada de la cultura, pero yo creo que tiene algunas ventajas. La primera es que acerca la figura del mecenas a la de un empresario schumpeteriano que, en lugar de retirar recursos de sus usos actuales y dedicarlos a generar un nuevo producto o un nuevo proceso, lo que hace es trasladar recursos hacia la creación de un mercado (tal como ya imaginamos en el capítulo anterior), a fin de conseguir transformar un «bien» en una «mercancía». Si el valor social del empresario le viene dado por constituir un vehículo del progreso técnico, el valor social del mecenas consiste en conformar un vehículo del progreso cultural (o científico, pues ya he dicho que considero la ciencia como parte de la cultura). La segunda ventaja es que vistos así, los mecenas, y las fundaciones en las que plasman su compromiso, no tienen más remedio que ser vanguardistas, como lo fue Vollard en su momento. De lo contrario no serían mecenas sino otra cosa: coleccionistas, clientes especiales, almacenistas, reguladores de los flujos del mercado del arte o quizá especuladores. Una tercera ventaja de concebir al mecenas como un creador de mercado es que así se le ubica en la corriente liberalizadora hoy en boga. Pero ¿tiene esto sentido histórico?

Quizá merezca la pena, para cerrar estos comentarios, repetir una pequeña conjetura histórica. Muy a menudo los economistas analíticos razonan como si el mercado fuera un fenómeno natural que ha tenido que ser parcheado a lo largo de la Historia por el Estado debido a fallos que, con la sensibilidad de los tiempos, devienen intolerables. De hecho, la Historia parece haber recorrido el tiempo en sentido inverso. Al principio, los recursos eran asignados por el soberano y sólo poco a poco se fue abriendo camino el mercado, que en este sentido sería un fenómeno cultural y no algo natural. Para los economistas analíticos, el horizonte del pensamiento sería, paradójicamente, el mecenazgo, mientras que para los observadores de la Historia ésta parecería llevarnos al reinado del mercado. El papel histórico del mecenazgo varía para una u otra concepción. Para los unos el mecenazgo sería realmente la superación de la idea de Estado y plasmaría el dominio propio de la sociedad civil, que estaría organizada según algún principio de generosidad diferente al del beneficio. Para los otros la única funcionalidad del mecenazgo sería crear mercados allí donde faltan. En mi opinión esta segunda concepción es más acorde con la Historia. Los mecenas del Renacimiento eran Estado. Los mecenas de hoy están llamados a introducir en el proceso de circulación mercantil aquellos bienes que hasta el momento no funcionan como mercancía, generalizando así su disfrute. ¡Nada menos!

Para terminar con esta sección, es conveniente mencionar en este punto el interés que para el sector público y para el tercer sector pueden tener las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), así como la creciente dimensión de la sociedad de la Información. Bastarán tres pinceladas. La primera es que en la medida en que el tercer sector está muy centrado en actividades culturales y científicas, forma parte de esa sociedad de la información, y que en tanto que ésta representa el futuro para la iniciativa empresarial privada, hemos de esperar que el sector privado vaya haciéndose con estas actividades culturales sacándolas del control del Estado. La segunda pincelada tiene que ver con la mejora en la administración no sólo de las empresas, sino también de la administración pública que encarna el sector público, que necesariamente llegará a caballo de las TIC. Esto se empieza a notar y contribuirá significativamente a la transparencia y a la sensación de amplitud en el ámbito de decisión libre y no coaccionada que Hayek ha asociado siempre al mercado. La última pincelada es la más especulativa. Pero parece evidente que el uso de las TIC va a disminuir significativamente el periodo de paso de la cultura desde la concepción de bien sagrado a mercancía que el mercado puede proveer. Esto puede tener algún efecto secundario poco apreciable (como pudiera ser la trivialización de un museo), pero colabora al ensanchamiento del sector privado y a la intensificación de la competencia y de su espíritu, y en consecuencia amplía nuestro ámbito de libertad.

EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO6

Es imposible hoy en día no ser consciente de dos críticas complementarias que se hacen al Estado y de las que ya hemos hablado. La primera crítica es de raíz liberal y pone en duda el diámetro del ámbito del Estado. Este diámetro sería demasiado grande como para permitir que la libertad individual se despliegue fructíferamente, ya que habría demasiadas decisiones que el aparato del Estado toma por los ciudadanos y cada uno de nosotros va renunciando poco a poco al ejercicio de la libertad individual. Los liberales, tal como hemos atribuido a Hayek, consideran que este estado de cosas enerva la responsabilidad individual y propicia la degradación del ciudadano en mero súbdito y, en resumidas cuentas, empobrece. También se oye otra crítica al Estado, esta vez de raíz comunitarista. En este caso lo que se pone en tela de juicio no es tanto el ámbito como el tamaño del Estado. Aunque históricamente el Estado nace como Estado nacional, lo cierto es, diría este tipo de crítica, que tal como lo conocemos el Estado actual no coincide siempre con lo que se podría denominar una comunidad nacional y, al final, resulta ser demasiado ancho para asuntos propios de esa comunidad política que lo sustenta, y simultáneamente demasiado estrecho para lidiar con las relaciones que inevitablemente se establecen entre las comunidades nacionales de distintos estados.

Ambas críticas me parecen útiles y, de hecho, forman ya parte del pensamiento convencional que se pregunta no sólo por el ámbito del Estado, sino también por cómo determinar el tamaño y el número de los estados de este planeta. Hablamos de estas dos críticas en este capítulo y en el siguiente respectivamente. En lo que queda del presente vamos a estudiar una faceta relevante del ámbito del Estado que comienza por reflexionar sobre un tema técnico y sus implicaciones. Veamos. Ya sabemos que si un Gobierno no es capaz de comprometerse fehacientemente a hacer algo pues ese algo no es creíble (no constituye una estrategia -del Gobierno- que forme parte de un equilibrio perfecto en subjuegos o no es intertemporalmente consistente para el Gobierno, en terminología propia de la teoría de juegos o de la programación dinámica respectivamente), encargamos ese algo a una institución independiente gobernada por alguien para quien ese algo sí es creíble. Por simple que parezca, ésta es la base conceptual sobre la que se construye la autonomía de los bancos centrales y la que justifica el florecimiento de agencias reguladoras independientes (ARI), cuya nómina se alarga sin límite y de las que hablaremos en esta sección. Se trata de un argumento tan familiar para cualquier economista al tanto del desarrollo de su disciplina que no nos damos cuenta de un posible problema técnico. El problema de credibilidad existe, sin duda, pero es un problema del Gobierno, no del Estado, y su solución también existe: el propio Estado, que no hay que confundir con el Gobierno. Si tenemos que acudir a una agencia independiente a fin de mitigar los efectos de un problema de Gobierno es que ya ni nos acordamos del Estado y creemos que Estado y Gobierno son lo mismo. Prueba de esta confusión es, por ejemplo, que abogados y economistas del Estado solían ser grandes profesionales que, además, trabajaban para el Gobierno desde secretarías técnicas que permanecían al socaire de los vientos del ciclo político y del relevo de unos partidos por otros. Hoy, muchos miembros de estos cuerpos de elite trabajan para las consultoras que se encargan de hacer el trabajo que antes hacía el Estado. Estado y Gobierno no eran lo mismo. Si ahora se confunden debe de ser porque el Estado ha muerto o está enfermo. También hablaremos de esto ahora.

Acabo de hacer referencia, en lo que llamábamos el diámetro del ámbito del Estado, a su posible exceso contrario al despliegue de la autonomía individual, y acabo de mencionar una posible confusión entre Estado y Gobierno. Ahora veremos en qué medida las privatizaciones pueden ser una solución al exceso de ese diámetro y qué significa la proliferación de agencias reguladoras independientes (ARI). Ambas cosas nos llevarán a dibujar lo que podríamos considerar como un Estado mínimo.

PRIVATIZACIONES

Comencemos por recordar y descartar algo elemental destacado por Emilio Albi en su libro Público y privado. Si con la privatización de empresas públicas se pretende reducir el endeudamiento, la carga de la deuda y finalmente el déficit publico, el intento puede ser fallido. Si la rentabilidad de la deuda es igual a la del capital empresarial, el efecto favorable de reducción del endeudamiento se compensa con el efecto desfavorable de no cobrar el excedente de la empresa pública. Por lo tanto un programa de privatizaciones sólo tiene sentido, desde este primer punto de vista, si se espera la mejora inminente de la productividad empresarial y esta expectativa acaba reflejándose en el precio de venta.

Sin embargo, no es este punto de vista decisivo, ni siquiera el más importante. Lo realmente relevante desde el punto de vista socioeconómico, tal como también alerta Albi, es el cambio en la relación de agencia, de forma que el principal de esa relación deja de ser el Estado y pasa a ser el accionista o quien lo represente. Este cambio trae consigo una renovación del sistema de incentivos, que ahora tendrán que orientarse a crear valor para el accionista. Lo que necesitamos saber es si esto mejora la eficacia de las empresas, pues podría ocurrir que las presuntas ganancias en productividad no hicieran sino ocultar aumentos de los precios o disminución del coste salarial total debidos, respectivamente, a elementos monopolísticos residuales y a ajustes de plantilla o salariales. La Porta y López de Silanes7 han efectuado un estudio exhaustivo del programa de privatizaciones no financieras en México entre 1983 y 1991. Tomando como indicador de la mejora en eficacia de las empresas la relación entre ingreso operativo y ventas, muestran como las privatizaciones han generado un 24% de aumento en esta relación. Ahora bien, un 5% de este incremento se debe al aumento en los precios y un 31% a los despidos que ocurrieron después de las privatizaciones. Queda un 64% que cabe atribuir a mejoras en la productividad.

No hay un estudio similar para España, pero quizá quepa decir algo al respecto basándonos en el trabajo de Nicolás Hernández y Lucía López de Castro, Privatizaciones, liberalización y bienestar, al que habría que acudir para precisiones ulteriores sobre aquellos aspectos que ahora vamos a destacar. Se trata de un trabajo rico en datos que analiza los efectos de las «privatizaciones del PP» (Telefónica, Repsol-YPF, Endesa y Gas Natural) en relación con la capacidad de elección de los consumidores, los precios, la inversión, el empleo, el accionariado y la recaudación impositiva. No cabe aquí resumir sus conclusiones en todos estos aspectos. Pero sí cabe destacar algunas de estas conclusiones para ponerlas en sintonía con el trabajo citado sobre las privatizaciones mexicanas.

Lo que nos interesa subrayar aquí es que parece que los precios han disminuido y que hay razones para pensar que el coste salarial no ha disminuido. Empecemos por los precios. Entre 1998 y 1999 los costes de las llamadas internacionales se redujeron en casi un 38% y las interprovinciales en casi un 43%. En el sector eléctrico la reducción de tarifas para los consumidores «no cualificados» entre 1997 y 1999 ha sido del 10,6% en términos nominales y del 17% en términos reales. No es tan clara la situación en hidrocarburos y gas natural, pero teniendo en cuenta la subida del crudo que se produjo en aquel momento y el escaso desarrollo del mercado del gas (que continúa), cabe decir que los precios de nuestros carburantes después de impuestos y el precio del gas en algunos segmentos son de los más bajos de Europa. Estas consideraciones permiten arriesgar la opinión de que si los precios subieron no fue debido a las privatizaciones. Respecto a los costes salariales los datos tampoco nos permiten zanjar totalmente la cuestión, pero los comentarios siguientes nos hacen pensar que no parece que hubieran bajado. En efecto, los salarios en España durante el período 1996-1999 no bajaron y el empleo generado por estas empresas privatizadas no descendió. De hecho, parece ser que en los sectores afectados aumentó el empleo neto y que en las empresas consideradas aumentaron las plantillas (aunque, eso sí, en buena parte por adquisiciones de otras empresas). Es cierto que estos resultados sobre precios y costes salariales no implican una conclusión definitiva sobre los efectos en la productividad a falta de cifras sobre ingresos y ventas, pero el incremento de valor en Bolsa del que disfrutaron estas empresas –relativo al índice general- nos hace pensar que su productividad mejoró. Esta impresión parece suficientemente nítida como para transferir la carga de la prueba de la condena de las privatizaciones sobre las espaldas de quien la efectúa. Pero las privatizaciones tienen otros problemas a los que Hernández y López de Castro no hacen referencia alguna.

En efecto, un problema ante el que no se puede escurrir el bulto es que las privatizaciones pueden hacerse de tal manera que constituyan una transferencia de rentas a los amigos del Gobierno que decide llevarlas a cabo y que, por lo tanto y con independencia del incremento de productividad que puedan traer consigo, puedan ser una pieza de ese capitalismo de amigotes al que ya hemos hecho referencia y que Parente y Prescott consideraban en el año 2002 el verdadero freno de la fuerza creativa del mercado. Las privatizaciones a las que se refiere el trabajo sobre España que acabamos de utilizar se hicieron de una manera peculiar, invirtiendo el orden lógico. En lugar de vender el paquete de control que poseía el gobierno y dejar que los accionistas finales eligieran la presidencia de su consejo de administración, se procedió de la manera inversa. Se removió a los presidentes utilizando el control accionarial y se nombró para el cargo a amigos del Gobierno, a quienes se encargó que fueran ellos los que procedieran a vender la participación pública. Esto les dotaba de un primer éxito fácil y garantizaba al Gobierno, en la medida de lo posible, su fidelidad. Es perfectamente posible que este movimiento impropio estuviera cargado de intención y que el Gobierno persiguiera el control de un movimiento económico regenerador en favor de grandes grupos que fueran como el embrión de unas verdaderas multinacionales españolas. Es posible, pero no es esto lo que recomienda y exige la idea de competencia a la que hacíamos referencia en la primera sección de este capítulo. Esta competencia beneficiosa incluye, como veremos en la siguiente sección, no sólo la competencia en la venta de mercancías, sino también la competencia entre personas o grupos para la implantación de instituciones y, como un ejemplo de esto, la competencia por el poder y el control en las empresas. Saltarse esta exigencia de la competencia en aras de algún objetivo aparentemente respetable o heroico no puede llevar al capitalismo a buen puerto. No creo confundirme mucho si vislumbro en este proceder una forma especialmente tosca de capturar al Estado a través de la captura por parte del Gobierno de las principales empresas que son estatales o públicas. He aquí un ejemplo paradigmático de la mezcla de la crítica del excesivo diámetro del ámbito del Estado por razones liberales, no sólo respetables sino sobre todo correctas, con el problema técnico ya mencionado de continua confusión entre el Gobierno y el Estado. Pero no es la única, tal como veremos ahora.

AGENCIAS REGULADORAS INDEPENDIENTES (ARI)

La proliferación de ARI es, en efecto, un ejemplo intrincadamente complejo de la confusión entre Gobierno y Estado que, sin embargo, aunque relacionado con el ámbito del Estado, tiene una significación más amplia y más importante. Aquí en España agencias como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) o la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), desde luego el Banco de España y, en cierto modo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, son ejemplos bien conocidos entre nosotros de ARI entendidas en sentido amplio. En cada caso, la agencia correspondiente ejerce funciones que un Gobierno no podría ejercer de forma creíble. El caso de la política monetaria es paradigmático: la imposibilidad que tiene un Gobierno (al que le gustaría inflar la economía) para poner en práctica una política antiinflacionaria que sea intertemporalmente consistente, aconseja la delegación de dicha política en un Banco Central que se sabe exento de cualquier veleidad inflacionista.8 Esta misma lógica subyace al nacimiento de cada ARI y, por muy correcta que sea, está llevando a un desmantelamiento del Estado que se superpone a la crítica liberal del ámbito del Estado y a la crítica comunitarista del tamaño del Estado. Este desmantelamiento del Estado es un embrollo sorprendente, puesto que la lógica que lo sostiene parece no distinguir entre Gobierno y Estado, ya que parecía natural pensar que lo que el Gobierno quiere que hagan las ARI debería hacerlo el Estado apoyado en un funcionariado escogido, bien formado e incorruptible. Trataré ahora de desanudar este embrollo. Por el camino volveremos a topar con problemas de captura y con la idea de competencia que he utilizado al criticar las privatizaciones que se hicieron en España por la secuencia seguida.

Pensemos, para empezar a elucubrar, que hay varias tareas que realizar por las ARI mencionadas. Hay dos formas alternativas de hacerlo. En la alternativa 1, el Estado como principal y el Gobierno como agente firman un contrato (¿constitucional?) para que éste, el Gobierno, lleve a cabo varias tareas, contrato que presumiblemente inducirá una práctica que maximiza el bienestar general con sujeción a una llamada restricción incentivadora que evita que el Gobierno-agente renuncie a jugar este juego plasmado en el contrato. El problema con esta forma de poner en práctica las tareas que nos interesan es que este contrato podría ser muy frágil (e inaceptable para el Gobierno) porque el Estado es, por definición, el único agente económico-social que no tiene por qué cumplir sus promesas, el único incapaz de comprometerse de forma creíble, pues no hay nadie que pueda, en principio, obligarle a nada. Deberíamos pensar por tanto en una alternativa 2 más realista en la que el Gobierno, actuando ahora como principal, firma un contrato con varias ARI para la ejecución como agentes de ciertas ta­ reas. Cada uno de estos contratos estaría diseñado para maximizar el bienestar social (pues de lo contrario no sería socialmente aceptable), cumpliendo la restricción incentivadora de cada ARI para que ésta lo acepte. El embrollo que respecto al desmantelamiento del Estado plantea la proliferación de las ARI puede ahora ser planteado en términos operativos mediante una pregunta obvia: ¿qué alternativa es mejor, la 1 o la 2? Para comenzar a contestar a esta pregunta concentrémonos en un ejemplo estereotipado pero simple. Pensemos en un Estado, en un Gobierno y en dos ARI. La primera sería un Banco Central, que debe mantener la oferta monetaria dentro de los límites compatibles con la inflación que se quiere instrumentar, y la segunda podría ser una agencia fiscal que debe mantener el déficit público dentro de los límites compatibles con el crecimiento que se desea generar. Sobre este tema hablaremos in extenso en la Parte IV de este trabajo, pero ahora nos limitaremos a tomarlo como ejemplo. Se oyen hoy muchas voces que claman por un arreglo fiscal como el mencionado,9 especialmente en Europa después del fracaso del PEC, y hace muchos años se ha admitido que un Banco Central realmente independiente es un instrumento útil para controlar la inflación. En este escenario, las alternativas a las que la pregunta que incorpora el embrollo se refiere son evidentes. En la alternativa 1 el Estado reclamaría ambas funciones, la monetaria y la fiscal, e instruiría contractualmente al Gobierno para que (dentro de las posibilidades delineadas por su restricción incentivadora) elija aquellas tasas de inflación y de crecimiento que maximicen el bienestar social (suma del derivado respectivamente de la mejora de la inflación y del crecimiento) con sujeción a la férrea restricción que liga inexorablemente el déficit público y la oferta monetaria. En la alternativa 2 el Gobierno firmaría dos contratos, uno con cada agencia, en cada uno de los cuales se especifica que, respetando siempre la correspondiente restricción incentivadora, cada agencia elegirá la variable que controla (tasa de inflación o tasa de desempleo) de forma que se maximice el correspondiente componente del bienestar social sujeto a una restricción propia, una banda para la M3 y una banda para el déficit público. Parecería que estamos cerca de solucionar el embrollo porque la pregunta sobre qué alternativa es mejor se responde aparentemente de inmediato, puesto que es evidente que dos restricciones independientes nunca son menos restrictivas que la consolidación de ambas. En consecuencia diríamos que la alternativa 1 es preferible, ya que generaría una combinación de inflación y crecimiento que denominaríamos óptima, mientras que la alternativa 2 generaría un equilibrio de Nash del juego jugado entre las dos agencias que sólo por casualidad coincidiría con el óptimo.

Sin embargo esta respuesta, para nuestra sorpresa, no soluciona el embrollo, sino que lo refuerza, pues ahora es más claro que antes que el Estado no tendría que ser desmantelado a favor de las ARI. Para desatar finalmente el embrollo tenemos que introducir otro factor al que ya se ha hecho alusión indirectamente: la posibilidad de la captura del Estado o de las ARI por los amigos del poder. La tentación de capturarlas es inmensa precisamente porque la soberanía que hemos estudiado en el capítulo anterior ha sido delegada por lo que allí llamábamos el pueblo en el Estado, y éste lo ha hecho en las ARI al dotarlas de independencia. Por lo tanto, en cualquiera de las dos alternativas contempladas deberíamos tener en cuenta la posibilidad de que el Estado y las ARI sean capturados por lobbies o asociaciones de diversas índole, llevándonos al peligroso capitalismo de amigotes. En el espíritu de las ideas de J. J. Laffont y D. Martimort podríamos decir que es mucho más fácil la captura de un solo operador social en la alternativa 1 que de dos en la alternativa 2, algo bastante intuitivo. En consecuencia, y como siempre en economía, tenemos que decidirnos entre un óptimo angelical que peligra por la facilidad con que el Estado puede ser capturado y un subóptimo con los pies bien plantados en tierra por la mayor dificultad de capturar simultáneamente varias ARI. Si elegimos la alternativa 2, el Estado queda desmantelado tal como yo temía, pero al menos no será un instrumento en manos de nadie. Si elegimos la alternativa 1, el Estado se mantiene pero quizá caiga en manos de quienes quieren instrumentalizarlo a su favor.

Parecería que el embrollo ahora sí está aclarado. Y no sólo eso, sino que además parecería que la forma de desanudarlo nos ofrece una caracterización de lo que al respecto esperaríamos que hicieran la derecha y la izquierda. Ésta, pensaríamos, prefiere el mantenimiento del Estado con la posibilidad de que se alcance un óptimo, aun corriendo el peligro de que otros se apoderen de ese Estado. La derecha, por el contrario, seguiríamos pensando, prefiere el desmantelamiento del Estado y su sustitución por las ARI, que son más difíciles de capturar y cuya actividad llevaría a un equilibrio de Nash posiblemente subóptimo, pero equilibrio al fin. Los ojos en el horizonte frente a los pies en el suelo. La alternativa de siempre. Concluiríamos, en consecuencia, que la derecha revelaría un mayor deseo creíble de disminuir el ámbito del Estado, tal como hubiéramos esperado. Pero tampoco ahora hemos terminado con este embrollo de las ARI. Se me ocurren una objeción y una duda.

La objeción a la justificación de reducción del ámbito del Estado a través de la delegación de sus funciones en estas ARI consiste en que su presunta mayor resistencia a ser capturadas no está clara. Lo que he dicho es que los lobbies o grupos lo tendrían más difícil, pero lo que no he dicho es que el Gobierno lo tiene ahora muy fácil mediante los nombramientos adecuados al frente de las ARI, y que esa captura por parte del Gobierno lo que hace es que éste pueda tomar más decisiones con un control democrático menor. No creo que haya duda en que esto corresponde a un reforzamiento del capitalismo de amigotes. Y aquí, como en el caso de las privatizaciones, la trampa, aunque oculta, es fácil de descubrir y desvelar. Una vez más, y tal como veremos con más cuidado, y a pesar de que pueda parecer extraño, la trampa está en no dejar que funcione la competencia entre personas o grupos para ocupar estos organismos reguladores. Si el liberalismo que preside nuestra concepción del Estado -como opuesto a una concepción autoritaria del mismo- nos lleva a denunciar al capitalismo de amigotes y a abogar por un Estado de ámbito menor, ese mismo liberalismo nos llevará a argüir en el siguiente capítulo que el argumento tradicional a favor de la provisión de bienes públicos por la colectividad -el Estado- puede ser corregido debido a que esta competencia para hacerse con las instituciones públicas puede alinear los incentivos individuales con los intereses sociales. Cuando aclaremos esta cuestión espero que quedará muy claro que tanto las privatizaciones como la delegación en ARI pueden traicionar sus buenas intenciones iniciales (o dicho más crudamente, pueden convertirse en coartada para la captura) a través de la eliminación de la competencia allí donde no solemos buscarla, pero en donde debería mirar un verdadero liberal.

Y para finalizar este subapartado, la duda a la que me refería. Tiene que ver con los límites de la delegación. ¿Puede una ARI negarse a cumplir algunos cambios en los términos de la delegación? Esta duda surge inmediatamente cuando la mencionada CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) opone una resistencia numantina a trasladar su sede de Madrid a Barcelona siguiendo las instrucciones del Gobierno. ¿Hasta dónde llega su independencia? ¿Podría el Banco de España decidir trasladar su sede a Alsasua, digamos? No parece que en la época de las nuevas tecnologías la sede social pueda condicionar la residencia de los empleados o la efectividad en el ejercicio de la función asignada, pero ¿quién decide?

ESTADO MÍNIMO

Para terminar con la exposición de lo que he llamado el ámbito del Estado y antes de pasar a hablar en el siguiente capítulo del tamaño y del número de los estados, voy a exponer lo que sería un Estado mínimo aceptable hoy y qué clase social o grupo político o social podría considerarse como el vehiculador de ese Estado mínimo. Debo advertir, en cualquier caso, que pospongo hasta la siguiente parte de El capitalismo que viene la discusión seria de los problemas distributivos, que allí se beneficiarán de los comentarios de este capítulo, pero de momento no incluyo en las funciones de un Estado mínimo la función distributiva. Es mejor ser claro y contundente que exhaustivo.

Pues bien, el Estado mínimo deseable (ya que el necesario es otra cosa que, seguramente, tiene una dimensión todavía menor) consiste en el ejercicio de funciones básicas: la de seguridad y la de defensa de la competencia.10 Siempre que el individuo tenga seguridad, jurídica y física, basta con dejar que funcione la libre iniciativa privada implícita en la idea de competencia para que la sociedad prospere y para que cada uno pueda atender a su propio proyecto vital. De ambas cosas hablaré en la siguiente sección, pero ahora quiero hacer unos comentarios que expresen con precisión las circunstancias sociales que justificarían mis esperanzas de que algo así como el Estado mínimo vaya a alcanzarse aunque sea aproximadamente.

Voy a tratar de identificar a grandes rasgos quiénes defienden y por qué lo hacen diferentes tipos de Estado, y en particular un Estado mínimo pero fuerte.11 Comenzaré por quienes gustan de un Estado de ámbito amplio. Los que son propietarios iniciales de una dotación generosa, los que no aprecian la diversidad y los que no tienen una identidad que preservar desearían que ese Estado amplio fuera, además, fuerte a fin de poder cumplir con sus funciones liberales de preservar la propiedad privada y garantizar la libertad que faciliten la captura de ese Estado en su beneficio de clase. Estoy hablando en este caso de la gran burguesía conservadora, siempre que fuera liberal, lo que no es siempre el caso. Los que, por el contrario, no tienen una gran dotación inicial, aprecian la diversidad o creen en la preservación de las identidades diferenciadas, es decir los socialdemócratas, preferirían que el Estado, aunque grande a efectos redistributivos, fuera débil precisamente para no poner en peligro esa diversidad o esa identidad diferenciadora. Seguiré ahora con los defensores de un Estado pequeño. Los anarquistas de derechas querrían que, además de pequeño, el Estado fuera débil y para ello predican que sus funciones clásicas las realicen agencias independientes presumiblemente menos fáciles de corromper. Finalmente, los que tienen un buen punto de partida en términos de riqueza (riqueza que les gustaría preservar aunque no harán estropicios para aumentarla), gustan de la diversidad y aborrecen la uniformidad son los que desean un Estado pequeño pero fuerte. Se trata de esa pequeña burguesía que cree en la propiedad privada pero que al mismo tiempo tiene conciencia identitaria como clase (de comerciantes quizá) y gusta por experiencia propia de la diversidad que está en la base de su negocio.

Una vez establecida esta tipología de posibles estados y una vez asociada a cada uno de los tipos una cierta clase social, no es difícil acertar, mediante un ejercicio simple propio del planteamiento de la public choice, con la única que puede sostener un liberalismo sensato. Los socialdemócratas perderán su deseado Estado de gran diámetro y débil en manos de una alta burguesía que, si bien al principio querrá un Estado amplio, aunque débil, a fin de seguir sacándole sus rentas no merecidas mediante la ocupación del mismo, más adelante, una vez agotadas éstas, lo querrá igual de débil, pero más pequeño, para que no incordie con ninguna llamada a la justicia o a la solidaridad, pasando así a una forma de Estado propia de la anarquía de derechas. Es éste el Estado que quieren los neoconservadores que hasta ayer parecían mandar en el mundo. Como, de acuerdo con ideas desperdigadas aquí y allí en esta obra, el intento neo-con es insostenible, tenemos que esperar que el próximo movimiento político sea hacia un Estado pequeño y fuerte, el que desearían justamente los pequeños burgueses. Conseguir un Estado pequeño parece hoy fácil porque tanto la ideología como los hechos parecen avalar esa mengua en su ámbito. Conseguir que, sin embargo, sea fuerte pasa por no desmantelarlo parcelando sus funciones y delegando su ejercicio en comisiones o agencias independientes. Para que esto no ocurra no hay más remedio que plantear la posibilidad de captura del Estado sobre la que hemos alertado.

Respecto a este último punto, cabe preguntarse por la influencia de la disponibilidad de la información propia de la sociedad de la información y por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) sobre este fenómeno general del desmantelamiento del Estado y sobre las privatizaciones y las ARI que lo hacen posible, así como sobre el sostenimiento de un Estado pequeño y fuerte. La clave de la comprensión de esta influencia está en la participación como necesario ingrediente de la democracia. A mi juicio, la participación es a la política lo que la iniciativa privada es a la economía. Una economía concreta puede que conduzca a asignaciones eficientes en sentido estático, pero si éstas no son el resultado de la iniciativa privada, no resultan tan apreciables (por impuestas) ni garantizan una eficiencia dinámica (pues inhiben la innovación). Similarmente es posible que un sistema político específico esté legislando y administrando correctamente a través de las correspondientes instituciones, pero si no hay un debate público participativo, ni aprecio la legislación o la administración como mías, ni espero que mis preocupaciones genuinas alcancen acomodo en la agenda política, este debate público participativo, que me atrevería a asociar al Estado pequeño y fuerte que vislumbro en el futuro, sólo cabe hacerlo a través de los medios de comunicación, que pasan así a formar parte integrante del entramado de la libertad. Luego no tenemos más remedio que preguntarnos por el futuro de los medios de comunicación en un mundo en que la información está disponible a coste cero y en donde las TIC permiten una nueva forma de concebirlos. El capitalismo de amigotes si quiere sobrevivir tiene que hacerse con los medios. Cabe concebir esto con los medios tradicionales unidireccionales en los que hay un transmisor y un receptor, pero cuando las tecnologías permiten la inte­ racción y la confusión de papeles entre emisor y receptor, el control de la opinión deviene imposible a no ser que se cercene la libertad en el desarrollo de internet o en la producción del software que lo hace posible. Vemos, pues, cómo participación y libre competencia vuelven a encontrarse y como la única manera de no ahogar la creatividad de esta última consiste una vez más en dejar que funcione el principio de las virtudes alineadoras de incentivos de la libre competencia. En concreto, si dejamos que a través de internet se desarrolle la comunicación participativa en forma de florecimiento de numerosos periódicos personalizados, o radios personalizadas o televisiones personalizas, habremos asestado un golpe mortal a las posibilidades de ventajismo del capitalismo de amigotes. Cabría pensar de manera inercial que también estos medios personalizados podrían ser capturados, pero como veremos en la siguiente sección, esto no parece plausible. En consecuencia, la libre interacción a través de las TIC conforma una verdadera opinión pública imposible de manipular y que se muestra con nitidez sin estar velada por el empaquetamiento propio de los mass-media, cuyos dueños todavía controlan la información, pero de una forma cada vez más polarizada, como instrumentos que son, o pueden ser, del capitalismo de amigotes.

RESUMEN

En este capítulo he tratado de rastrear, en primer lugar, las tendencias que parecen llevar hacia una reducción del ámbito del Estado y de especular, en segundo lugar, sobre cómo esas tendencias son influidas por las nuevas tecnologías (TIC) y por la disponibilidad de información propia de la sociedad de la información. Lo que se dice en este capítulo es independiente del tamaño del Estado, al que nos referiremos en el siguiente, y por lo tanto no está relacionado con la globalización.

En el primer apartado se plantea el problema inmediato de si la emergencia de un tercer sector entre el sector público, controlado por el Gobierno en nombre del Estado, y un sector privado guiado por el beneficio, incide en el ámbito del Estado o, si se quiere, en la ratio entre sector público y sector privado. La respuesta no es obvia en principio, puesto que el tercer sector puede moverse en el ámbito de los otros dos. Sin embargo, en el texto se muestra que es de esperar que las actividades propias de ese tercer sector reduzcan el ámbito del sector público y se reduzca su ratio en el sector privado. Primero, porque el tercer sector debería hacerse cargo (por razones que se han ofrecido en el apartado correspondiente y que han sido ya utilizadas al hablar de la propiedad y de la soberanía) de la provisión de algunos servicios públicos. Segundo, porque la manera más sensata de entender el mecenazgo y el movimiento fundacional es considerarlos actividades dirigidas a la creación de mercados y sujetas a competencia entre sí en la realización de esa labor, con lo que vemos aquí funcionando el principio de las virtudes alineadoras de incentivos de la iniciativa privada que, en este caso, correspondería a la iniciativa de los verdaderos mecenas.

Esta tendencia se refuerza por tres razones relacionadas con los factores cuya influencia en el capitalismo estamos tratando de elucidar. En primer lugar sería de esperar que, en la medida en que el sector privado ve posibilidades de beneficio en las actividades propias de la sociedad de la información, se interese en las actividades culturales que forman parte de esa sociedad de la información. En segundo lugar las TIC colaborarán significativamente a reducir el valor del sector público en tanto que harán disminuir su valor añadido al instaurar una administración digital que ahorrará trabajo. Finalmente las TIC contribuirán a acelerar el paso de la cultura desde lo «sagrado» hacia lo mercantil.

En el segundo apartado de esta sección se pone de manifiesto que el ámbito del Estado va a reducirse radicalmente, hasta el punto de hablarse de un desmatelamiento del Estado que no acabará hasta alcanzar un Estado mínimo. De acuerdo con textos ya publicadas con antelación estudiamos cómo las privatizaciones y las denominadas agencias reguladoras independientes hacen su trabajo en esa dirección. A estos textos recientes se añaden ahora dos niveles de ideas. El primero es el relativo a la creatividad de la iniciativa individual que se ve reforzada con las privatizaciones. El segundo nivel está constituido por las ideas que alertan sobre la posibilidad de la captura del Estado y la conformación de un capitalismo de amigotes que constituye un peso muerto para la creación de riqueza. Esta captura del Estado puede efectuarse a través de la entrega de las agencias reguladoras independientes por el propio gobierno, en nombre del Estado, a sus fieles, afianzando así su poder y haciendo la misma operación con ocasión de las privatizaciones que potencian una peligrosa connivencia entre gobierno y empresariado. Con cierto desparpajo se cierra este segundo apartado con una descripción poco rigurosa de lo que sería el Estado mínimo suficiente para no cegar las fuentes de riqueza y con una conjetura sobre la clase social que acabará vehiculándolo como un Estado pequeño, pero fuerte.

La única forma de que un Estado así no pueda ser capturado es mediante la participación ciudadana en la toma de decisiones, participación que sólo se puede hacer efectiva mediante la proliferación de medios de comunicación interactivos que ya son tecnológicamente accesibles y que estarían ya arrinconando a los mass-media tradicionales en los polos del espectro ideológico. Esta polarización es justamente la que deja espacio para los medios interactivos.

Referencias

Albi, E.: 2000, Público y privado. Un acuerdo necesario. Ariel, Barcelona.

Barberá, S., ed. 1995, Estado y economía. Elementos para el debate. Bilbao, Fundación BBV.

Besley, T. y Ghatak, M.: 2001, «Government Versus Private Ownership Of Public Goods». The Quarterly Journal of Economics 116, 1343-1372.

Grampp, W. D.: 1989, Pricing the Priceless. Art, Artists and Economics. Basic Books Inc., Nueva York.

Hernández-Castilla, N. y López de Castro, L.: 2000, Privatizaciones, liberalización y bienestar. Comares, Granada.

Kydland, F. E. y Prescott, E. C.: 1977, «Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». Journal of Political Economy 85, 473-491.

La Porta, R. y Lopez-de-Silane, F.: 1997. The Benefits of Privatization: Evidence from Mexico, National Bureau of Economic Research, Inc.

Laffont, J. J. y Martimort, D.: 1999, «Separation of Regulators Against Collusive Behavior». RAND Journal of Economics 30, 232-262.

Parente, S. L. y Prescott, E. C.: 2000, Barriers to Riches: The Walras-Pareto Lectures. MIT Press, Cambridge MA.

Salamon, L. M. y Anheier, H. K.: 1994, The Nonprofit Sector on Comparative Perspective: An Overview. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Urrutia, J.: 1989, «Economía de la cultura». Economía Industrial 267, 25-44.

—, 1996, «Veinte comentarios sueltos sobre economía y mecenazgo». Revista de Occidente 180, 47-70.

—, 2003a, Economía en porciones. Prentice Hall, Madrid.

—, 2003b. «El desmantelamiento del Estado», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2003c, «Por un liberalismo pequeño burgués», en http://juan.urrutia­ elejalde.org

—, 2003d. «Privatizaciones», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2004, «Agencias reguladoras independientes». Expansión, 13 de enero de 2004.

Notas

1 . Este capítulo no pretende ser, ni mucho menos, un repaso a toda la problemática del papel, o los papeles, del Estado en la Economía. Un repaso notable del estado de la cuestión se puede encontrar en Estado y Economía. Elementos para un debate, que publicó en 1995 la Fundación BBV bajo el cuidado editorial de S. Barberá.

2 . La descripción del tercer sector que se ofrece en el texto está basado en mi trabajo de la Revista de Occidente (Urrutia 1996) que, a su vez, se inspira en el que apareció en Economía Industrial (Urrutia 1989).

3 . Los doce países son: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Brasil, Ghana, Egipto, Tailandia, India y Hungría.

4 . Estos siete países son: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Italia y Hungría.

5 . Citado por Grampp (1989).

6 . Prácticamente todo este apartado está basado en tres trabajos propios. Dos de ellos están contenidos en el libro Economía en porciones (ver Urrutia 2003b y 2003c) y el tercero es Urrutia (2004).

7 . Ver las referencias.

8 . Sobre este problema, aquí sólo esbozado, hablaremos extensamente en la última parte de El capitalismo que viene. Sin embargo, es ineludible mencionar aquí, y a la luz de un relativamente reciente premio Nobel en Economía, el trabajo seminal de Kydland y Prescott sobre la posible inconsistencia intertemporal de las políticas económicas.

9 . Sin ir más lejos, Bradford de Long se hacía eco de esto en su artículo de El País (Negocios) el domingo 28 de noviembre del 2004.

10 . Por no mencionar explícitamente la propiedad privada, que puede subsumirse en la idea de seguridad que no se refiere sólo a la seguridad física, sino también a la jurídica. Sin embargo, la idea de propiedad puede emborronarse cuando pensamos en la propiedad intelectual, a la que también hacemos referencia en el siguiente capítulo.

11 . Ver Urrutia (2003).

Capítulo 12 : El tamaño del Estado y el número de estados

En el capítulo anterior creo haber acumulado teoría y evidencia suficientes como para pensar que el ámbito del Estado puede ir reduciéndose a pesar de que a veces hay intereses espurios que quizá traten de ralentizar esa reducción en la esperanza de seguir disfrutando de rentas inmerecidas que provienen de esa captura del Estado que es necesaria para hacer funcionar el capitalismo de amigotes. Esta lacra del sistema capitalista sólo puede eliminarse reduciendo precisamente el ámbito del Estado, cosa que se hace posible en virtud del principio que ya desde el primer capítulo dedicado al Estado he denominado el principio de las virtudes alineadoras de incentivos de la iniciativa privada.

En este orden de cosas llegamos a aventurar el advenimiento de un Estado pequeño y fuerte. Por un lado decíamos que el Estado mínimo tiene que hacer lo posible por mantener o fomentar la competencia y por proporcionar seguridad, tanto la física, puesta en juego últimamente de manera singular por el terrorismo internacional, como la jurídica, que incluye la defensa de la propiedad en general y la definición y regulación de la propiedad intelectual. Por otro lado la fortaleza del Estado territorializado habrá de medirse en relación con la gestión que se haga de la provisión de bienes públicos como la educación o la sanidad, que sólo en pequeña medida pueden ser desterritorializados.

Ahora entramos en un problema diferente aunque no del todo independiente. Se trata del tamaño del Estado, medido por ejemplo en términos de habitantes o de kilómetros cuadrados. Visto de otra manera, se trata del problema del número de estados u otro tipo de jurisdicción novedosa. La primera manera de mirarlo pone en juego la provisión de bienes públicos locales, por ejemplo la educación o la sanidad. La segunda manera de considerar el problema pone en juego la provisión de bienes públicos globales, por ejemplo la propiedad intelectual o la defensa de la competencia, así como del reciente terrorismo de corte internacional. Sin embargo, como las nuevas tecnologías relativizan la importancia del territorio y la globalización propicia, a través de la inmigración, la heterogeneidad de cualquier jurisdicción que consideremos como ámbito de ejercicio del poder estatal, parece más conveniente ordenar la exposición según los bienes públicos sean territorializados o no. Entre los no territorializados se encuentra por ejemplo la seguridad física, puesta en juego por el terrorismo llamado precisamente internacional.1

Antes de entrar en los asuntos concretos, voy a tratar de describir el escenario en que ocurren y de precisar el problema intelectual que plantean. Aunque es un lugar común decir que los factores importantes del nuevo entorno son hoy la sociedad del conocimiento, la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), no estoy seguro de que se hayan sacado todas sus consecuencias relacionadas con la determinación de la forma específica de la red de comunidades o de jurisdicciones que podría sustituir a la partición del mundo en estados-nación.

En la parte del mundo a la que me estoy refiriendo, el conocimiento forma hoy una parte grande y creciente del valor añadido de la producción, lo que trae inmediatamente a la mente que la importancia de las materias primas en la configuración de los estados es cada vez menor, ya que el conocimiento que las sustituye paulatinamente (aunque la guerra y posguerra de Irak, así como la geopolítica del gas, hagan palidecer este hecho) está incorporado a personas que pueden moverse libremente y ofrecer sus servicios allí donde más paguen. Así aparecen de golpe tanto la mismísima desterritorialización de las jurisdicciones y la movilidad de la personas.

La globalización, por otro lado, hace patente que el tamaño del mercado, importantísimo para la especialización y el consiguiente aumento de la productividad, no está necesariamente asociado al tamaño del Estado correspondiente. Complementariamente con esto, la provisión de bienes públicos se hace más fácil cuanto más homogéneas sean las preferencias de los usuarios. En consecuencia parecería que, como pronosticaban A. Alesina y E. Spolaore en un artículo de hace años y reiteran en su relativamente reciente libro The Size of Nations, hemos de esperar un aumento de la descentralización y de las demandas de secesión, especialmente por parte de comunidades pequeñas siempre que sean homogéneas de acuerdo con algún rasgo determinado, lo que no es fácil de conseguir en presencia de la libertad de movimientos de personas.

Pero no son solamente la importancia de la información en la sociedad de hoy y la globalización los dos factores que describen el escenario en el que se plantean los problemas que voy mencionando. También importan las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Estas tienen dos capacidades con las que habrá que contar a efectos de contestar a la pregunta sobre el tamaño del Estado. Por un lado las TIC tejen eficazmente redes de individuos que se constituyen en comunidades identitarias aglutinadas alrededor de alguna característica específica, como la lengua por ejemplo, y que sostienen la confianza mutua y reducen los costes de transacción internos. Como estas comunidades identitarias pueden, a menudo, ser volátiles y variables, nos encontraremos en todo momento con solapamientos entre las redes que las estructuran. Esta forma solapada de la red de redes dota de especificidad a los problemas sobre los que hay que discutir en relación con el tamaño del Estado. En tanto que cada comunidad es homogénea, la provisión correcta de bienes públicos desterritorializados (como una emisión de radio, digamos) se facilita enormemente siempre que se proporcionen a esas comunidades homogéneas no necesariamente territoriales y conscientes de que lo son. En tanto que las comunidades o jurisdicciones pueden ser territoriales, la heterogeneidad que la inmigración impone hace las cosas más difíciles. En relación con las posibles externalidades supracomunitarias (un accidente nuclear como el de Chernobil, por ejemplo) o con los bienes públicos desterritorializados (como la regulación de la propiedad intelectual) los problemas que plantean son más fáciles de solucionar cuando las redes identitarias están solapadas.

Por otro lado las TIC van a influir en la solución que se alcance con relación a la diversidad. Como vimos en el capítulo 6, a veces puede ser conveniente la «fusión» de dos comunidades identificadas por rasgos diversos y complementarios. Una comunidad «individualista» que tiene que producir ingeniería y finanzas y otra comunidad más «comunitarista» que también produce ambas cosas, pero que es más bien gregaria, podrían mejorar uniéndose, ya que esto les daría la oportunidad de asignar los individualistas (gregarios) a las finanzas (ingeniería), en donde tienen ventaja comparativa. Esta tendencia a la «fusión» que detectamos al hablar de fraternidad y que puede estar bajo la ventaja de los estados grandes podría, sin embargo, ser contrarrestada por la posibilidad de cooperación entre comunidades homogéneas pero solapadas.

Esta descripción del escenario en el que se juega la determinación del número de estados o de su tamaño es suficiente para percibir que estamos en presencia de un verdadero problema, intrincado y no fácil de resolver. Tomemos como punto de partida las dos ideas centrales de Alesina y Spolaore.2 Según estos autores la globalización hace que el tamaño grande de un Estado no parezca tener ventajas y el tamaño pequeño, en cambio, parece tener ventajas, a efectos de una correcta provisión de bienes públicos, debido a la presunta homogeneidad que acompaña al tamaño reducido. Sin embargo, y a la luz de lo expuesto como escenario, cabe contrargumentar. El tamaño grande podría ser conveniente a efectos de asuntos necesitados de un planteamiento global y desterritorializado, como sería el caso de la propiedad intelectual, la competencia, o para sacar ventajas de la diversidad, mientras que el tamaño pequeño podría no aportar ninguna ventaja, ya que la inmigración puede hacer imposible la homogeneidad de una comunidad territorial y las TIC pueden facilitar la provisión de bienes públicos en comunidades heterogéneas territoriales (a través del descubrimiento de los verdaderos deseos marginales de pago hecho posible por la información acumulada y extraíble) y hacen posible la provisión de bienes públicos desterritorializables como la enseñanza a distancia, por ejemplo, del swahili.

Trataré de atacar el problema de acuerdo con una exposición ordenada de los problemas de los principales bienes públicos a que hemos hecho referencia como indisociables de un Estado pequeño y fuerte y aplicando de manera analógica el principio que he denominado de las virtudes alineadoras de incentivos de la iniciativa privada.

BIENES PÚBLICOS TERRITORIALIZADOS

Consideremos aquellos bienes que tienen alguna característica de públicos pero cuya influencia se limita a un territorio determinado. Dos ejemplos paradigmáticos, aunque no puros, son la educación y la sanidad. Su provisión es hoy llevada a cabo en gran parte por el sector público, que cuenta en muchos estados (o jurisdicciones de otro orden) con un sistema público de educación y un sistema (nacional) de sanidad. Es cierto que hay miembros de poblaciones limítrofes que podrían en principio aprovecharse del sistema educativo ajeno si es mejor que el suyo aprovechando algún resquicio legal, y que hace ya tiempo que existe una especie de «turismo sanitario», pero aun así tomaremos estos dos ejemplos de la educación y la sanidad como ejemplos de bienes públicos territorializados a los que nos vamos a referir. Con respecto a ellos nos preguntamos si la globalización, la disponibilidad de información y las TIC tienen alguna influencia en su provisión y si a través de ese posible efecto sobre la forma de provisión podemos detectar alguna tendencia hacia el tamaño óptimo de la jurisdicción que los proporciona.

Quizá la manera más sencilla de analizar este problema del tamaño óptimo de las jurisdicciones es ponermos en una situación concreta aunque estilizada y proceder paso a paso. Pensemos en España y en las comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene competencias para proporcionar educación a los habitantes censados o empadronados en esa comunidad autónoma (lo mismo diríamos de la sanidad). Antes de pasar a un análisis más preciso del problema que nos ocupa recordemos algunos asuntos analíticos elementales. Desde un punto de vista analítico la sabiduría convencional nos dice que, en efecto, el servicio de educación debe proporcionarse de manera pública, ya que el mercado no puede funcionar, y que aun así no hay manera de proporcionar la cantidad óptima, pues no conocemos en principio la tasa personalizada que habría que cargar a cada usuario y nos será difícil conocerla por el incentivo evidente a infravalorarla debido a que aunque pague poco por el servicio, disfrutaré de él en su totalidad.3 Estas dos «verdades» complementarias han sido relativizadas desde hace tiempo. Empezando por la segunda, sabemos que existen diversos métodos algorítmicos, más o menos caros, para conocer la voluntad marginal de pago de cada usuario (es decir lo que estará dispuesto a dejar de consumir de bienes privados para consumir una unidad más de educación) y que, tal como ya hemos constatado, la iniciativa privada podría competir para la provisión de un bien público «encarnando» así esos algoritmos y proporcionado por lo tanto algo como la provisión óptima de educación.4 Pasando ahora a la primera «verdad», nos encontramos con que esta forma privada de proporcionar el bien público educación no es propiamente un mercado, sino que funcionaría, por ejemplo, mediante la subasta del servicio efectuada por el Estado, quien establecería los estándares específicos y las tarifas, así como el número de concesiones. No es el mercado, pero sí la iniciativa privada lo que puede sustituir al Estado en esta función. Notemos que, además, a partir de ese momento pueden volver a entrar en funcionamiento esos métodos algorítmicos que, puestos en práctica por el Estado o por el proveedor privado, permiten acercarnos a la cantidad óptima de educación. Con relación a este problema tradicional lo único que podemos decir es que las TIC y la posibilidad que tienen de tejer redes identitarias hacen del problema de la provisión óptima algo más fácil. Ya se lleve a cabo por el Estado o se efectúe por la iniciativa privada, se sabrá mucho mejor cuánto se puede extraer de cada agente y se podrá instrumentar mucho mejor la tarifa óptima o todo un sistema de ayudas.

Pero una vez que sabemos esto volvemos a ponernos en situación y nos preguntamos por el tamaño óptimo de una jurisdicción, la comunidad autónoma en nuestro caso, y por cómo financiar ese servicio público, la educación, con independencia de que se prevea pública o privadamente en cada jurisdicción del tamaño que sea. No comenzamos de cero, pues hoy sabemos bastantes cosas. Sabemos que, en cuanto a la provisión de un bien público como la educación, la iniciativa privada puede efectuarla de manera que remeda los algoritmos diseñados por varios autores neoclásicos. Y también sabemos que, con independencia de quien la proporcione, la provisión es, ceteris paribus, más cara cuanta más heterogénea es la sociedad, puesto que cuanto más heterogénea sea menos dispuestas están a pagar por ella las capas altas de la sociedad. Aun admitiendo esto último, en el caso general en que hay guetos identitarios, hay un verdadero trade-off entre los rendimientos crecientes a escala y la diferenciación. Argumentos empíricos parecen inclinar la balanza a favor de renunciar a los rendimientos a escala y proveer educación de manera diferencial por parte de jurisdicciones pequeñas.

HETEROGENEIDAD Y TAMAÑO ÓPTIMO

Supongamos por un momento que la población de España fuera perfectamente homogénea en cuanto a sus preferencias relativas a la educación. En tal caso no creo que haya ninguna duda de que el tamaño óptimo de la jurisdicción educativa coincide con el ámbito de todo el Estado español. Las economías de escala, por ejemplo en la compra de libros para la bibliotecas escolares, así lo imponen, ya que no hay ninguna jurisdicción menor que tenga ideas diferentes sobre el contenido de esas bibliotecas.

Pero pensemos ahora que tanto la globalización como la sociedad de la información llevan hacia la heterogeneidad de identidades, incluyendo la heterogeneidad respecto a las preferencias por la educación. La globalización fomenta la inmigración y los inmigrantes de distintas razas y religiones se instalan en el territorio de manera desigual. La sociedad de la información hace mucho más fácil la movilidad de los agentes individuales y esto contribuye también a que la gente se mueva de acuerdo con su gusto por la diversidad circundante, lo que puede contribuir a generalizar la heterogeneidad sobre todo el territorio o a generar guetos de acuerdo con ciertos parámetros identitarios.

Tomemos el primer caso, el de una heterogeneidad similar extendida como aceite sobre todo el territorio. Desde el punto de vista analítico nos encontramos en la misma situación que contemplábamos cuando suponíamos la homogeneidad sobre todo el territorio con una diferencia. En principio, por lo tanto, el tamaño óptimo de la jurisdicción es el grande, correspondiente al total del territorio español, por idénticas razones de economías de escala. Pero ahora resulta que algunas identidades están dispuestas a pagar menos por los servicios, como vimos en el capítulo 6 al referirnos al «dilema progresista» consistente en querer solidaridad en la diversidad, por un lado, pero no querer pagar por las «necesidades» o caprichos de los que no son como uno mismo, por otro lado. Tal como han ilustrado empíricamente Alesina, Glaeser y Sacerdote, cuanto mayor es la heterogeneidad de una jurisdicción, menor es el nivel del gasto social, es decir el gasto en educación en el ejemplo que estamos siguiendo.

Esto es justamente lo que nos lleva al segundo caso que podría surgir de la inmigración, hecha posible por la globalización, y de la movilidad reforzada por la sociedad del conocimiento: la fragmentación en guetos identitarios. En este caso sí que tenemos un verdadero trade-off entre las economías de escala y la diferenciación. Ya no está claro que todas las jurisdicciones quieran el mismo contenido de la biblioteca de la escuela y, por lo tanto, parece evidente que el tamaño óptimo no es todo el territorio nacional, aunque no está claro cuál es el tamaño óptimo específico, que tampoco tendría por qué consistir en cada una de las jurisdicciones identitarias formadas por las TIC. Imaginemos aquí una especie de negociación entre estas jurisdicciones que llevaría a cierto equilibrio y a un tamaño determinado de la jurisdicción educativa. El trabajo empírico de Alesina, Bagir y Hoxby nos convence de que, precisamente a efectos educativos, el trade-off es muy fuerte en el caso de la raza, que es, desde luego, el más relevante con relación a la inmigración. Tenemos, pues, que esperar que, en este caso de la educación, los factores que estamos examinando tiendan finalmente hacia una disminución del tamaño de la jurisdicción educativa. Si, para terminar con este tema damos ahora un salto desde el ejemplo a la teoría genérica, diríamos (aun a sabiendas de que el salto olvida muchos otros factores) que debemos esperar una disminución del tamaño del Estado y un aumento del número de estados, tal como intuíamos apoyados en el trabajo de Alesina y Spolaore.

Si estos comentarios y estas apreciaciones fueran acertados nos estaríamos encaminando hacia un multiculturalismo como el descrito y criticado en el capítulo 6, por lo que deberíamos esperar que, para seguir con nuestro ejemplo, todos nos pusiéramos de acuerdo en preservar un centro director que homogeneizara un mínimo la educación y pasar así de un multiculturalismo antipático a un pluralismo enriquecedor. Pero esto plantea inmediatamente el problema de la financiación de la educación: quién impone y quién gasta.

Éste no es un problema trivial, y desde luego lo normal es que se presente en general y no sólo en nuestro ejemplo teórico de la educación. Si los párrafos anteriores nos han convencido de que la heterogeneidad inevitable en el futuro nos llevará a jurisdicciones pequeñas, no podemos evitar la confrontación del problema de decidir cómo financian esas jurisdicciones el gasto en educación. En este problema entramos a continuación.

FINANCIACIÓN

Cuando hay que proveer bienes públicos locales y no se tiene soberanía fiscal en el ámbito correspondiente, hay un problema financiero a resolver. En una jurisdicción pequeña puede que haya que proveer educación, sanidad o incluso justicia y seguridad. Y puede pasar también que esa jurisdicción no tenga fuentes fiscales adecuadas. Éste es un problema de financiación sobre el que se ha experimentado en el Estado de las Autonomías español establecido por la Constitución de 1978 y en el que me voy a centrar ahora tomando como punto de partida las ideas que A. Zabalza expone en un trabajo relativamente reciente. En este punto me interesan los principios que baraja, y lo que pretendo es discutir el principio de subsidiariedad como un principio importante e independiente de los que propone Zabalza. Deseo mostrar cómo la generalización del sistema de cupo, que hoy funciona para el País Vasco y Navarra en el Estado de las Autonomías español, sería una forma de llevarlo a la práctica. Para que la discusión no sea estrictamente española y para conseguir cierta generalidad en el argumento, debemos tener en cuenta que cuando me refiero a Comunidades Autónomas me estoy refiriendo a jurisdicciones más o menos independientes, e incluso a estados que forman parte de una federación o de una confederación, surgidos, por ejemplo, de la tendencia a reducir el tamaño del Estado que hemos empezado a examinar.5

Los dos principios básicos que utiliza Zabalza parecen, en principio, muy razonables. El principio básico I dice que «a igualdad de necesidades y presión fiscal, las Comunidades Autónomas deberían tener los mismos recursos», y el principio básico II se enuncia diciendo que «cada comunidad autónoma debería beneficiarse del gasto total de la nación según sus necesidades y contribuir a la financiación de este gasto según sus posibilidades». Mediante un ejemplo ilustrativo, se pregunta Zabalza si el modelo actual y los dos nuevos que él examina cumplen o no estos dos principios aparentemente compatibles entre sí. El modelo de régimen común hoy en España no cumple ninguno de los dos principios y es redistributivo en un sentido específico que utilizaré en todo momento sin más precisiones, pero que no tiene por qué ser el único posible. Diré que un régimen es redistributivo si la ratio de recursos públicos disponibles entre una comunidad rica y una pobre es menor que la correspondiente ratio de renta, a igualdad de necesidades (población, digamos) y de presión fiscal autonómica.

Pero hay alternativas y Zabalza examina dos. Denomina modelo de garantía a su primera alternativa. En este modelo, que también es redistributivo, se cumpliría, sin embargo, el principio bá­sico I, puesto que todas las comunidades dispondrían de los mismos recursos públicos para financiar sus necesidades, siempre que se ejerciera una determinada presión fiscal de referencia. Sin embargo, no cumple el principio básico II. Esto, junto a que su aspecto redistributivo produce recelos, hace de él un modelo con dificultades de implantación derivadas de tener que definir el nivel de referencia común, no sólo de la presión fiscal, sino también de la calidad de los servicios.

El único modelo que cumple el principio básico II es el correspondiente a la segunda alternativa contemplada por Zabalza. Se trata del modelo del equilibrio de las balanzas fiscales, que es, de hecho, la reformulación de ese principio básico que exige que la Comunidad Autónoma aporte según sus posibilidades (renta, digamos) y reciba según sus necesidades (población, digamos). El modelo sigue siendo redistributivo y no cumple el principio bási­co I. Este modelo conforma un sistema razonable en tanto que cumple el principio básico II y en tanto que podría cumplir el principio básico I si por presión fiscal entendiéramos no sólo la autonómica sino la total, compuesta por la autonómica más la central.

A mi juicio lo que hace la discusión muy difícil es que, en cualquiera de los modelos considerados, se mezcla el aspecto asignativo con el compensatorio o, si se quiere, la eficiencia con la equidad, de forma que, al tratar de cumplir con esta última, se reducen los incentivos para maximizar la renta que cada comunidad pudiera alcanzar, un aspecto éste que suele estar ausente de la discusión de los sistemas alternativos de financiación autonómica. Y sin embargo tenemos el ejemplo del sistema del cupo vasco y navarro que no desincentiva, pues no es redistributivo, que cumple un tercer principio básico importante, el de subsidiariedad (al tiempo que incumple los dos anteriores), y que si lo generalizáramos a todas las comunidades propiciaría una sanísima competencia fiscal al tiempo que nada impediría que fuera complementado con un fondo de compensación interterritorial tan redistributivo como queramos pero que no esté mezclado con el problema asignativo. Trataré ahora de discutir la bondad de este sistema.

El principio básico que subyace al sistema del cupo es el de la subsidiariedad: lo que puede ser hecho por un nivel de gobierno inferior, y más cercano al ciudadano, debe ser hecho por éste y no debe ser hecho por un nivel de gobierno superior. Este principio está perfectamente en línea con la idea liberal de ensanchar el ámbito de la libertad frente a la autoridad y lleva inmediatamente, aunque no sin problemas, a una distribución de competencias, por ejemplo, entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central.

A pesar de la generalidad de la que pretendo dotar al argumento me restringiré, para ser esquemático y aunque no refleja ni la realidad del cupo vasco o el navarro ni tampoco cualquier arreglo de los posibles, a las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central en España y supondré que todas las fuentes fiscales son asignadas a las comunidades autónomas, quienes recaudan, cambian la presión fiscal si así lo desean y, en general, compiten fiscalmente entre sí. Además, y esto es el cupo, se distribuyen entre sí el costo de las competencias correspondientes al Estado de acuerdo (por ejemplo y por simplificar) con su renta relativa. Este sistema no es redistributivo: la ratio de renta entre cualquier par de comunidades autónomas se mantendrá constante después de abonar el cupo, otra forma de entender la definición utilizada en todo momento. Este aspecto le dota de cierto carácter calvinista que no penaliza, por ningún motivo redistributivo, el esfuerzo ejercido para generar renta. Tal es el aspecto del cupo que lo hace compatible en incentivos, siempre que la noción de incentivo pueda predicarse de un colectivo y pueda dar origen a cierta competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, algo que no me parece tenga ninguna contraindicación, ya que una posible ausencia de suelo en el gasto público no parece probable. El sistema es compatible con un fondo de compensación interterritorial que puede y debe ser discutido independientemente y al que cada comunidad aportaría o del que cada comunidad cobraría, con criterios que tengan en cuenta no sólo los datos «naturales», sino también los referidos a la presión fiscal decidida autónomamente: si todas las comunidades autónomas ejercieran la misma presión fiscal, deberían tener un mínimo de recursos igual para todas, pero de no ser así la cuestión se complica y se mezcla con problemas de distribución personal. La ventaja es que estas dificultades se enfrentan directamente en su terreno y no interfieren con un problema de ejercicio de competencias propias o con decisiones fiscales del ámbito propio de decisión. Estas características hacen de la generalización del cupo el sistema ideal de financiación de las pequeñas jurisdicciones a las que lleva la reducción en el tamaño del Estado.

Cierro aquí la discusión de la financiación no sin volver a dejar constancia de que la especificidad de la discusión, referida concretamente al Estado de las Autonomías español y a la educación, no pretende disminuir su aplicabilidad al problema de este último capítulo dedicado al Estado. En lo que se refiere a la posible influencia de los bienes públicos territorializados en el tamaño del Estado, este capitalismo que nos espera a la vuelta de la esquina nos traerá una proliferación de jurisdicciones pequeñas, estatales o no. Ahora paso a examinar la influencia que sobre ese tamaño pueden tener los bienes públicos desterritorializados.

BIENES PÚBLICOS DESTERRITORIALIZADOS

Todo economista de genio persigue el triunfo frente a la escasez como todo médico pretende vencer la enfermedad. Las ideas sobre crecimiento ya incorporadas a nuestros genes de estudiosos de los sistemas económicos nos obligan a pensar en que lo más a que podemos acceder es a una senda en la que el output per cápita sea constante, pues el output crece a la misma tasa que la mano de obra. Para conseguir un output per cápita creciente de forma continua es, pues, necesario que la productividad del trabajo aumente también de manera continua. Podemos imaginar que esto ocurre mediante un verdadero milagro consistente en que, de manera endógena, un mayor capital per cápita produce un output que utilizado como acompañamiento del trabajo hace de éste un factor de producción cada vez más productivo, creando así un cambio virtuoso que no tiene fin. Este crecimiento endógeno puede tener varias fuentes, pero desde los trabajos de Paul Romer la innovación es la más reputada, especialmente cuando se entiende por innovación la relativa a las tecnologías digitales propias de lo que se llamó la «Nueva Economía». Pues bien, hay dos arreglos institucionales que apoyan esa innovación y que son necesarios para que surja y se mantenga. Se trata de la propiedad y de la competencia. Veamos su justificación y cómo puede llegar a debilitarse artificialmente su aportación a la innovación creativa. 6

Comencemos por la propiedad privada. En su ausencia, y tal como ya hemos expuesto en esta obra, nos enfrentamos a un serio problema de incentivos, pues trabajaremos menos de lo socialmente óptimo si no podemos apropiarnos del fruto de nuestro trabajo. Se sigue de ello que no tendremos incentivos para crear o innovar, a no ser que podamos vender el producto de la innovación a un precio positivo. Pero si el bien que creamos o sobre el que innovamos es un bien digital -como un cd, un dvd o un programa de software-, puede ser reproducido a un coste muy cercano a cero y nadie nos pagará por él lo suficiente como para incentivar nuestra creatividad innovadora. Aunque en la década de los sesenta no había bienes digitales, Arrow entendió el problema incentivador subyacente en toda invención e inició la teoría económica de la propiedad intelectual -patentes y derechos de autor- sugiriendo que se concediera al creador, de manera temporal, la propiedad exclusiva de su producto, de forma que se conjugaran la difusión con el incentivo para crear. Hoy, sin embargo, sabemos, gracias al trabajo militante de M. Boldrin y D. Levine que en ciertas condiciones en absoluto extravagantes el valor descontado presente de las cuasi-rentas generadas por la venta (quizá por su copia) de un bien no protegido por la propiedad intelectual puede ser positivo, y sorprendentemente mayor cuanto menor sea el coste de la copia.7

Aprendemos por lo tanto que convendría revisar la regulación existente de la propiedad intelectual que hoy se extiende a ámbitos inusitados -por ejemplo, las prácticas de gestión empresarial o las posturas de yoga- y a duraciones temporales exageradas, tal como ha ocurrido con el llamado Sonny Bono Act. Estas extensiones artificiales pueden ser, en efecto, perjudiciales para la innovación y para el deseado crecimiento continuo, pues se procurará obstaculizar aquél para que no interfiera en el disfrute del monopolio temporal creado artificialmente por el copyright o la patente. Observemos, conectando así esta institución de la propiedad intelectual con la otra institución central de la competencia, que copyright y patentes no dejan de constituir ciertas barreras de entrada.

La competencia es el resultado conjunto de la iniciativa privada de cada agente individual. Que esta iniciativa privada pueda desarrollarse libremente no sólo trae ventajas sociales en la asignación de recursos, como sabe cualquier economista, sino que además acarrea un valor civilizatorio en cuanto que es parte de nuestra realización personal, como han vislumbrado lúcidamente autores tan dispares como Hayek o Sen. Sin embargo, cuando bajo la influencia de la poderosa teoría Neoclásica del Equilibrio General pensamos en la competencia de manera estática, relacionándola con el número de oferentes, percibimos sus ventajas asignativas pero no reparamos en su valor civilizatorio ni en su virtualidad creativa. Por el contrario, cuando pensamos en la competencia de una forma dinámica compatible con dicha teoría del Equilibrio General pero semioculta por muchos de sus rasgos, nos percatamos de que la libre entrada es fundamental para no cegar el pozo de creatividad y para que la innovación tenga realmente lugar. Lo que, por lo tanto, aprendemos de esta renovación de la mirada teórica es que la política de defensa de la competencia no es algo fácil o automático centrado en «fusiones y adquisiciones» o en el número de oferentes, sino que debe atender a las peculiaridades específicas de casos muy diversos. Todos los pleitos en los que ha batallado Microsoft en América o en Europa y en los que sigue batallando son un ejemplo de la necesidad del detalle, de la novedad radical de la Nueva Economía y de la necesidad de no perder de vista que lo que interesa es derribar barreras de entrada para que la innovación se mueva libremente en cualquier dirección.

Lo delicado del desarrollo teórico en los dos campos centrales de la propiedad y de la competencia, desarrollo que debería redundar tanto en una revisión de la regulación de la propiedad intelectual como en una reconsideración de la política de defensa de la competencia, es que su comprensión teórica y su aplicación pueden ser fácilmente pervertidas por ese capitalismo de amigotes, que no es privativo de sociedades atrasadas y de sus economías emergentes. Me atrevería a decir que una sociedad en la que, gracias a la connivencia de Gobierno y de personas poderosas por razones diversas, se amplían los límites de la protección a la propiedad intelectual y/o se alzan barreras de entrada cada vez más altas, es una sociedad enferma. La salud social exige un capitalismo más abierto en el que no se sequen las fuentes de la innovación basándose en interpretaciones anticuadas o torticeras de algunas teorías económicas.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Sobre propiedad intelectual hemos hablado extensamente en el capítulo 4, correspondiente a la propiedad y a los incentivos. Veíamos allí como el socialismo de mercado no podría funcionar sin propiedad privada y nos planteábamos a continuación el problema de la propiedad intelectual. En aquel punto exponíamos, siguiendo un par de trabajos ya publicados, como la doctrina estaba cambiando y como debíamos revisar la sabiduría convencional en materia de patentes y copyright. En el resumen de ese capítulo afirmaba que el papel central que juega la propiedad «no justifica la extensión en el tiempo y el ámbito que se está llevando a cabo en el campo de la propiedad intelectual. En esta materia se está aceptando poco a poco que lo que surge como institución destinada a transar entre el incentivo a crear y la exigencia de la difusión, se está convirtiendo en una innecesaria barrera a la creatividad». «No me parece arriesgado -continuaba afirmando yo- que en un futuro inmediato se reducirá el tiempo de duración del copyright y se reducirá drásticamente el abanico de los bienes, tangibles o intangibles, cuyos méritos merecen protección por parte de los derechos de propiedad intelectual.» En el capítulo al que me estoy refiriendo me preocupaba sobre todo la posibilidad de estar creando artificialmente un derecho de propiedad que, tal como he vuelto a repetir en la entradilla de esta sección, fuera nocivo para la innovación. Añadía allí citando un artículo conjunto con Michele Boldrin:8 «Esto puede parecer herético, pero lo que en general podríamos llamar “piratería” no es más que progreso tecnológico, innovación y, en definitiva, un futuro que se insinúa emboscado». Y resumía, para terminar, que en ese futuro se «acelerará la rotación de bienes propios de la creación destructiva en que consiste el proceso competitivo».

Ahora, en el contexto de este último capítulo sobre el Estado que estudia el tamaño del mismo y el número de estados, estamos interesados en preguntarnos cómo puede influir la provisión adecuada de un bien público desterritorializado como la propiedad intelectual por parte del Estado en el tamaño de ese Estado. La pregunta suena extraña y su respuesta no es inmediata. Por eso hay que proceder por pasos y aplicar al final ese principio que hemos denominado de las virtudes alineadoras de incentivos de la iniciativa privada, aplicación que dejará el camino franco a la respuesta que estamos tratando de encontrar.

Es necesario comenzar por explicar claramente el debate sobre el papel económico-social que el copyright, las patentes y otros instrumentos similares juegan en la determinación del bienestar. No estamos hablando de una finta intelectual irrelevante. La extensión, regulación y gestión de los derechos de propiedad afectan a gran parte de la actividad económica y a muchos campos del análisis económico, como son el crecimiento económico, la organización industrial y el comercio internacional. Ya hemos hablado de la importancia de la innovación para el crecimiento endógeno y de cómo los excesos en la defensa de la propiedad intelectual pueden inhibir esa innovación. Esos excesos pueden influir en el comercio internacional redundando en contra de los países subdesarrollados, y la regulación precisa que se imponga influirá en los modelos de negocio que se adopten en las industrias afectadas. Podríamos argumentar detalladamente sobre la influencia de la propiedad intelectual en esos campos, pero para nuestra finalidad última es mejor referirse a un campo, el cultural, en el que hoy estamos todos involucrados.9

Miremos con un poco de cuidado esto de la cultura, una palabra muy polisémica. Hay activos culturales, que como una escultura de Chillida, digamos, que son difíciles de reproducir digitalmente. Hay servicios culturales, como una representación operística en vivo, que se pueden grabar y reproducir, aunque la Carmen en vídeo no sea la misma cosa que en vivo, y hay objetos culturales como una producción cinematográfica, discográfica o editorial que pueden adaptarse a un soporte digital y transformarse en deuvedés, cedés o disquetes con copias de libros. Esta última posibilidad es relativamente reciente y se debe a innovaciones tecnológicas de la última década que pueden ser cruciales para la difusión masiva de la cultura, ya que permiten reducir los costes de reproducción y distribución de los objetos culturales de manera sustancial con respecto a los soportes tradicionales.

Esta fundamental consecuencia del desarrollo tecnológico reciente no parece, sin embargo, haber alcanzado todavía a la opinión pública general, aunque desde hace casi una década es posible producir/grabar/distribuir música, vídeos y libros a costes mucho menores que antes. Un cd con grabación musical cuesta 70 céntimos de euro, su distribución por internet menos de 10 céntimos, y los autores/músicos/cantantes se llevan entre un euro y euro y medio por cd (casi nadie llega a dos). ¿Dónde acaban entonces los otros 15-16 euros de los casi 20 que cuesta un cd en las tiendas de música? Sorprende que, en el estado actual de la tecnología, nadie se pregunte por qué cuando se hace más barato producir, por ejemplo, cámaras de vídeo, su precio baja rápidamente, mientras no ocurre lo mismo con los cedés, los deuvedés y los libros.

Suponiendo que la difusión masiva de los objetos culturales es un bien público desterritorializado, hay muchas voces que se levantan en defensa de la ayuda estatal a su producción, ayuda que, por ejemplo, podría consistir en una reducción del IVA que grava esos productos culturales. Los hechos mencionados antes y estas peticiones hacen reflexionar. Evidentemente, una sociedad en que los ciudadanos leen muchos libros y escuchan mucha música es preferible (siempre que los libros y la música sean «buenos», pero esto es otro asunto) a otra en la cual esto no ocurra. También es preferible una sociedad en que los ciudadanos tienen muchos zapatos, coches y corbatas a una de indigentes. Pero casi nadie sugiere resolver el problema de la escasez de camas, corbatas y chuletas de cordero por medio de ayudas estatales o mediante la reducción de los impuestos sobre su adquisición y consumo. Hace ya bastante tiempo hemos entendido que la solución (siempre parcial) al problema de la escasez de zapatos y chuletas puede venir solamente a través de la aplicación de los avances tecnológicos en la producción de estos bienes. ¿Por qué lo mismo que nos parece natural para los zapatos no vale para los libros, música y dvds? ¿De verdad los zapatos son tan diferentes de los libros? Planteamos aquí que no lo son y argumentamos que los ciudadanos leerán más libros solamente si tratamos a los libros de la misma manera que tratamos a los zapatos, y que plantear este problema como si los libros no fueran un producto de la actividad económica convencional del ser humano es un planteamiento inadecuado.

A finales de abril de 2004 la nueva ministra de Cultura española generó un gran debate, y no pocas bromas, aireando la idea de rebajar el IVA sobre libros (desde el actual 5% al 1%), discos y deuvedés (desde el actual 15% a valores cercanos al 4%) como medida para favorecer el desarrollo cultural, una mayor difusión de la literatura, de la música, del cine y de las expresiones artísticas más en general. Intención laudable, perseguida desafortunadamente de manera poco eficaz. Y no solamente porque la legislación de la Unión Europea nos hubiera impedido bajar el IVA sobre libros o discos y porque las restricciones presupuestarias públicas desaconsejan una reducción del IVA sobre cualquier cosa, sino porque la medida en cuestión no tendría consecuencias perceptibles sobre la demanda de cultura y de bienes culturales. Para abaratar libros, discos y películas, tanto en España como en cualquier otro país, hacen falta otras medidas. Veamos el porqué.

¿Cuán significativo será el efecto sobre el precio de las bajadas del IVA que se contemplan? Los cálculos son muy sencillos. La mayoría de los libros cuestan entre 10 y 20 euros, y el 4% de reducción del IVA se traduce, por lo tanto, en una reducción potencial de entre 40 y 80 céntimos de euro por libro. Como todos sabemos hay un concepto llamado elasticidad de la demanda (y de la oferta) que implica que solamente una parte de la reducción de impuestos se traduciría en una reducción de precio al consumidor, ya que parte de las ventajas quedaría para las editoriales, distribuidoras y librerías, o hasta para los autores de libros. Por lo tanto, la idea de reducir el IVA, aunque hubiera sido posible, habría consistido, en el mejor de los casos, en una reducción del precio de los libros ded entre 20 y 40 céntimos. Un cálculo similar para discos y deuvedés proporciona descuentos de entre 50 y 80 céntimos de euro por cd o dvd. Dudamos seriamente de que reducciones de precio de similar tamaño puedan conseguir algún efecto significativo sobre la demanda y el consumo de libros, discos y productos culturales en general.

A la luz de estos datos y aunque aplaudimos el deseo de la ministra, creemos que debería haber un espacio, hoy todavía no explorado y distinto del intervencionismo, para la reducción de precios en función de los avances tecnológicos de los últimos veinte años en las técnicas de grabación, almacenamiento, reproducción y distribución de información. Estos avances han reducido, potencialmente pero de manera sustancial, el coste de producir y distribuir libros, música y cine, pero no hemos observado reducción alguna en el precio relativo a estos bienes, sino que posiblemente ha ocurrido lo contrario. ¿Cómo es posible que, ahora que grabar una pieza de música cuesta, en términos de equipamiento tecnológico, una décima parte de lo que costaba en 1980 y que lo mismo puede decirse de los instrumentos que se utilizan pera grabar una película, por no hablar de lo superbarato que se ha hecho editar, imprimir y distribuir libros con ayuda de ordenadores, los libros sigan costando veinte euros cada uno y los cedés lo mismo? Nuestro argumento es que esto se debe, fundamentalmente, al poder de monopolio que la actual legislación sobre copyright y derechos de autor otorga a las compañías productoras y distribuidoras de libros, cedés y deuvedés, y que el ejercicio de este poder por parte de varias agencias especializadas en cada segmento10 hace encarecer artificialmente el precio de los objetos culturales. Veamos un ejemplo sintomático. La película Tarnation, de Jonathan Caouette, tuvo un gran éxito en el Festival de Cannes de 2004. Su director/productor hizo un gran uso de las tecnologías digitales para producir su película. El coste de la misma fue de 400.218 dólares, es decir, 218 de costes efectivos y 400.000 para pagar los derechos de autor, conseguir el permiso para utilizar algunas imágenes de viejas películas y sonidos para la banda musical, así como otras cosas por el estilo. No hace falta añadir moraleja alguna a estas cifras, sino solamente una conclusión.

Una eliminación o reducción drástica de los términos del copyright conllevaría automáticamente una revolución en las tecnologías de distribución de libros y discos, una distribución que se lleva, en este momento, las tres quintas partes del precio final. La distribución digital competitiva puede costar un 10% o hasta menos. Este cambio en los derechos de propiedad intelectual no sólo permitiría reducir drásticamente los costes de producción, sino que sería altamente equitativo. Los beneficios de origen monopolítico que consiguen hoy en día algunos, y solamente algunos, «artistas» son desmesurados respecto a sus costes de oportunidad. Los datos y una mínima reflexión sugieren que, aun sin estas disparatadas rentas monopolísticas, los autores seguirían creando y, lo que quizá es más importante, podríamos llegar a despojarnos de la actual «cultura de la concesión» e iniciar el camino hacia una verdadera «cultura libre». Tal es el argumento del libro de L. Lessig, Free Culture: how big media uses technology and the law to lock culture and control creativity. En el prefacio Lessig afirma: «Una cultura libre no es una cultura sin propiedad; no es una cultura en la que los artistas no son pagados […] Una cultura libre, como un mercado libre, está repleta de propiedad. Está llena de reglas de propiedad y de contratos cuyo cumplimiento está garantizado por la fuerza del Estado. Pero de la misma forma que un mercado se pervierte si la propiedad se hace feudal, una cultura libre puede enrarecerse por el extremismo en la definición de los derechos de propiedad» (traducción propia). Y es justamente esto lo que está pasando últimamente: que los derechos de propiedad intelectual que tienen los productores son tan dilatados en el tiempo y tan amplios en su cobertura de los bienes protegidos, que lejos de fomentar la inventiva matan la creatividad, pues ésta siempre ha estado relacionada con el uso y la transformación de bienes culturales previos. Es la necesidad de pedir permiso para hacer esto lo que nos lleva a una cultura insulsa que además es cara.

En este asunto de la propiedad intelectual, ejemplificado por el copyright con el que se pretende terciar entre creación y difusión en el mundo cultural, está muy clara la diferencia entre los incentivos individuales y el bien social. Los creadores o los productores de sus obras pretenden la extensión sin límite de los derechos de propiedad intelectual, mientras que el bien social necesitaría su reducción para de esta forma dar un empujón a la creatividad tanto de los mismos creadores como de su competidores, que no encontrarán productores mientras éstos disfruten de un monopolio temporal amplísimo. Nos encontramos, pues, con un problema de alineamiento de incentivos que sabemos que tiene solución. Pensemos en la iniciativa individual de un gestor de derechos de propiedad que ofrece a sus clientes posibles la «oportunidad» de pagarles una prima pero durante menos tiempo y posiblemente decreciente en ese tiempo menor. Los creadores o productores van a ganar anualmente más que antes, con un diferencial posiblemente decreciente, durante menos años. Dependiendo de las expectativas de cada autor o productor sobre la caída de ventas en el tiempo, así como de su impaciencia, es perfectamente imaginable que estos autores y productores acepten la oferta y que la «oportunidad» sea real y pueda escribirse sin comillas. No es difícil imaginar que en estos términos haya espacio para muchos gestores imaginativos como el que acabo de describir y que, bajo ciertas condiciones, nos encontremos con una duración media menor y una cantidad media de invención quizá mayor. Basta con pensar que el productor puede producir ahora dos obras mientras antes producía una, con cada una ganando menos que antes pero con las dos ganando más que antes. El creador trabajará un poco más pero ganará también algo más y el usuario pagará menos si está dispuesto a esperar un poco para el disfrute de la obra de creación.11 Se me antoja que esta situación es mejor para la innovación. Y me parece evidente que esta mejora se debe al principio de la virtud alineadora de los incentivos de la iniciativa privada.

¿Qué implica esto para el número de estados y su tamaño? Es evidente que estas dos cosas no dependen sólo de los derechos de propiedad intelectual, pero ceteris paribus, deberíamos concluir que cuanto más estados hubiera puestos a regular los términos de los derechos de propiedad intelectual, más intensa sería la innovación general. Cada uno de estos estados en efecto estaría haciendo el mismo trabajo que el gestor de derechos del párrafo anterior. Estaría proponiendo una legislación que atraería a creadores y productores que, dadas sus expectativas, preferirían una duración menor con una prima, según nuestro ejemplo. La clave de este resultado es que estamos dejando que cada creador y cada productor esté dispuesto a actuar de acuerdo con sus intereses, pero sin dejarle que se aproveche de los demás.12

La importancia de este razonamiento es que, en cualquier caso, es perfectamente posible argumentar que un aumento en el número de estados o jurisdicciones, cuando cada uno puede regular la propiedad intelectual, redundará en una regulación variada con relación a la cual los creadores y productores se autoseleccionarán y que puede redundar en una mayor innovación general, que es lo que estábamos buscando a efectos de proporcionar adecuadamente el bien público desterritorializado que denominamos propiedad intelectual. La batalla que se libra hoy en el campo del software entre Microsoft y Linux tiene que ver con la política de defensa de la competencia en la que entramos a continuación, pero también con la extensión de los derechos de propiedad intelectual. De esta batalla aprendemos dos cosas. La primera es que la innovación indudable que Linux trae consigo no hubiera sido igual si la batalla no hubiera tenido que librarse en diferentes jurisdicciones, en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, con competencias propias sobre defensa de la competencia. La segunda es que Linux es el ejemplo perfecto de iniciativa privada y que es ésta la que obliga a la propia Microsoft a innovar más rápidamente a pesar de que el gigante de Redmond hace lo que puede por atacar al software libre usado por Linux en base precisamente a los derechos de propiedad intelectual que, según afirma, tiene sobre una pieza crucial usada por Linux.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Lo que pretendo ahora es efectuar unas reflexiones que nos permitan poder afirmar que en el capitalismo al que nos acercamos, las novedades tecnológicas junto a la globalización y la abundante información hacen que la competencia se imponga. Lo interesante del argumento que voy a exponer es la forma en que se impone, muy diferente a la que nuestra inercia intelectual nos sugeriría y muy dependiente del poder de las TIC y de su facilidad para tejer redes. Y además, y en cierta medida, esta forma en que la competencia va a llegar a imponerse así como lo que ocurre bajo su dominio conforman una actividad de tal naturaleza que reconcilia a los grandes liberales consigo mismos y puede entenderse como un puente entre la concepción neoclásica del mercado y la austriaca o entre el aspecto ingenieril y el social de la economía. Los liberales defienden el mercado aun cuando su estructura no se pudiera considerar del todo competitiva, y ahora estamos en disposición de entender con claridad que los liberales veían en el mercado no sólo asignaciones, sino sobre todo una enorme capacidad de levantar las barreras a la creación de riqueza por medio de su labor profiláctica. La concepción ingenieril diseña algoritmos para subsanar defectos y permitir el funcionamiento de la iniciativa privada en la provisión de bienes públicos, y la concepción más social descubre cómo esta iniciativa privada puede influir en el funcionamiento de las instituciones.

Exploraré ahora por orden tres temas relacionados. El primero trata de perfilar la noción de competencia y de relacionarla con las TIC y el efecto-red al que estas TIC permiten funcionar operativamente. El segundo tema a tratar es la política de defensa de la competencia que, como veremos, cambia de naturaleza, y el tercero es la extensión de esta política al fomento del principio de las virtudes alineadoras de incentivos de la iniciativa privada.13

Tanto los libros de texto como las discusiones de los periódicos manejan nociones alternativas de competencia tratando de caracterizar la competencia llamada perfecta. En general, el hombre de la calle y los libros de texto, capturados hasta hace muy poco por la tradición walrasiana, consideran que la perfección de la competencia está caracterizada por el número grande de competidores. Sin embargo, libros de texto un poco más antiguos y en la tradición marshalliana, así como los hombres de empresa, creen saber que lo que interesa a efectos de funcionar de manera competitiva es la rivalidad entre empresas cualquiera que sea su número, incluyendo en esa rivalidad la meramente potencial ejemplificada por la libertad de entrada.

Competencia y rivalidad, en el sentido en que estas palabras han sido utilizadas en el párrafo anterior, tienen en común un problema de incentivos, un tipo de problema al que hemos hecho referencia en el capítulo 5. Es necesario que cada agente económico tenga incentivos para comportarse como se supone que debiera comportarse a efectos de maximizar el bienestar colectivo, si se me permite utilizar la terminología neoclásica. Es decir, es necesario que el sistema económico sea eficiente y compatible en incentivos. Salvador Barberá (junto con Matthew Jackson) ha probado rigurosamente que para que un sistema económico sea eficiente y compatible en incentivos tiene que haber como unas tasas de intercambio entre cosas que sean iguales para todos los individuos e independientes de la cantidad (precios paramétricos). La competencia consiste en que los agentes económicos se comporten como precio-aceptantes, cosa que ocurre cuando son muchos. Pero Joe Ostroy (junto con Louis Macowski y U. Segal) ha probado con similar rigor que la coexistencia entre compatibilidad en incentivos y la eficiencia exige el intento simultáneo por cada agente de apropiarse de todo el excedente generado por el intercambio o la producción de bienes. Esto requiere que cada agente actúe como un monopolista perfectamente discriminador cargando a cada cliente el precio máximo que está dispuesto a pagar. La competencia consistirá en este caso en que cada agente económico rivalice tan fieramente con su competidor como éste con aquél. Esto ocurre cuando son muchos, pero puede ocurrir cuando son pocos. Ambas interpretaciones de la competencia son equivalentes, pero lo interesante es que una y otra pueden dar origen a formas alternativas de valorar la competencia. Defender al consumidor promoviendo la competencia pasa hoy día por subrayar la «rivalidad» e ignorar la «competencia». Si recomendáramos lo contrario no seríamos escuchados en el ambiente liberal prevalente.

Defender la competencia va a consistir por lo tanto y como mínimo en evitar que se alcen barreras a la entrada, tanto a la entrada en un mercado como a la entrada en una institución gestionadora de servicios públicos. Dejo esto para un poco más adelante y paso a hablar de cómo va a cambiar la naturaleza de la política de defensa de la competencia en presencia de las nuevas tecnologías.

En donde estas nuevas tecnologías van a tener un impacto más significativo es, sin duda alguna, en el funcionamiento de la competencia, cuyo ejercicio en libertad es la verdadera fuerza de los mercados. Hemos visto en los capítulos 2 y 4 que la competencia perfecta, un desideratum, puede concebirse como el límite de un proceso de tejido de redes (netweaving) por parte de las TIC que exhibe los rendimientos crecientes propios del efecto-red del que ya hablamos en capítulos anteriores. Esta noción de competencia no se parece en nada a la noción walrasiana basada en el gran número de participantes, sino que es un trasunto de la concepción marshalliana que se fija en la inexistencia de barreras a la participación. Pues bien, aunque las TIC propicien la creación de unidades productivas enormes, éstas no pueden ejercer su poder de mercado porque si lo hicieran las mismas TIC le pondrían freno. Por lo tanto, como en el límite del proceso del efecto-red se encuentra la competencia perfecta, y ésta está en el origen de toda la capacidad de creación de riqueza que tiene el capitalismo, no cabe duda de que la política de defensa de la competencia debe reconsiderarse y orientarse a evitar que las empresas pongan obstáculos al libre desenvolvimiento del proceso de tejido de redes, lo que sería equivalente a levantar barreras de entrada.

En el límite del netweaving la defensa de la competencia ya no es necesaria. Está claro que mientras se alcanza esa situación límite, las formas de gestión y las estrategias empresariales propias de la Nueva Economía tienen sentido, pero hay que advertir que son self-defeating, puesto que propulsan el sistema económico hacia su desideratum de competencia perfecta, algo deseable por los consumidores pero peligroso para los productores. Trataré ahora de entender los límites al desarrollo del netweaving estudiando los obstáculos que pueden originarse endógenamente, tanto en el sistema productivo en sí como en los incentivos de los empresarios, y que suscitan inmediatamente la pregunta sobre el papel que ha de jugar la política de la competencia.

El análisis de los incentivos empresariales es bastante fácil, pues ya sabemos que, si bien la competencia perfecta disciplina a los empresarios, el objetivo de éstos es procurar que la competencia no sea perfecta, sino que se acerque lo más posible a una situación de monopolio. Sus accionistas se lo agradecerán. Pues bien, los más avispados entre los gestores de empresas, habiendo ya conseguido cierto poder monopólico, procurarán que la comunidad formada por su clientela y estructurada en red por internet, no se expanda del todo. Pensemos en plataformas digitales o redes de cajeros o cualquier otro sector en que el efecto-red sea más o menos relevante. No es que en esos casos cada empresa vaya a restringir la entrada al club de su clientela, pero sí que permitirán sin demasiada lucha que existan otros clubes formados por la clientela de los competidores. ¿Por qué? Pues porque las empresas, que solían competir entre sí fieramente, tienen ahora incentivos para dejar de hacerlo y coordinarse, implícita o explícitamente, a fin de retardar el advenimiento de la competencia perfecta y alargar así el disfrute de cierta situación de monopolio adquirida con inteligencia y comprensión del funcionamiento de las redes. La novedad rigurosa de la situación es, pues, que el comportamiento del monopolista es inadecuado, no porque luche por aumentar el ámbito de su monopolio a expensas de la clientela ajena, sino porque no hace suficientes esfuerzos en esa dirección. En consecuencia, la política de defensa de la competencia en esos sectores debería propiciar la ampliación del tamaño de la empresa monopólica de hoy (a efectos de ir preparando el desideratum que se avista al final del camino) en lugar de procurar la existencia de explotaciones numerosas que, al fin y al cabo, no pueden aprovechar eficazmente el efecto-red.

Pero si la política de la competencia procediera de esa manera, encontraría curiosamente resistencia en los propios empresarios, que preferirán autocontrolarse para que su poder dure más y no se disipe en la nada. Cabría pensar que esto quizá no fuera así ya que, al fin y al cabo, los emprendedores no saben frenar su ambición, bien sea por miopía, bien sea por un gran descuento de un futuro muy lejano, bien sea porque esta ambición es parte del desarrollo de su proyecto vital libremente decidido. Pero es que puede haber circunstancias que les abran los ojos para mal. Ahora me fijaré en dos de estas circunstancias, una tecnológica y la otra societaria que van a propiciar otra manera de entender la defensa de la competencia, no conservándola sino tratando de ayudar a que se imponga.

Tecnológicamente hay un freno objetivo al solapamiento de redes que consigue mantener a los agentes económicos en grupos separados. En la literatura del desarrollo el fenómeno ha merecido el nombre de O-ring effect por parte de Kremer en recuerdo de la pequeña pieza en forma de arandela de goma que generó el desastre de la lanzadera espacial Challenger. Un pequeño defecto destruye un proyecto delicado y de enormes exigencias técnicas. La moraleja está descrita por Cohen de la siguiente forma: «En una cadena de montaje el menor desajuste de un eslabón pone en peligro el producto final en su totalidad. En consecuencia, trabajadores involucrados en un mismo proceso tienden a tener niveles de competencia muy similares» (traducción propia). Esto es relevante para el de­ sarrollo económico por la dualización salarial que trae consigo, pero a nuestros efectos lo que nos interesa es que hay fuerzas que nos llevan a agruparnos en comunidades homogéneas y separadas. En consecuencia, es posible que, en lugar de agotar las ventajas del intercambio comerciando con miembros de otras comunidades o generando con ellos proyectos conjuntos, dejemos escapar oportunidades de mejorar nuestra situación económica simplemente porque falta la confianza necesaria para aprovecharlas.

Si la tecnología moderna propicia estos emparejamientos diferenciales, los empresarios tendrán una excusa para dejarse llevar por sus incentivos y frenar la proliferación de redes solapadas. Podrán luchar por fidelizar mediante redes a clientes de un grupo determinado, pero rechazarán quizá conformar redes con miembros de otras comunidades. Pero ¿bastará esto para convencer a sus accionistas de que no merece la pena tratar de extender su poder monopólico? Los accionistas también son consumidores y, como tales, les gustaría alcanzar cuanto antes la competencia perfecta, aunque como accionistas preferirían compartir los beneficios extraordinarios propios del camino hacia ella. Por lo tanto es posible que los accionistas traten de retrasar el advenimiento del de­ sideratum, de acuerdo, curiosamente, con los ejecutivos. Para que esto no ocurra habría que reforzar los servicios o tribunales de defensa de la competencia para que no sólo inciten al monopolista, tal como acabamos de decir, a la ampliación de la clientela (justo lo contrario de lo que suelen hacer), sino para que hagan funcionar el mercado del control de empresas propiciando que las empresas con mayor descuento del futuro y una mayor miopía actual se hagan con el control de aquellas otras que todavía no han explotado todo su poder de monopolio. Pero este mercado de control de empresas no es sino un ejemplo de como hay que actuar para que funcione el principio de las virtudes de la alineación de incentivos por parte de la iniciativa privada.

Sin embargo, las empresas tienen incentivos para ralentizar el advenimiento de la competencia perfecta y de su capacidad para la creación tecnológica e institucional a fin de seguir ganando beneficios extraordinarios. Estos incentivos colaboran a que surja nuestro viejo conocido, el capitalismo de amigotes, que dificulta objetivamente la creación de riqueza y el ejercicio de la libertad en el peor de los casos en connivencia con el Gobierno. Aquí también pueden ayudar las TIC, tal como han hecho en la salida a Bolsa de Google a pesar de las dificultades que los bancos de inversiones establecidos han puesto a que esta salida a Bolsa se hiciera on-line. Pero donde no llegan las TIC debería actuar la política de defensa de la competencia dirigida por la conveniencia de dejar que la iniciativa privada colabore a alinear los incentivos privados con el interés social. Por ejemplo, cuando hace años había que otorgar licencias para implantar el móvil de tercera generación, debería haber sido la defensa de la competencia la que forzara al Gobierno a utilizar el método de subasta que, justamente, incorpora la posibilidad de alinear incentivos.

Para cerrar el argumento de este capítulo es necesario relacionar estas nociones novedosas sobre defensa de la competencia con el problema del tamaño del Estado. Ya hemos visto que la innovación exige ahora, en el caso de la Nueva Economía, que se promueva el mercado de control de empresas de forma que se evite la connivencia entre ellas para retrasar la lucha final no en el mercado, sino por el mercado. Mi argumento es que esto es más fácil de llevar a cabo cuando el Estado o la jurisdicción de que se trate es más pequeña. La razón es similar a la esgrimida en el caso de la propiedad intelectual. Si hubiera muchos tribunales de defensa de la competencia, uno por jurisdicción, una empresa ambiciosa intentará adquirir otra en aquella jurisdicción a la que ella tiene derecho a acudir y que menos dificultades ponga a esas operaciones de toma de control. Ceteris paribus existirán más oportunidades para dejar que el efecto-red haga su trabajo hasta el final. O, visto de otra manera, más difícil lo tiene el capitalismo de amigotes para lograr evitar que la competencia se perfeccione. Con una sola jurisdicción es más fácil capturar al defensor de la competencia para que prohíba adquisiciones necesarias para dejar funcionar el efecto-red que en el caso de que haya muchas posibilidades alternativas de poder realizar la adquisición.14

UN BREVE COROLARIO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

De la exposición que he realizado, tanto sobre la propiedad intelectual como sobre la defensa de la competencia como dos ejemplos paradigmáticos de bienes públicos desterritorializados y como dos factores importantísimos para la innovación y el crecimiento endógeno, no sólo se desprende que el tamaño del Estado debiera ser menor (en cierta medida porque paradójicamente esto permite más fácilmente el despliegue completo de las ventajas de los rendimientos crecientes), sino también una especie de manifiesto tangencial. En efecto, aunque no sea central al argumento, este apartado nos ha hecho ver que no hay que utilizar la Teoría Económica de cualquier manera y que es necesario estar atento a las estratagemas sólo aparentemente basadas en la buena teoría y que realmente persiguen torticeramente bien la restricción de las oportunidades de innovación (basándose en la necesidad del copyright), bien el freno de los rendimientos crecientes por parte de la demanda (basándose en una interpretación inadecuada de la competencia).

La aplicación de este manifiesto al mundo de la comunicación es inmediata. Los medios de comunicación de cualquier clase están hoy en una encrucijada. Por un lado deberían divulgar lo que se piensa hoy sobre propiedad intelectual y competencia, aprovechando para ello muchas de las ocasiones que se van a plantear en relación con problemas de patentes o derechos de autor (desde medicamentos genéricos a piratería digital). Esta tarea que les es propia haría que las ideas fueran calando y fomentaría la innovación que es necesaria para el crecimiento continuo. Pero, por otro lado, los incentivos de los ejecutivos de las empresas editoras o productoras, así como los intereses de sus accionistas, pueden empujar a los medios en la dirección contraria, frenando la innovación. No tardaremos mucho tiempo en averiguar si los medios establecidos van a fomentar o a retardar la innovación según derriben o alcen las barreras de entrada al negocio de las empresas centradas en las nuevas tecnologías digitales que permiten la inte­ ractividad y nuevos modelos de negocio. Mi pronóstico al respecto, como sería el de cualquier economista, es que los medios establecidos procurarán de manera conjunta retardar la entrada de estas empresas hasta que el más avispado rompa la disciplina, se reconvierta y fuerce a los demás a seguirle. Lo que siempre ocurre; lo raro es que no haya pasado todavía. O quizá está pasando ya en el caso de Murdoch.

RESUMEN

En el capítulo anterior concluíamos que nos dirigimos hacia un Estado de ámbito mínimo en el que las funciones que ese Estado desempeña se limitarán a la garantía de la seguridad (física y jurídica) y a la defensa de la competencia junto con la provisión no exclusiva de algún bien público, por ejemplo la educación. Este capítulo se ha centrado en la provisión de bienes públicos distinguiendo los territorializados de los no territorializados. Entre los primeros hemos incluido la educación u otros similares, mientras que entre los segundos hemos prestado atención a la propiedad intelectual y a la defensa de la competencia. Esta concentración temática persigue el estudio del tamaño del Estado o, equivalentemente, del número de estados, y el análisis de cómo la globalización, la importancia creciente de bienes digitalizables como la información y las nuevas tecnologías (TIC) pueden llegar a influir sobre ese tamaño.

Sin embargo, el estudio del tamaño no puede derivarse fácilmente del análisis de la provisión de ciertos bienes públicos. Para empezar, este estudio se complica por varias razones. La participación grande y creciente de la información en el valor añadido hace que en esta nueva economía las materias primas tengan poca importancia; la globalización por su parte trae consigo tanto la disociación entre tamaño del Estado y tamaño del mercado como la inmigración, que hace muy difícil la homogeneidad de las preferencias en un territorio dado, por pequeño que sea; y finalmente las TIC pueden tejer y destejer comunidades identitarias volátiles y solapadas cuya existencia no es fácil de relacionar con el tamaño del Estado.

En cuanto a la provisión de un bien público como la educación, que nos ha servido de ejemplo, hemos tratado de examinar el trade-off que necesariamente existe entre los rendimientos crecientes a escala, que aconsejarían una jurisdicción muy amplia, y la diversidad de las preferencias educativas que aconsejaría jurisdicciones más reducidas asociadas a comunidades homogéneas. Hemos aprendido que en sociedades heterogéneas (como las que se están formando a partir de la globalización, o de la mera existencia de información, a través de los movimientos de las personas que la propician) debemos esperar que o bien se infraproduzca la educación puesto que los ricos y blancos (digamos) no quieren pagar la educación a los pobres y negros (digamos). Dicho de otra manera, la provisión óptima, que se puede calcular más fácilmente gracias a las TIC o que se pone en práctica por la iniciativa privada gracias también a las TIC, es más difícil de financiar en sociedades heterogéneas. Y también hemos entendido que el trade-off entre rendimientos a escala y heterogeneidad existe y es intenso precisamente en educación y en el caso que acabamos de utilizar como ilustración, en el que la heterogeneidad es racial. La conclusión tentativa es que, en este ejemplo de la educación, parecería que en la sociedad plural que llega habría que inclinarse por jurisdicciones pequeñas y por coordinación entre ellas. Es justamente el caso del Estado de las Autonomías español el que podría mejorarse a estos efectos si se instrumenta algo como el cupo vasco, basado en el principio de subsidiariedad.

La propiedad intelectual y la política de defensa de la competencia son dos instituciones cruciales para la innovación económica que sirven, en principio, para proteger dos bienes públicos relacionados con esa innovación, la creatividad y la competencia.

Con relación a la propiedad intelectual he insistido en que su extensión desmesurada puede retrasar o impedir las innovaciones, por lo que su regulación es importante. He argumentado también que si dejáramos funcionar la iniciativa privada en esa regulación probablemente reduciríamos los excesos. Y finalmente he tratado de cerrar el argumento arriesgando la opinión de que tanto más fácil es el funcionamiento de la iniciativa privada cuando menor sea el tamaño de la jurisdicción que delimita la capacidad de regulación.

En cuanto a la competencia, su defensa es muy particular cuando estamos hablando de bienes y sectores cada vez más importantes cuantitativamente, que tienen que ver con la Nueva Economía y con bienes digitales. Se trata ahora de no prohibir, sino más bien de fomentar las fusiones y adquisiciones que son necesarias para luchar no en el mercado sino por el mercado, como es el caso en los sectores en que reinan los rendimientos crecientes. Esta defensa sui géneris de la competencia se lleva a cabo más fácilmente si hay jurisdicciones que compiten con regulaciones alternativas y experimentadoras.

Como se observará, las conclusiones de este capítulo, que se inclina a predecir una proliferación de jurisdicciones competenciales, no necesariamente estados, son más especulativas que en otros capítulos, como corresponde a la mayor dificultad del problema tratado.

Referencias

Ahlborn, C., Evans, D. S. y Padilla, A. J.: 2001, «Competition Policy en the New Economy: is European Competition Law up to the Challenge?». European Competition Law Review 22, 156-167.

Alesina, A., Baqir, R. y Hoxby, C.: 2004, «Political Jurisdictions in Heterogeneous Communities». Journal of Political Economy 112, 348-396.

Alesina, A., Glaeser, E. y Sacerdote, B.: 2001, «Why Doesn’t the US Have a European Style Welfare State?». Brookings Papers on Economic Activity 2001, 187-254.

Alesina, A. y Spolaore, E.: 2003, The Size of Nations. MIT Press, Cambridge, MA.

Arrow, K. J.: 1962. «Economic Welfare and the Allocation of Resources for Inventions», en R. Nelson (ed.), The Rate and Direction of Innovative Activity, Princeton University Press, Princeton.

Barberá, S. y Jackson, M. O.: 1995, «Strategy-Proof Exchange». Econometrica 63, 51-87.

Boldrin, M. y Levine, D.: 2002, «The Case against Intellectual Property». American Economic Review 92, 209-212.

Boldrin, M. y Urrutia, J.: 2003. «¿Gedeprensa? No gracias», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

Cohen, D.: 1999, The Wealth of the World and the Poverty of Nations. MIT Press, Cambridge, MA.

F. BBV: 1999, El euro y sus repercusiones sobre la economía española. Documenta, Bilbao.

Kremer, M.: 1993, «The O-Ring Theory of Economic Development». The Quarterly Journal of Economics 108, 551-575.

Lessig, L.: 2004, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity. Penguin Press, Nueva York.

Makowski, L., Ostroy, J. M. y Segal, U.: 1999, «Efficient Incentive Compatible Economies Are Perfectly Competitive». Journal of Economic Theory 85, 169-225.

Quah, D.: 2003, «Digital Goods and the New Economy». CEPR Discussion Paper 3846.

Sah, R. K. y Stiglitz, J. E.: 1987. «The Architecture of Economic Systems: Hierarchies and Polyarchies», National Bureau of Economic Re­ search, Inc.

Samuelson, P. A.: 1966. «The Pure Theory of Public Expenditure», en J. E. Stiglitz (ed.), The Collected Scientific Papers of Paul Samuelson, MIT Press, Cambridge, MA, pp. 1223-1225.

Urrutia, J.: 1999. «Comentario al artículo de X. Vives», en F. BBV (ed.), El euro y sus repercusiones sobre la economía española, Documenta, Bilbao, pp. 351-355.

—, 2003a. «Competencia vs. rivalidad», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2003b. «La lógica de la abundancia I-VI», en J. Urrutia (ed.), Economía en porciones, Prentice Hall, Madrid.

—, 2004a, «El cupo: un imposible arreglo ideal». Expansión 6 de junio de 2004.

—, 2004b. «La potencia semántica de la retórica. Un planteamiento de óptimo subsidiario y racionalidad limitada», en A. Marqués, A. Ávila y G. W.J (eds.), Objetividad, realismo y retórica. Nuevas perspectivas en metodología de la economía, Fondo de Cultura Económica, Madrid.

—, 2004c, «Oportunidad histórica». Expansión, 3 de febrero de 2004.

—, 2005, «Epifanía económica». Expansión, 3 de enero de 2005.

Vives, X.: 1999. «La supervisión bancaria en la Unión Monetaria Europea», en F. BBV (ed.), El euro y sus repercusiones sobre la economía española, Documenta, Bilbao.

Zabalza, A.: 2003, «A General Framework for the Analysis of Fiscal Equalisation Systems». Spanish Economic Review V5, 205.

Notas

1 . El terrorismo internacional de raíz islamista es un «mal» público desterritorializado. La exposición de la mejor forma de luchar contra él tiene implicaciones para la cuestión del tamaño del Estado, y en este sentido podría haber sido efectuada en este capítulo. Sin embargo, he optado por hablar de él en el epílogo de El capitalismo que viene.

2 . En Urrutia (2004a) realicé una exposición muy sucinta de las principales ideas de estos dos economistas de Harward y Yale, respectivamente, tratando de completarlas con la asunción de las implicaciones de la globalización y del uso de las TIC. Este artículo suscitó alguna reacción airada por parte de algunos que creían ver en él una defensa soterrada y presuntamente peligrosa del nacionalismo vasco. Como el lector podrá comprobar que los argumentos esgrimidos van más bien dirigidos hacia el sostenimiento de una organización basada en redes de ciudades. Por otro lado creo entender que el nacionalismo vasco no necesita de estos argumentos o que al menos no los usa. Sí que creo que su posición dialéctica mejoraría si los usara, pero también sé que si lo hiciera sufrirían algunas de sus convicciones profundas.

3 . Esta problemática de los bienes públicos es sumamente conocida desde que Samuelson la planteó con claridad.

4 . En el capítulo anterior hago una lectura del artículo de Coase sobre faros que procede según las líneas expuestas en el texto.

5 . Lo que sigue a continuación está basado en Urrutia (2004b).

6 . Los siguientes párrafos forman parte de las palabras de bienvenida que pronuncié en la presentación de LECG (Law and Economic Consulting Group) en Madrid el 27 de noviembre del 2004 y que posteriormente rehice como un ar­tículo para Expansión. Ver Urrutia (2005).

7 . En Boldrin y Urrutia se presenta con más detalle el trabajo de Boldrin y Levine poniendo énfasis en la necesidad de revisar el trabajo de Arrow, procediendo a un interpretación dinámica del equilibrio general y en el supuesto de que el coste de la reproducción por muy pequeño que sea es positivo. Ver también Quah para entender que el resultado no es correcto si ese coste es literalmente nulo.

8 . Ver la nota anterior.

9 . El contenido de los párrafos que siguen es parte de un trabajo no publicado que realizamos Boldrin y yo y que tenía como origen una sentencia del Tribunal de la Competencia sobre el caso Gedeprensa, al que nos referíamos en Boldrin y Urrutia, y simultáneamente unas declaraciones de la ministra de Cultura del Gobierno español, Carmen Calvo, relativas a la reducción del IVA de los libros y otros productos culturales. El argumento, sin embargo, es general.

10 . Al menos hay ocho que cuentan en España: SGAE, Cedro, Agedi, AIE, Vegap, Egeda, Aisge y Dama, que se especializan en la gestión de los derechos de distintos tipos de creativos, desde autores y editores (SGAE) hasta intérpretes y ejecutantes (AIE), pasando por artistas plásticos (VEGAP).

11 . Todas estas afirmaciones son tentativas y exigirían una modelización específica que quizá pueda intentar en otro ocasión.

12 . Naturalmente el argumento utilizado en el texto no puede esgrimirse sólo a favor del aumento en el número de estados, sino que, en general, se aplica a la multiplicación de jurisdicciones con competencias sobre regulación de la propiedad individual, jurisdicciones que no tienen por qué coincidir con estados. Lo que hay que retener de estos resultados no formalizados es que mediante la iniciativa privada hemos conseguido que cada individuo confronte los mismos costes que confronta la sociedad, exactamente lo mismo que hacen los algoritmos existentes para la provisión óptima de bienes públicos y exactamente lo mismo que se conseguía en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda con su forma peculiar (descrita por Coase y ya mencionada) de construir, explotar y mantener los faros por parte de la iniciativa privada.

13 . Lo que sigue está basado en algunos artículos publicados en Expansión y que se recogen en Economía en porciones (Urrutia 2003a y 2003b), sobre los que montaré al final mi argumento sobre el tamaño del Estado. En lo que se refiere a la defensa de la política de la competencia en sí, en esos artículos me interesaba destacar cómo esta política debe repensar las cosas cuando se trata de sectores productores de bienes digitales, dadas las características de estos bienes. Posteriormente el trabajo de C. Ahlborn, D. S. Evans y A. Jorge Padilla que se cita en las referencias ha tratado el asunto con mucho más cuidado y mayor cercanía a las prácticas institucionales propias de la Unión Europea. Remito a ese trabajo si el lector está interesado en las diferencias entre los bienes digitales y los no digitales o entre las industrias que los producen en relación con los costes, efecto-red, durabilidad, carreras competitivas, enormes beneficios posibles y competencia dinámica. El texto hace uso de estas características directa o indirectamente, pero no las relaciona, como sí hace el trabajo de los autores citados, con los conceptos clave de la política europea de defensa de la competencia. En cualquier caso, la conclusión genérica es la misma: en la Nueva Economía hay que mirar con mucho cuidado cada caso, ya que es posible que la aplicación de ideas convencionales inhiba la innovación.

14 . Antes de cerrar este capítulo creo que merece la pena mencionar dos piezas teóricas muy dispersas que, de todos modos, son ambas relevantes para profundizar más sobre el tamaño del Estado. X. Vives en su trabajo sobre «Supervisión bancaria en la Unión Monetaria», publicado en un libro recopilatorio editado por F. BBV, aboga por una regulación centralizada con argumentos que son puestos en duda por Urrutia (1999) en el comentario a dicho artículo. Por otro lado, Urrutia (2004c), en un trabajo con finalidades muy distintas a las de este capítulo, compara, siguiendo un trabajo de Sah y Stiglitz, dos formas distintas de toma de decisiones que pueden entenderse como centralizada y descentralizada, destacando las circunstancias en que la descentralizada puede tener ventajas.